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La necesidad de proteger las expresiones culturales de las regiones del país, convirtieron los derechos culturales en el tema de discusión en los textos preliminares de la Ley General de Derechos Culturales (LGDC) y la Política Nacional de Derechos Culturales (PNDC) .
Ambos textos entraron en su etapa de validación, tras tres años de discusión y consultas con diversos grupos. En la etapa final, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) realizará 20 talleres que reunirán a distintos grupos, expertos internacionales, alcaldes y candidatos a la Presidencia.
El coordinador de la comisión para la construcción de la LGDC y la PNDC, Giancarlo Protti, explicó que Costa Rica “se ha quedado rezagada en política de cultura” y que, por tanto, es necesaria una revisión de la institucionalidad.
“Todas las demandas y solicitudes que hacen los diferentes grupos tienen que ver con sus derechos: al estímulo a la creatividad, a que los niños tengan acceso al estudio de las artes y cultura; a contar con mecanismos para el desarrollo del emprendedurismo cultural...”, enumera Protti. “Un tema cardinal es el derecho al acceso, a la participación y a la contribución a la cultura”, destaca el coordinador.
¿Por qué se tomó este enfoque?
“En Costa Rica no hay un claro reconocimiento ni respeto por la diversidad cultural. Hay grupos que realmente padecen la discriminación cultural. No solo nos referimos a grupos étnicos, sino a grupos y manifestaciones específicas, manifestaciones emergentes de la juventud y urbanas, por ejemplo”
La institucionalidad de cultura en Costa Rica ya cumplió 40 años. El MCJ fue de los primeros ministerios de cultura en América latina, pero nació en el modelo de Estado benefactor. Ese modelo ya no es posible; sin embargo, eso no significa que el estado deba abandonar su compromiso con el desarrollo social. La manera en que está estructurado el ministerio es centralizada. La mayor parte del presupuesto del MCJ se ejecuta en el casco central de San José.
¿En qué consiste la libertad de expresión cultural?
Los ciudadanos que viven en las provincias, zonas rurales y barrios periféricos de las ciudades no gozan de las mismas oportunidades de expresar libremente su diversidad cultural. Cultura hay en todas las regiones del país; estamos hablando de un concepto amplio de cultura que incluye celebraciones, tradiciones, objetos. No todas las personas tienen derecho actualmente a expresarla porque el mecanismo no lo permite. El MCJ tiene promotores regionales: una persona por región, sin recursos económicos, materiales , tecnológicos ni infraestructura adecuada. Hay otros programas del MCJ que atienden las regiones, pero esto no responde a una política pública organizada.
¿Existe presupuesto para ese tipo de acciones?
Vienen varias propuestas: una es el 1% como mínimo para cultura dentro del presupuesto nacional. Es una propuesta universal, pues la viene promoviendo la Unesco desde hace varias décadas. Varios países han venido demostrando que la cultura, en vez de ser un área que requiere subvención y apoyo como si fuera un área disminuida, es una fuente de desarrollo. Con menos de 1% hablar de regionalización y de mecanismos que defiendan la expresión cultural sería iluso.
¿Cómo se entiende el derecho a la comunicación y a la información?
Al no existir en las regiones y comunidades mecanismos de acceso para la libre expresión de la cultura, podemos decir que en Costa Rica no hay derecho a la comunicación. La gente en las comunidades se queja de no tener espacios para comunicar libremente sus ideas, sus rasgos, sus expresiones culturales, cuando se refieren a los medios de comunicación. No hay posibilidad de que ciertos grupos hagan sentir su voz a través de los medios.
En otros países se ha hablado de cuotas de transmisión, televisión..
Esta es una ley general, por lo que debe propiciar las bases jurídicas para que sobre eso se consoliden otros proyectos. La ley legitima la política. La política genera lineamientos prácticos para la implementación. La política, siendo un proyecto aprobado por 10 años, tiene periodo de evaluación y acepta medidas correctivas. En el texto preliminar no se habla, entonces, de cuotas ni de restricciones. Debería ser tema de una legislación específica. La ley habla de derechos generales, cuya discusión se podría entrabar si se mencionaran cuotas de pantalla, de televisión o de difusión radial.
Si en esta administración no se aprueba, ¿qué garantía hay de que el proceso se discuta?
Vamos a propiciar todo el diálogo posible para lograr que la política quede aprobada y que la ley también. No desestimamos que la ley y la política queden aprobadas en esta administración. Sabemos que no es sencillo, que requiere visitas personalizadas a los diputados y amplia discusión.
La consulta incluye procesos paralelos de consulta con pueblos indígenas y afrodescendientes.
