EscucharDon Welmer Ramos publicó el viernes, 4, en estas páginas, un análisis del artículo que escribí sobre el impuesto a las zonas francas que se conoce en la Asamblea Legislativa, como parte del acuerdo fiscal entre don Ottón Solís y la señora Presidenta. Me parece oportuno referirme a algunas de sus afirmaciones.
Creo que es claro que las distintas partes de esta discusión estamos de acuerdo en que la competitividad del país en la atracción de inversión extranjera directa (IED) depende de muchos factores, y no puede resumirse a solo una variable. Por eso quienes hemos participado activamente del esfuerzo de atraer IED a Costa Rica nos hemos involucrado por años en proyectos para mejorar la educación y la capacitación laboral, promover encadenamientos productivos entre empresas locales y las multinacionales en zona franca, fomentar las habilidades exportadoras de las pequeñas empresas, ampliar el acceso de las exportaciones desde Costa Rica a los mercados mundiales, llevar la competencia a la provisión de los servicios básicos, mejorar la infraestructura, reducir y simplificar trámites y procedimientos, y apoyar otros aspectos de la competitividad, la productividad y el clima de negocios de la economía nacional.
Estamos en intensa competencia por atraer inversión que crea buen empleo, con otros países fuertes en estos atributos. Cada aspecto que se mejora nos ayuda a hacer el país más próspero y cada cosa que se desmejora nos complica las cosas. Con las condiciones tan empatadas, no se deben sacrificar nuestras fortalezas a la ligera.
La diferencia con don Welmer es que él considera que las tasas de impuestos no son parte de los atributos competitivos relevantes del país, porque según se imagina, a las empresas les da igual que les cobren o no les cobren, ya que lo que paguen aquí se les rebajaría automáticamente del pago en su país de origen. Ojalá eso fuera así, pero tristemente en la mayoría de los casos no lo es. Si tuviéramos acuerdos de doble tributación con todo el mundo, o si los gravámenes aquí fueran siempre un crédito fiscal en otras localidades, podríamos poner impuestos sin pensarlo dos veces. Pero en algunos países el gravamen pagado fuera cuenta apenas como un costo deducible, no como un crédito fiscal. En otros casos, el problema es la estructura corporativa, y en otros, que algunas operaciones son centros de costos y otras son centros de utilidad. No todos los años tiene una empresa utilidad gravable contra la cual acreditar un tributo externo. En algunas situaciones, el impuesto reduce el valor financiero de la opción de diferimiento en el país base. Algunas naciones de donde podría venir la inversión tienen renta territorial. Son muchos los casos, en la práctica, donde la idea de don Welmer de que lo que se paga no afecta los resultados, simplemente no cuadra.
Don Welmer también afirma que, si mis argumentos fueran correctos, todas las empresas que crean empleo deberían estar exoneradas. De nuevo, nuestras opiniones difieren. A mí me parece que es un tema de elasticidades. En el caso de una empresa que opera en su país de origen, que vende en el mercado local, ya está plenamente establecida y/o aprovechando un recurso poco móvil específico al país, la incidencia de un impuesto puede estar más limitada, porque una empresa en esas circunstancias no va a dejar de invertir y operar totalmente por un cambio en gravámenes. Por eso no es tan devastador hacer cambios marginales a los impuestos en esos casos, incluyendo las inversiones inmobiliarias y las adquisiciones de empresas locales en marcha que representa contablemente el 70% de la IED. Pero para la inversión nueva en sectores estratégicos en zona franca, creando empleo de calidad buscado afanosamente en muchas latitudes, la operación es mucho más sensible a cambios tributarios ya que, antes de invertir, la empresa tiene alternativas muy atractivas, y, si su actividad es principalmente exportadora, no necesita estar en un lugar en particular. Sobre todo si son cambios grandes a los impuestos, decididos sin medición previa, de un solo golpe, a tasas superiores que la de la mayoría de los competidores.
Por eso, a mí me preocupa el texto que se discute en la Asamblea no solo por sus efectos sobre el crecimiento y sobre el empleo, sino también porque podría causar una reducción en la recaudación fiscal, si su impacto sobre la contribución indirecta de las empresas que cambien sus planes termina siendo mayor que lo que se logre cobrar directamente.
El acuerdo entre don Ottón y doña Laura nos ha llevado a hablar más de la estrategia de atracción de IED al país, lo cual es bienvenido. Se han sumado nuevas voces a la discusión, que sin duda tendrán mucho que aportar en años futuros.
Pero Costa Rica tiene gente que ya sabe de esto; expertos con publicaciones y años de trabajo internacional al respecto, profesionales con experiencia directa de cómo funcionan estas empresas por dentro, y Cinde, una institución dedicada a la promoción del desarrollo a través de la IED con una gran reputación global y colaboradores muy experimentados. Ojalá que los señores diputados no desaprovechen ese recurso en el momento de tomar sus decisiones.
