La resolución ordena a ambas compañías aplicar de forma inmediata mecanismos internos que impidan el acceso desde España a direcciones IP señaladas por las demandantes. En esas IP se constató la emisión ilegal de contenido audiovisual protegido.
La medida tiene carácter dinámico. No admite recurso, según informó LaLiga.
VPN bajo el Reglamento Europeo de Servicios Digitales
Los autos judiciales reconocen que los prestadores de servicios VPN son intermediarios tecnológicos. Por esa condición, están dentro del ámbito del Reglamento Europeo de Servicios Digitales.
La resolución establece que estos intermediarios deben impedir al menos la comisión de infracciones bajo sus infraestructuras.
El juzgado identificó que los sistemas VPN funcionan como un medio eficaz y accesible para permitir el acceso a contenidos restringidos en determinadas zonas geográficas. Según los autos, estos servicios distorsionan la ubicación real del acceso en línea y facilitan la entrada a sitios web que emiten contenido protegido de forma ilegal.
Publicidad sobre evasión de restricciones
La resolución también señaló que las empresas demandadas reconocen y promocionan que sus sistemas permiten eludir restricciones.
Por esa razón, el juzgado dictó las medidas cautelares con el fin de evitar que estos prestadores contribuyan a que en España se esquiven bloqueos de acceso a páginas web ya ordenados por autoridades judiciales.
En ese punto, los autos hacen alusión a la sentencia dictada en diciembre de 2024 por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona.
Obligaciones para LaLiga y Telefónica
La resolución impone a LaLiga y a Telefónica Audiovisual Digital la obligación de conservar evidencia digital suficiente sobre la emisión ilícita de los contenidos protegidos que notifiquen a las demandadas.
Según la patronal de clubes, este aspecto respalda la fiabilidad de los procedimientos que LaLiga utilizó en virtud de la sentencia de diciembre de 2024, entre otras resoluciones.
Las medidas refuerzan la estrategia judicial de LaLiga en su lucha contra el fraude audiovisual vinculado a la retransmisión ilegal de partidos en España.
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