EscucharEn días pasados, el Gobierno y don Ottón Solís llegaron a un acuerdo que hace inminente la aprobación de una reforma tributaria. Aunque en general desconfío de ambos partidos involucrados en este acuerdo, reconozco un paso positivo en que sus líderes puedan dialogar constructivamente –otrora no podían– y en buena parte de lo que el proyecto contiene. La situación fiscal del país es complicada, y en ausencia de medidas tributarias sería insostenible.
Luego de un cuarto de siglo de superávits primarios, e incluso de alcanzar el superávit financiero a mediados de la década anterior, el país logró con mucha dificultad quitarse de encima la deuda que le explotó en las manos en 1980. La crisis internacional, y las decisiones de gasto de años recientes, revirtieron esa tendencia positiva y traen el peligro de volvernos a meter en la deuda de la que tanto nos costó salir, y obligan a medidas de este tipo.
Uno quisiera ver un esfuerzo mayor en hacer el gasto público –en el Gobierno, en la Caja y en el resto del Estado– más eficiente y con mejores controles de mediano plazo, en adición a este aumento en el ingreso. Pero que esto último es necesario es indudable.
Ventajas del proyecto
El proyecto logra el grueso de sus recursos mediante cambios en el impuesto de ventas. Pese al carácter regresivo de este gravamen en general, se introducen algunos elementos (sobre todo en la manera de tasar los servicios públicos) que permiten esperar cierta progresividad. Se logra además reducir el número de productos y servicios exonerados, lo que permite cobrar más por la vía directa, y sobre todo plantear condiciones que harían más difícil esconder la información sobre ingresos y evadir tanto el impuesto de ventas como el de renta.
La solución del 2% para salud y educación permite, salomónicamente, evitar que la exoneración total de esos sectores deje un portillo abierto para la evasión de otros tributos, a la vez que la baja tasa evita una distorsión mayor en contra de dos actividades tan importantes social y económicamente.
Hace unos meses, ante el proyecto original del Gobierno, escribí en esta misma página que lamentaba que no se aprovechara la reforma para introducir dos elementos en el impuesto a la renta personal: un cobro global en vez de cedular, y una aplicación mundial en vez de territorial. El nuevo proyecto al menos da un paso en esas dos direcciones –aunque en los detalles de su implementación se quede corto– lo que no solo recaudará más recursos, sino que logrará más justicia y progresividad.
Medidas populistas
Qué lástima que dos componentes dañinos y populistas pudieron entrar en la nueva propuesta: la exoneración total de un número importante de productos, y la reducción de la edad de retiro. Para lo primero, hubiera sido mejor la citada solución del 2%, únicamente aplicada a un número reducido de bienes y servicios prominentes en la canasta de consumo de los más pobres; para lo segundo, en el actual entorno y con la situación de la Caja, no hay justificación. Hubiera sido mejor no contar con el apoyo de los cuatro diputados que condicionaron su voto con estos cambios.
Pero el principal defecto de esta ley, uno tan importante que me hace creer que el proyecto es dañino como un todo pese a sus otras virtudes, es la introducción de gravámenes a las zonas francas. Ojalá que los señores diputados logren quitar del proyecto fiscal este adefesio antes de aprobarlo.
El momento para cambiar las reglas y crearle nuevos gravámenes a las zonas francas no puede ser peor. La crisis internacional hace más difícil conseguir inversión extranjera para cualquier país, y ha hecho que algunos de nuestros competidores hagan más atractivos sus regímenes, a la vez que nosotros nos movemos en la otra dirección. Además, hace menos de dos años la Asamblea Legislativa aprobó unánimemente una reforma a la ley de zona franca, que incluía un incremento en los gravámenes, y estarla cambiando tan poco tiempo después de su aproba- ción manda una señal negativa y crea incertidumbre.
Costa Rica ha sido muy exitosa en la atracción de este tipo de inversiones extranjeras en los últimos años, y a ello le hemos sacado mucho provecho como país. En tiempos en que tantas otras cosas nos preocupan, esta es una de las que caminan bien. Hacer al país menos competitivo, justo en esta coyuntura internacional, introduciendo incertidumbres y dando malas señales, irresponsablemente pone en peligro un proceso que ha creado muchos empleos, cambios estructurales e ingresos de divisas al país.
El hecho de que el flujo de inversiones hasta ahora ha sido satisfactorio no significa que atraerlas sea fácil, que no tengamos competencia, o que podamos confiarnos y descuidarnos.
Daño a la inversión
Dada la gran sensibilidad de la inversión a las condiciones tributarias, el daño no será pequeño. Quienes hemos dedicado esfuerzos a tratar de traer más y mejores empleos al país por esta vía lo sabemos. Además, existen estudios que han señalado que las empresas de zona franca, aunque estén exentas de impuestos directamente, provocan incrementos en los ingresos y la actividad económica cuya contribución indirecta al erario público supera el valor de la exoneración. En otras palabras, si esta innecesaria adición al proyecto fiscal se mantiene, es posible que el Gobierno termine recaudando menos, no más.
El Gobierno debiera mostrar más compromiso con un tema que, en algunos momentos, ha afirmado como prioritario: la competitividad para recibir inversión y crear exportaciones y empleo. Don Ottón debiera aceptar el acuerdo que sus diputados alcanzaron en la negociación de la última reforma al régimen, en vez de desoír a su propio partido e insistir testarudamente en reversar lo que logró y votó su fracción en diciembre de 2009. Ya en esa ocasión –y con más diputados que ahora– el PAC influyó significativamente en la redacción del proyecto. Muchos podríamos apoyar la reforma tributaria si este elemento extraño, innecesario y dañino fuera removido de ella.
