En el 2002, amplios sectores celebraron la muerte del bipartidismo. Es difícil recordarlo con nostalgia, porque el dominio del panorama político por dos agrupaciones políticas con pocas diferencias programáticas y demasiada inclinación hacia los acuerdos bajo la mesa no satisfacía las expectativas democráticas. La creciente desconfianza de los ciudadanos desembocó en una paulatina atomización de las fuerzas políticas.
Los dos grandes partidos de la época hicieron mucho para provocar ese desenlace. La distinción entre ambos se desdibujó con el tiempo, y los sonoros escándalos de corrupción los debilitaron hasta causarle a uno de ellos, en la práctica, la extinción. Si la nostalgia del bipartidismo es difícil en virtud del comportamiento exhibido por las agrupaciones protagónicas del momento, su muerte no da para celebrar, por lo menos desde la perspectiva de las condiciones vigentes en la actualidad.
Tras la elección en segunda ronda de Abel Pacheco, con Acción Ciudadana en pleno surgimiento, los críticos del bipartidismo auguraron un futuro más inclusivo y democrático, donde las fuerzas políticas en el Congreso se verían obligadas a negociar acuerdos claros y equilibrados.
Fuerzas de centro y derecha pactarían para desarrollar determinados programas, y lo mismo sucedería con la izquierda moderada cuando se tratase de iniciativas de su interés. Mayorías ad hoc, cuidadosamente negociadas por el Gobierno de turno o surgidas espontáneamente en el seno del Congreso, asegurarían al país el impulso para seguir avanzando.
Los más optimistas vieron en las circunstancias la semilla de un sistema parlamentario a la europea, muy ajeno a nuestras tradiciones políticas e igual de propenso al estancamiento si las condiciones lo propician. Nada de eso sucedió y no es para sorprenderse. El problema no está en la distribución de los escaños legislativos, sino en los partidos propiamente dichos. La adopción de posiciones irreductibles e impredecibles, propias de agrupaciones incapaces de dotarse de un perfil bien delineado en lo ideológico y programático, dificulta la fragua y ejecución de acuerdos.
La función de la oposición se confunde con el ánimo de estorbar en busca de ganancias inmediatas. Esa es la gran estrategia y no la negociación encaminada a adelantar propuestas concretas, surgidas de las plataformas políticas de los diversos bandos. Importa el fracaso del Gobierno, no el avance de la agenda propia. El problema se magnifica en el Congreso actual, pues en la fracción oficialista hay un importante grupo de legisladores con marcada agenda extraoficial.
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