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SANTIAGO (AFP) La distribución de la 'píldora del día después' en centros públicos de salud estará prohibida en Chile, según resolvió la Justicia, en un fallo que alcanzaría a otros métodos anticonceptivos, lo que supondría un retroceso de cuatro décadas en el control estatal de la natalidad, de acuerdo al Gobierno.
El fallo del tribunal fue de cinco votos en favor y cuatro en contra y tiene un carácter de inapelable, según adelantaron medios locales.
El tribunal oficializaría el dictamen recién el 22 de abril, cuando quedará prohibida en Chile la distribución en centros públicos de salud del anticonceptivo de emergencia que había sido establecida por la presidenta Michelle Bachelet.
Según como sea argumentado el fallo, éste podría alcanzar a la distribución pública de otros métodos tradicionales de anticoncepción, como el dispositivo intrauterino conocido como 'T de cobre', que utilizan más de un millón de chilenas, y la provisión del denominado 'método de Yuspe', que combina varias píldoras anticonceptivas.
El tribunal se pronunció tras una presentación de diputados opositores, que argumentaron que el fármaco de emergencia viola el principio constitucional del derecho a la vida, ya que es abortiva.
La resolución gubernamental que es revocada con este fallo establecía el reparto gratuito del fármaco a toda mujer que lo solicite, incluidas las adolescentes mayores de 14 años, sin el consentimiento de sus padres.
Bachelet, médica pediatra de profesión, adoptó la medida en septiembre de 2006, poco después de haber asumido el poder, lo que le valió enfrentarse con la cúpula de la Iglesia Católica, que calificó a su gobierno como "totalitario".
Desde antes de la resolución y tras pasar varios recursos judiciales, la píldora se vende libremente en farmacias bajo receta médica y a un costo promedio de 10 dólares, lo que impide el acceso a las mujeres pobres.
De confirmarse el fallo, las políticas públicas de control de la natalidad sufrirían un retroceso de cuatro décadas, según el Gobierno y organizaciones feministas.
También se alertó sobre lo discriminatorio de la medida, porque no incluye a la salud privada, donde los métodos podrán seguir aplicándose, previéndose además un aumento en el número de abortos practicados y embarazo adolescente.
"Si se confirma el fallo es un error profundo desde el punto de vista científico, pero además un gran peligro desde el punto de vista sanitario", advirtió este jueves la ministra de Salud, Soledad Barría.
"Lo que se mantiene es una desigualdad tremenda, puesto que van a seguir vendiéndose en farmacias y no se podrán entregar o expender en el sistema público", agregó la ministra.
Centenares de mujeres protestaron este jueves contra la medida en las afueras del Tribunal Constitucional, en una manifestación de carácter pacífico organizada por agrupaciones feministas.
"Nos manifestamos en contra de una sentencia que calificamos como medieval, arbitraria y discriminadora", dijo a la AFP, una de las organizadoras Natalia Flores, del Observatorio de Equidad y Género.
En Chile, un tercio de las mujeres en edad fértil de entre 15 y 49 años usan métodos de planificación familiar, ya sean hormonales o dispositivos intrauterinos, equivalentes a 3,3 millones de mujeres, según el ministerio de Salud.
En el país se desarrollan cada año unos 250.000 abortos clandestinos, también según el Ministerio de Salud.
© 2008 AFP
