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Hace doscientos años, el 1.º de enero de 1813, iniciaron su labor en Costa Rica varios nuevos ayuntamientos, y los ya existentes se vieron fortalecidos y democratizados. De acuerdo con una lista elaborada por el gobernador Juan de Dios Ayala poco tiempo después, el 28 de abril de 1813, en Costa Rica existían quince ayuntamientos acerca de los que caben breves comentarios.
Los ayuntamientos de San José y Alajuela iniciaron sus actividades el citado 1.º de enero. Los de Heredia, Escazú y Bagaces muy probablemente también se hicieron presentes por primera vez en la vida de sus pueblos en esa fecha.
No hemos podido localizar –o no se conservan– en nuestro excelente Archivo Nacional las actas de ese día de Heredia, Escazú y Bagaces, pero la probabilidad de que hayan comenzado el 1.º de enero surge de la disposición constitucional que ordenaba a los miembros de los ayuntamientos electos en diciembre del año anterior tomar posesión de sus cargos el primer día de enero. Además, a mediados de enero de 1813, las nuevas instituciones ya estaban en pleno funcionamiento en Escazú y Heredia.
El cabildo de Cartago era el único de carácter no indígena que se conservaba de la época colonial. Sin embargo, para esta vetusta institución se inició también, el 1.º de enero de 1813, un nuevo período, remozado con los vientos de los tiempos modernos.
Igualmente, para los alicaídos cabildos de los pueblos de indios de Tres Ríos, Curridabat, Aserrí, Pacaca, Barva, Térraba, Boruca, Orosi y Atirro comenzó probablemente ese primero de enero una nueva etapa de democratización y fortalecimiento. Desafortunadamente, sus actas y muchas otras no se conservan, tal vez por las precarias condiciones en las que se desenvolvían los marginados pueblos de indios.
Esa revolución de los gobiernos locales se originó el 19 de marzo de 1812 con la promulgación de la denominada Constitución de Cádiz, la cual puso fin a la monarquía absoluta española, propia del “antiguo régimen”. Surgió entonces una monarquía constitucional en la que la soberanía reside en la nación, existe la división de poderes, los vasallos se convierten en ciudadanos, y se dan garantías individuales y sociales.
Empadronamiento. La Constitución de 1812 dio gran impulso a los gobiernos locales en España y sus dominios pues señaló en forma clara la obligación de poner ayuntamientos en los pueblos de un mínimo de mil almas. Además, se dio la posibilidad de crear ayuntamientos en las poblaciones más pequeñas. En Costa Rica, con la Ley Fundamental del año 1825, estas instituciones pasaron a denominarse “municipalidades”.
Como complemento de lo dispuesto por la Constitución, el 24 de mayo de 1812, las Cortes aprobaron un reglamento para establecer el nombramiento, la forma de la elección y el número de los individuos de los ayuntamientos.
Se definieron así varias categorías según el número de habitantes de los pueblos. Por ejemplo, en los pueblos de mil a menos de cuatro mil almas se nombraban dos alcaldes, ocho regidores y dos procuradores síndicos; en los pueblos con más habitantes aumentaba el número de regidores a doce.
La elección de los miembros del ayuntamiento prevista en la Constitución de Cádiz representó un hito en la evolución democrática pues se iniciaba con la reunión de todos los vecinos en el ejercicio de los derechos ciudadanos, con el propósito de nombrar electores.
Dos limitaciones importantes consistieron en excluir de la ciudadanía tanto a los africanos y sus descendientes como a las mujeres.
El número de electores dependía del tamaño de las poblaciones de acuerdo con el siguiente orden: nueve electores para poblaciones de menos de mil habitantes; 17 electores para pueblos de mil a menos de 5.000 habitantes y 25 electores para poblados de 5.000 ó más habitantes.
En Costa Rica, el proceso electoral de los ayuntamientos se inició hacia el 12 de octubre de 1812, cuando el gobernador Juan de Dios Ayala dio instrucciones a las autoridades de los diferentes pueblos para que, de inmediato, levantaran los padrones respectivos.
La labor de empadronamiento era importante para definir la composición del ayuntamiento de cada pueblo, y para determinar la población total de la provincia pues, de acuerdo con la Constitución de Cádiz, se nombraba un diputado a las Cortes por cada 70.000 habitantes. Cabía también la posibilidad de unir electoralmente a dos jurisdicciones, como ocurrió con el caso de Costa Rica y el partido de Nicoya.
En Costa Rica era indispensable hacer ese empadronamiento pues los datos de población del ya antiguo censo borbónico de 1777-1778 (20.478 habitantes) y los brindados por Domingo Juarros en 1809 (unas 30.000 personas) contrastaban con los altos cálculos del gobernador Ayala (70.000 personas) del 5 de octubre de 1812.
Aunque se conocen varias referencias del proceso que se estaba realizando, los únicos padrones que parecen conservarse son el de Ujarrás del 17 de noviembre y el de Boruca del 9 de diciembre. Por razones que desconocemos, Ujarrás no aparece en la ya citada lista de ayuntamientos elaborada por el gobernador Ayala.
La primera votación. Es interesante señalar que, el 2 de enero de 1813, se expresó en el ayuntamiento de Cartago que la población de Costa Rica, con el agregado de Nicoya, era de 41.000 almas. Probablemente ese dato surgió del empadronamiento de finales del año anterior.
De acuerdo con la legislación ya citada, los ciudadanos de cada pueblo debían reunirse en un día feriado del mes de diciembre para nombrar a los electores encargados de elegir los oficios del ayuntamiento.
En esa ocasión, tanto los electores como los miembros del ayuntamiento fueron escogidos después del domingo 6 de diciembre de 1812. Esto se debe a que el primer domingo de diciembre estaba reservado para que los ciudadanos de los pueblos nombraran a los compromisarios que a su vez elegirían a los electores de parroquia.
Ese era el primer paso en el proceso de nombramiento de los diputados de las Cortes y de la Diputación Provincial.
Tenemos entonces que, ese domingo 6 de diciembre, tuvo lugar la primera participación ciudadana general en la historia de Costa Rica, asunto trascendental que apenas citamos en el presente artículo.
Sobre la integración de los ayuntamientos, la información más completa que se conserva corresponde a Alajuela. El 16 de noviembre, el gobernador giró instrucciones para que se nombrasen 25 electores, quienes a su vez elegirían dos alcaldes ordinarios, ocho regidores y dos procuradores síndicos pues la población era de 4.000 a 5.000 almas. Aquí, Ayala parece haber adoptado la cifra de 5.000 habitantes para definir el número de 25 electores, y la de 4.000 para establecer la cantidad de miembros del ayuntamiento.
El criterio anterior parece haber sido aplicado en Cartago, San José y Heredia, ciudades en las que se nombró ocho regidores. En las dos primeras poblaciones participaron también 25 electores. Como ya se comentó, el proceso culminó el 1.º de enero de 1813 con la juramentación y la toma de posesión de los funcionarios recién electos.
Sin duda, este bicentenario es fundamental en el desarrollo de nuestro sistema democrático y del régimen municipal, y nunca es tarde para darle la importancia que se merece.
El autor es profesor emérito de la UCR y miembro de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica.
