Hay que agradecer a los nuevos diputados haber iniciado un debate sobre salarios. Lo digo con sinceridad, sin ironía ni sarcasmo. Tuvieron la valentía o audacia de “poner el dedo en una llaga” que afecta toda la vida pública desde hace mucho tiempo, la cual nos urge curar, como requisito indispensable para la armonía y el desarrollo de nuestra nación. Su error –que entiendo como una debilidad humana, ciertamente objetable, pero corriente– fue haber planteado solo su propio interés en la materia, sin tomar en cuenta su importancia para la ciudadanía entera.
He aprovechado la oportunidad para iniciar un análisis sereno y amplio del asunto, con el objetivo de emprender una solución integral. Es decir, no me limito a salarios de los diputados exclusivamente, ni siquiera principalmente, sino que enfoco la remuneración de servidores públicos en general.
Para ello, hago dos aclaraciones: desde hace más de diez años, planteé un enfoque básico o introductorio de la materia que todavía es válido; y ese tratamiento comenzó con –o partió de– el caso de la remuneración de jefes, un sector estratégico de funcionarios. De ellos irradian muchos componentes del problema, y controlan los principales instrumentos administrativos que permiten resolverlos. Veamos:
• La estructura de remuneración de jefes de organizaciones públicas es causa de que en éstas se gaste más y más, sin valorar la eficacia ni medir la eficiencia del uso de recursos. Mientras más elevado sea su rango y mayores sean los presupuestos que manejan, más alta es la remuneración que reciben. Por eso presionan permanentemente para aumentar el número de subalternos bajo su mando directo o indirecto; además, de hecho son premiados por laxitud en supervisión y complacencia ante peticiones de recursos de toda índole. Y eso conduce a constantes aumentos de presupuesto innecesarios.
• De manera que convendría cambiar la estructura de remuneración de jefes,para estimular el ahorro de recursos en la siguiente forma: dividirla en dos partes, una fija y otra proporcional a las disminuciones que logren efectuar, periódicamente, en los presupuestos que manejan. Obviamente, ese mecanismo estimularía a los jefes a buscar maneras de reducir los gastos y aumentar la eficiencia de sus unidades en todas formas.
• Pero, ¡mucho cuidado! No se trata de promover recortes presupuestarios arbitrarios, a trochemoche. Se tendría que tomar medidas simultáneas para mantener el nivel de servicios a los ciudadanos; además, los ahorros presupuestarios no serían tomados en su totalidad por los jefes, sino que se repartirían entre ellos, sus subalternos que contribuyan más a lograrlos y otra parte iría a la caja única del Gobierno, para inversiones o reducción del déficit.
• Todo lo anterior sería planificado sistemáticamente con participación activa de los mismos jefes, a la vez que sería ejecutado cuidadosamente por ellos, ya que el mecanismo les daría estímulos para tales efectos. Además, es fácil establecer controles para evitar abusos y dar seguimiento necesario para que el proceso se desenvuelva apropiadamente, como expliqué en el libro CIUDADANOS AL ENCUENTRO: Temas de Organización y Gestión Pública ( pp. 105-110 y apéndice llamado “Cómo servir más gastando menos”, pp. 141-148).
A los diputados y diputadas que plantearon el aumento salarial para sí, se les debe reconocimiento por haberlo retirado ante la protesta de los ciudadanos. Así funciona la democracia. Y esperamos que estarán dispuestos a dar su aporte a una solución integral, que podría empezar con el caso, los criterios y principios descritos arriba. El tratamiento de salarios de diputados requeriría otras consideraciones, que podrían ver oportunamente, con la fuerza de legitimidad derivada de haber dado prioridad a la materia en el ámbito nacional.
Escuchar