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Dos contratistas que recibieron millonarias sumas de dinero por la construcción de la trocha 1856 y viajaron a Florida con los exjefes del Conavi a cargo de la obra, ahora tienen el mismo abogado.
Se trata del penalista José Miguel Villalobos, quien ayer acompañó a los empresarios Geovanni Baralis y David Castillo.
El abogado, a su vez, representa a los exjefes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) Manuel Serrano y Miguel Francisco Ramírez.
Los cuatro son investigados tanto por el Ministerio Público como por el Congreso por supuestas irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza, en la que el Gobierno invirtió ¢21.500 millones entre el 2010 y el 2011.
Baralis, quien facturó ¢1.350 millones al Gobierno, defendió –con la asesoría de Villalobos– los trabajos que le contrató el Conavi.
Por su parte, Castillo, presidente del Coloso Santa Cruz CSC, que facturó ¢1.150 millones, defendió la gestión de su firma como proveedora de los 30 contenedores que se usaron como puentes en la obra, con un costo de $4.000 cada uno.
Ambos empresarios se negaron a dar declaraciones a la salida de la comisión, y por ellos habló su abogado, Villalobos.
El penalista afirmó que la defensa de los exfuncionarios y de los empresarios la lleva porque todos “están exactamente del mismo lado”.
“Lo que se ha dicho es que un grupo de personas del sector público se pusieron de acuerdo con un grupo de personas del sector privado. Entonces, no existe ningún conflicto de intereses entre los empresarios y los funcionarios públicos y algunos han acudido a que yo los defienda”, agregó el penalista.
Un viaje de descanso. Además de compartir el abogado ahora, los empresarios también hicieron con los exfuncionarios del Conavi un viaje recreativo a Florida, EE. UU.
El 4 de mayo del 2011, tomaron en el vuelo NK338 de la aerolínea Spirit Airlines, con destino a Fort Lauderdale, Florida, y regresaron, juntos, el 8 de mayo, en el vuelo NK755 de la misma compañía.
“Habíamos terminado una primera etapa; yo quería ver una maquinaria, pero no hablo absolutamente nada inglés ni conozco Tampa. Y, diay, para recrearse un rato”, expresó Baralis.
El Conavi contrató las empresas de Baralis y Castillo como parte de los trabajos para la construcción de la vía 1856, bajo un decreto de emergencia que emitió el Poder Ejecutivo como medida para asegurar la soberanía del país ante roces con Nicaragua.
Desde mayo, las supuestas irregularidades en la contratación de la obra tienen a diputados y la Fiscalía investigando el caso.
