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Un presunto error médico y una investigación por negligencia parental marcaron un caso inusual en Estados Unidos: un niño de 18 meses fue declarado muerto en un hospital y, horas después, confirmaron en la morgue que seguía vivo.
El incidente ocurrió en febrero, pero fue difundido por los medios locales en los últimos días y replicado por BBC y NBC.
Todo ocurrió durante una reunión por el Super Bowl en Gilbert, Arizona, Estados Unidos, el 8 de febrero. Vincent Lorenzo Fiordilino fue encontrado boca abajo en la piscina de la casa y llevado al Mercy Gilbert Medical Center.
Paramédicos realizaron maniobras de reanimación en el lugar y los equipos del hospital continuaron los esfuerzos para estabilizarlo. Aproximadamente una hora después del ingreso, un médico certificó su fallecimiento y su cuerpo fue trasladado a la morgue del centro médico.
Casi cinco horas después, cuando personal de la Oficina del Médico Forense del condado de Maricopa fue a retirar el cuerpo, descubrió que el niño respiraba.
Vincent fue trasladado en helicóptero al Phoenix Children’s Hospital, donde recibió atención intensiva y su estado se estabilizó.
La familia recientemente indicó que el menor no presenta daño cerebral, aunque permanece bajo observación médica y requerirá terapias.
El Mercy Gilbert Medical Center informó que realizó una revisión interna para aclarar cómo se produjo la errónea declaración de muerte, pero no divulgó todavía los resultados de esa auditoría.
Mientras tanto, la Policía de Gilbert investiga las circunstancias que mediaron en el acceso del niño a la piscina. Según el informe policial, ambos padres reconocieron haber consumido drogas durante la reunión previa al accidente.
Los investigadores señalaron que el menor salió sin supervisión hacia el patio mientras “varias puertas de la vivienda permanecían abiertas”, condiciones que habrían facilitado la caída al agua.
Con esos antecedentes, la Policía recomendó a la Fiscalía del condado de Maricopa presentar cargos relacionados con negligencia o abuso infantil contra los progenitores. La decisión final corresponde a los fiscales y aún no se tomó.
El caso plantea interrogantes sobre los protocolos para declarar la muerte, la comunicación entre el personal médico y los primeros en responder, además de los controles que deben aplicarse antes de certificar un fallecimiento. Las investigaciones administrativas y judiciales continúan abiertas.
