La palabra ‘austeridad’ está de moda. Ante los graves problemas fiscales de tantos países, urge la adopción de medidas que logren reducir el déficit para estabilizar los niveles de endeudamiento. La recomendación que más se repite es la de aplicar medidas de austeridad. Sin embargo, este tipo de medidas hace surgir las voces de oposición. En algunos casos por el mal uso del concepto de austeridad, mientras que en otros por ver los intereses propios y privilegios amenazados.
Cuando se habla de austeridad, lo primero en lo que se piensa es en recorte de gastos. De ahí que muchos se opongan a las políticas fiscales que llaman a la austeridad diciendo que eso implica, automáticamente, el recorte del gasto social y de la inversión en infraestructura. Este grupo se escuda en lo injusto que sería recortar la ayuda a los más pobres o lo inconveniente que seria para el desarrollo económico el dejar de invertir para, al final de cuentas, nos hacer nada.
Otros argumentan que los recortes de gasto frenarían el proceso de recuperación de las economías en problemas. Si el Gobierno gasta menos, la gente tendría menos dinero para gastar y, por lo tanto, las empresas venderían menos. Bajo ese concepto, es bueno que los Gobiernos sigan gastando, casi sin importar en qué, ni si el nivel de deuda se ha vuelto insostenible.
Pero ese tipo de argumentos utiliza un concepto errado de austeridad. Según la RAE, ser austero significa ser sobrio, sencillo, sin ninguna clase de alarde. Es decir, no gastar más allá de lo necesario. Y ahí es cuando uno puede pensar, fácilmente, en múltiples ejemplos en los que se gasta más de lo debido, o se gasta indebidamente, en el sector público de la mayoría de los países, para no decir todos. Cuando el dinero es de todos, termina siendo de nadie. Por eso es muy difícil que TODOS los que están en la función pública sean austeros. El famoso almuerzo en Cerruti es solo uno de muchos ejemplos de falta de austeridad.
De ahí que el llamado a aplicar medidas de austeridad debería interpretarse como la necesidad de entrar a analizar con lupa el funcionamiento de cada institución pública, para encontrar los casos en que existe desperdicio de recursos, y así ver la manera de reducirlos o eliminarlos. Esto significa que muchos de los que se están aprovechando del Gobierno para recibir beneficios tendrán que perderlos. Aquí hablo no solo de las granjerías de los funcionarios públicos, sino también de empresarios que se aprovechan de las regulaciones para obtener rentas exageradas. Todos estos grupos de interés son los que oponen más resistencia a las medidas de austeridad.
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