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El cantón Central de Puntarenas se alista para correr con el fin de que el atraso no lo alcance.
Y no es para menos. Este año volvió a caer en el Índice de Gestión de las Municipalidades realizado por la Contraloría General de la República, donde ocupó el puesto 54. El año pasado fue el 52.
Empero, el Índice de Desarrollo Humano aporta un resultado favorable aún, pues se cuenta entre los cantones con alto desarrollo. No obstante, la calificación de la Contraloría lo pone al borde de caer al punto de mediano desarrollo.
Esto contrasta con los resultados del cantón de Garabito, tan cerca del cantón Central de Puntarenas, pero que según el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presenta el mayor desarrollo en el último año, además de ocupar el tercer lugar del ranquin de municipalidades de la Contraloría.
Estas condiciones reflejan el poco desarrollo del cantón Central puntarenense, que chapotea en busca del desarrollo.
Para avanzar, tanto los candidatos a alcalde como el actual jerarca, coinciden en aprovechar las oportunidades que tienen a mano.
Una de ellas es la carretera que comunica a San José con Caldera, y por ende, con Puntarenas. Sin embargo, se quejan de que las condiciones de operación de esa vía los está afectando pues los visitantes no tienen certeza para viajar.
La otra alternativa es la reactivación de la zona franca y la atracción de inversión extranjera, y así garantizar el empleo a su población de 106.000 habitantes.
Campo. El cantón Central de Puntarenas presenta una densidad de 33 personas por kilómetro cuadrado, lo cual es mínimo en comparación con San José, donde hay 7.825 personas en cada mil metros de tierra.
Esto habla de la necesidad de un ordenamiento de la ciudad, de manera que acerquen las fuentes de trabajo a los ciudadanos.
Tanto los personeros del Gobierno como los empresarios turísticos concuerdan en que la entrada en vigor de la Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico (la número 8461) promueve el desarrollo del cantón Central en particular, y de la provincia.
Sin embargo, los retos están en la administración de los recursos que genera la aplicación de esta ley, por encima de los $1,2 millones anuales. Tales retos y oportunidades están esperando al próximo alcalde.
