Édgar E. Gutiérrez-Espeleta. 2 febrero
Tierra Blanca de Cartago. imagen con fines ilustrativos. Foto: Rafael Pacheco
Tierra Blanca de Cartago. imagen con fines ilustrativos. Foto: Rafael Pacheco

Mencionábamos en un uno de los blogs anteriores que el informe del IPCC de la Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas sobre Océanos y Tierras apuntaba que un 30 por ciento de las respuestas asertivas contra la aceleración del cambio climático podría provenir de soluciones basadas en la naturaleza.

Esta constatación contrasta con la realidad cuando, también se reporta, que solo el 3% del financiamiento a la acción climática está dedicada a las soluciones basadas en la naturaleza.

Es obvio de que hay que hacer una corrección en el camino sobre todo en el Fondo Verde del Clima y en el Fondo Global para el Ambiente. Sin embargo, nuestro país tiene la capacidad y los recursos para ponerle más atención a la rehabilitación de áreas degradadas y al apoyo de los agricultores dentro de esta línea de soluciones basadas en la naturaleza.

En la Administración pasada firmamos el ministro de Agricultura y yo, con la aprobación del Consejo Presidencial Ambiental, una agenda agroambiental con la que se pretendía, precisamente, formalizar el trabajo interinstitucional dentro del concepto sugerido por el reporte del IPCC.

Por ejemplo, se ha constatado, a partir de las cuentas ambientales calculadas por el Banco Central, que para los tres años estudiados la industria forestal representó menos del 0,2% del PIB pero si se le agregaba las actividades que hacen uso de los productos del bosque, su contribución al PIB llegaba a más del 2%.

Este resultado muestra la gran capacidad de movilización de recursos de esta actividad sobre todo en las zonas rurales, lo que representaría una mejora sustancial del empleo y, por lo tanto, de la calidad de vida de estas zonas geográficas costarricenses por lo general deprimidas.

Obviamente, para que esto pueda escalarse y asistir así un cambio transformacional del entorno rural, debe acompañarse de una política de asistencia técnica en el campo. Y es aquí donde entra a jugar un papel muy importante tanto de la Universidad Técnica Nacional como del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

El país requiere formar, de forma acelerada, técnicos agroambientales que asesoren a nuestros agricultores, sobre todo aquellos pequeños, en cómo mejorar el uso de sus suelos y de sus tierras para elevar su productividad, de tal forma de que estas comunidades de agricultores se vean beneficiados y así puedan aumentar también su bienestar de vida y por lo tanto, la del país en general.

Se requiere utilizar la experiencia ya acumulada desde el año 1998 por la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras (CADETI) la cual es una entidad que ha integrado, efectivamente, la agenda agroambiental desde su inicio pero que no ha tenido el eco necesario dentro del Ministerio de Agricultura ni del Ministerio de Ambiente para poder escalar sus resultados a otras zonas más allá de la Cuenca del río Jesús María y de la Cuenca del río Barranca.

De su experiencia hay que aprender y aprovechar el conocimiento acumulado sobre todo en la participación de los mismos agricultores para que solucionen sus propios problemas. Para que efectivamente esta agenda agroambiental empiece a tomar forma no basta con establecer, por ejemplo, un programa de asistencia financiera a los agricultores si esta no va acompañada del asesoramiento técnico necesario para que efectivamente las inversiones puedan redituar de forma positiva.

Hemos visto como el agro costarricense ha venido a menos y las tierras, en algunos sectores del país, se han transformado en monocultivos a costas de la diversidad agrícola necesaria, precisamente por la falta de conocimiento y por la falta de garantías a los agricultores para que sus faenas efectivamente se vean compensadas con buenos ingresos.

Para que esta agenda realmente pueda cristalizar se debe pensar en cómo integrarla institucionalmente, desde el mismo Ministerio de Agricultura y Ministerio de Ambiente y Energía, para que se establezca a nivel nacional una iniciativa, no solo con mandato legal sino también político y con presupuesto, que se preocupe de la sostenibilidad del uso productivo de los recursos naturales (tierra, suelo, agua y biodiversidad) con que cuenta nuestro país.

Agenda crucial

Más allá del recurso más valioso cual es el recurso humano, el país hoy día cuenta con el conocimiento y los recursos económicos para ser más ambicioso en crear una iniciativa, con visión de mediano y largo plazo, que se comprometa a llevar adelante esta agenda.

Algunos se preguntarán de por qué no lo hice cuando fui ministro, pero, como es sabido, de la noche a la mañana en nuestro país es realmente difícil lograr cometidos como el que he planteado aquí.

Se trató empezando por la agenda agroambiental que mencionaba y que fue aprobada por el más alto nivel político, el Consejo Ambiental Presidencial, pero las reestructuraciones institucionales y las motivaciones del personal requieren mucho tiempo y requieren el apoyo, no solamente político sino también presupuestario para que esto pueda lograrse.

En las condiciones de crisis fiscal cualquiera diría que es el momento ideal para poder optimizar el uso de los recursos del Gobierno; sin embargo, para lograr esos cometidos en nuestro ambiente político se topa con la politiquería, el discurso superfluo y las presiones de grupos y grupúsculos de interés para que el Gobierno de turno no logré esta agenda.

Por ello, es necesario crear esta visión de mediano y largo plazo para lograr el compromiso del mayor número de sectores y grupos, pero, sobre todo, el apoyo del mayor número de agricultores y organizaciones de estos para empezar a caminar, aunque sea a pasito lento, y lograr así lo que la historia nos está demandando.