Existen pequeños pasos que llegan lejos. A veces no se requieren mayores esfuerzos para lograr grandes satisfacciones. Claro, si no estamos en Costa Rica. Nosotros somos el país con la mejor práctica para construir consensos, pero muchas veces se quedan ahí, durmiendo el sueño de las ideas justas que no encontraron padrino. Parecería contradictorio comenzar con una nota de amargo sarcasmo, cuando, en realidad, se trata de una buena noticia: la aprobación, en segundo debate, en la Asamblea Legislativa, de la adhesión de Costa Rica a la “Convención de La Haya Aboliendo el Requisito de Legalización de Documentos Públicos del Extranjero”, conocida como “Convención de la Apostilla”. Esta convención es una forma de facilitar los trámites para el reconocimiento expedito de documentos extranjeros, eliminando una parte sustancial de la cadena de autenticación consular. Estamos, en realidad, de pláceme.
Somos el cuarto país del Istmo centroamericano en suscribir la Apostilla, el quinto entre los socios del TLC. No pudimos ser líderes en este tema, no por falta de visión, sino de espacios políticos. Desde hace años, habíamos articulado una cadena constructiva de consensos para la adopción de la Apostilla. Desde el Instituto de Notarios y el Colegio de Abogados, pasando por Cancillería y otros protagonistas, su camino había tenido muchas victorias silenciosas, hasta terminar empantanado, esperando largo turno en la corriente legislativa.
Eso ya pasó. El problema es que, después de su aprobación legislativa, tenemos seis meses para ponerla en vigencia. Ese tiempo está cargado de trabajo, imaginación y creatividad porque la eficiencia de este instrumento depende enteramente de los procesos internos de su implementación. Estamos hablando de simplificar trámites en Costa Rica, país especializado en enmarañarlos. Si en algo nos parecemos al cangrejo es la forma en que caminamos hacia atrás en la clasificación que hace el Doing Business . Ahí, un año retrocedemos y el otro también: del puesto 105 en 2007, al 125 en 2011.
Debemos aclarar que la Apostilla elimina únicamente el trámite de legalización consular. Los trámites internos de cada país los dicta la propia legislación. Para disminuir realmente la “cadena de autenticación”, debe realizarse un paso adicional, más allá de la cobertura de la Convención, y consiste en simplificar la legislación interna. Esto implica que, después de adoptar la Convención, hay que realizar un análisis interno de la normativa doméstica para que los documentos puedan ir de la forma más expedita a la Cancillería.
Voluntad y liderazgo. La forma de hacer operativa la Apostilla es simple, pero para que esta operatividad tenga verdadero impacto se requiere de voluntad y liderazgo en la adecuación de la legislación interna. Eso es una tarea “artesanal” propia de cada Estado. En sí misma, la Convención permite eliminar dos pasos del proceso fuera de los Estados, y se relacionan con autenticaciones: una del consulado y otra de Cancillería. Pero, para que la “cadena de autenticación” interna sea realmente ágil, se necesita una legislación doméstica que responda a una voluntad política de simplificación.
El Salvador usa la Apostilla desde 1996 y nos supera en 39 posiciones del Doing Business . Cuando implementó esta Convención, tomó decisiones adicionales que simplificaron sus trámites internos y ahora está en capacidad de emitir la Apostilla en una hora, con un ahorro al usuario de $120 por documento, sin mencionar el tiempo incalculable que se economiza en trámites burocráticos. “Time también es Money”.
La Apostilla es un instrumento muy útil, pero su eficiencia depende enteramente de transformaciones internas y cambios de cultura institucional. Si se compara el uso de la Apostilla entre diferentes países, existen extremos de eficiencia o de irrelevancia, dependiendo de la voluntad nacional que existió, en su implementación, para simplificar los trámites internos requeridos. En la época de las TIC, existe, además, el reto adicional de implementar también la e-Apostilla , para brindar este servicio por Internet. Por otra parte, para que el uso de la Apostilla se generalice, se necesitará crear una cultura sobre todo institucional, que siempre, piedra en el zapato, enfrenta el sempiterno eso-no-se-puede burocrático. En su implementación, el protagonismo pasa, bajo el liderazgo de la Cancillería, a ministerios e instituciones vinculadas a los trámites de documentos extranjeros. Crucemos los dedos de las manos y los pies para que Costa Rica se convierta en el país que adopta las mejores prácticas del casi centenar de países suscritos a la Apostilla. La aprobación de la Apostilla es una victoria silenciosa. No hace ruido, pero es música para los oídos. Pero la orquesta no ha llegado y la partitura aún puede perderse en el camino.