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Bruselas, Madrid y Washington
Hubo un tiempo en que la mención de la palabra Google despertaba admiración, complicidad, simpatía. Pero esos días han pasado. La empresa que sedujo al mundo con su aire innovador y sus letras de colores está generando un heterogéneo bloque de detractores. Tras haber salido indemne de un proceso que iniciaron las autoridades de competencia estadounidenses, y que cerraron en 2012, Google afronta una creciente presión para rendir cuentas en Europa. El reconocimiento que ha hecho la justicia comunitaria del llamado derecho al olvido, el acecho de los gobernantes para que pague impuestos por su lucrativa actividad y, principalmente, el procedimiento formal con que amaga la Comisión Europea por abuso de posición dominante están agrietando su imagen.
Google tiene a la mayor autoridad de competencia del mundo pisándole los talones. La Comisión Europea investiga desde 2010 si su indiscutible dominio en el mundo de Internet se ha labrado a costa de poner piedras en el camino a sus rivales. Así lo creen hasta 20 entidades que figuran como denunciantes en el proceso que supervisa el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
El caso acaba de dar un giro que amenaza con poner en aprietos a la firma californiana. Hasta este verano, el propio comisario consideraba el acuerdo amistoso con la compañía como la opción más probable. Con el envío de su tercera propuesta para ajustarse a las reglas europeas, la empresa parecía tener una salida fácil. Pero esa vía se truncó hace solo unos días, cuando Competencia comunicó a Google que sus propuestas no eran satisfactorias.
La decisión se produjo tras varios meses de fuerte presión pública —comisarios europeos, dirigentes políticos en Francia y Alemania y gigantes de la edición— para rechazar los compromisos de la empresa. Almunia niega tajantemente la influencia de esas presiones. "Mi decisión obedece a que los denunciantes han aportado nuevos elementos sólidos sobre el posible abuso de posición dominante de Google. No son argumentos que haya leído en la prensa o que haya visto en debates parlamentarios, sino datos empíricos", argumenta en conversación con este diario.
La Comisión reprocha al gigante tecnológico cuatro prácticas que cree contrarias a la libre concurrencia. La principal consiste en el modo de presentar servicios especializados, como hoteles o restaurantes, cuando el usuario hace una búsqueda. El motor de Google favorece la presencia de sus propios servicios, lo que limita la visibilidad de los competidores. La indignación de quienes se sienten perjudicados por esas prácticas ha acabado por acorralar a Google. "Es universalmente conocido que los remedios que propusieron eran ineficaces", critica David Wood, abogado de Iniciative for a Competitive Online Marketplace, asociación que representa a varios demandantes del caso, entre ellos a un rival de Google: Microsoft. "Almunia creyó que era mejor llegar a un acuerdo, pero Google no jugó su papel. No negociaron de buena fe", dice Wood.La empresa tecnológica simpática ahora es un gigante con un poder inmenso que negocia con la Unión Europea de tú a tú. Esa pequeña sociedad fundada por dos intrépidos ingenieros informáticos, Larry Page y Sergey Brin, en California, hace 16 años, con un cheque de 80.000 euros está ahora valorada en unos 315.000 millones de euros. Y controla el 90% de las búsquedas de Internet en Europa, según StatCounter. En Estados Unidos, su omnipresencia es menor: domina en torno al 76% del mercado.
"Es la empresa más poderosa del mundo porque es la que más información tiene y la información es poder", asegura sin ambages Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, autor del libro Desnudando a Google, editado por Deusto en 2012: "Parece que es un buscador, pero en realidad es la agencia de publicidad más grande del planeta y la mayor base de datos privados, con la que comercia", añade. "Dentro de poco te dirá que es el cumple de tu mujer, que aún no se ha comprado una tableta, y que hay una de oferta en una tienda cercana a la que te puedes acercar". El activista francés Jérémie Zimmermann, entusiasta defensor de las libertas digitales y cabeza visible de la organización La Quadrature du Net, ahonda en este misma dirección. "Son capaces de ver lo que pensamos con un simple tecleo en nuestro teclado". Enrique Dans, bloguero y profesor de Innovación en IE Business School, rebaja estas descripciones del poder del gigante tecnológico: "En el caso de Google, la gente tiende a ver una amenaza mayor de la que hay: vende el acceso de las personas a la publicidad, pero creo que su comportamiento en la administración de nuestros datos es bastante intachable".
El inmenso poder que atesora la empresa con la montaña de datos que gestiona le ha valido a Google este año una sentencia rompedora: la que reconoce a un ciudadano español, Mario Costeja, el llamado derecho al olvido, que permite a cualquier ciudadano solicitar al buscador que elimine una determinada información de las búsquedas si se siente perjudicado por ese contenido. Ese nuevo derecho, reconocido por el Tribunal Europeo de Justicia en mayo, supone que la firma pasa a desempeñar el papel que antes tenían jueces y autoridades de protección de datos: decidir si se retira o no una información cuando un ciudadano así lo reclama. "Se está dando a Google un poder omnímodo para decidir qué contenido es accesible o no", sostiene Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.Hasta ahora, Google ha recibido 150.000 solicitudes para el borrado de datos, según la organización European Digital Rights. El modo de aplicarla genera recelos entre los consumidores. "Ellos valoran cada petición en función de sus propios criterios. Al final es una restricción a la libertad de comunicación", afirma Joe McNamee, director de esta entidad que defiende los derechos en la red.
A pesar de los problemas que atraviesa en Europa, el gigante ubicado en Mountain View mantiene, eso sí, un notable músculo innovador. Quiere seguir cambiándonos la vida. Con su proyecto biotecnológico Calico aborda los desafíos de salud del nuevo siglo alentando la investigación para detener el envejecimiento. Con la plataforma del coche autónomo promete revolucionar al mundo del transporte. Y sigue adelante con las Google Glass, las gafas con pantalla incorporada. Julián Beltrán, emprendedor tecnológico y uno de los tres desarrolladores de la plataforma Google Glass, destaca que la empresa siempre ha mantenido una dimensión filantrópica que sigue viva con iniciativas como el Project Loon, con la que pretende llevar la conexión a Internet a lugares remotos y poco desarrollados mediante el uso de globos aerostáticos.
Bruselas es consciente de que los tentáculos de Google van mucho más allá del modo sesgado en el que presenta los resultados de sus búsquedas, pero prefiere ir paso a paso. Competencia tiene ya muy avanzada una investigación preliminar sobre Android, el sistema de operativo de la firma estadounidense para teléfonos inteligentes. Y también evalúa las quejas que suscita el desvío de tráfico que hace la compañía de Larry Page hacia servicios propios como Youtube."Esta no es la única investigación que habrá sobre Google. Habrá más porque hay muchos problemas relacionados con el modo cómo opera la compañía", aventura Joaquín Almunia. Los problemas que acumula la empresa pueden convertir estedossier en el mayor al que se han enfrentado nunca las autoridades europeas de competencia.
Google mantiene además un enconado pulso con los editores europeos, y, sobre todo, con los españoles, que esperan que la llamada Tasa Google, en trámite en el Senado, salga adelante, de modo que agregadores de noticias como Google News paguen por usar los contenidos de los medios. "Google se dedica a la publicidad y al lobby, negocia directamente con los gobiernos", dice José Gabriel González Arias, director general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), "y cada vez está encontrando vez una mayor resistencia".
Tanto el sector como otras fuentes comunitarias consideran que la única salida posible ahora es comenzar la ofensiva contra la compañía: abandonar la hipótesis de un acuerdo y lanzar un pliego de cargos que amedrente a la firma y la obligue a ofrecer soluciones que eliminen su abuso de poder. Ese proceso puede concluir con una prohibición de comunitaria de mantener sus prácticas y, eventualmente, con una multa que alcance hasta el 10% de su facturación. Nunca una sanción por abuso de dominio ha alcanzado ese techo.
El presidente ejecutivo de Google afirmó que una de las políticas de la empresa era llegar al límite
El presidente de Google, Eric Schmidt, afirmó en una conferencia en 2010, cuando todavía era jefe ejecutivo, que una de las políticas de la empresa es acercarse siempre "al límite máximo de lo espeluznante, pero nunca rebasarlo". Lo espeluznante es, en el caso de los estadounidenses, que Google pueda escanear los datos de los ciudadanos, guardarlos para su beneficio económico y que además no haya manera de ejercer un control legal sobre semejante máquina. Con 13.000 millones de búsquedas al año y una penetración en el mercado de buscadores del 67,5% —según datos de ComScore correspondientes a marzo pasado—, puede que más de uno quiera que se quede aún más alejado de ese límite.
En los últimos años, sin embargo, a esa preocupación se le ha sumado una sospecha por la cercanía de Google al poder. Es obvia cuando Schmidt está sentado junto a Obama cuando el presidente habla sobre economía en la Casa Blanca. Y también cuando se extiende, año tras año, la lista de empleados que han cruzado la puerta giratoria que les conecta con la política. En ella está Megan Smith, desarrolladora de Google Earth y ahora jefa de tecnología del Gobierno en Washington. Y Andrew McLaughlin, miembro del equipo de transición antes de la toma de posesión de la Administración de Obama tras dirigir la política global de Google.
Lo quieran o no sus líderes, Google ha quedado ya lejos del lema "Don't be evil" [no seas malo] con el que la compañía, imprescindible en el desarrollo de Internet desde su nacimiento, vendió al público una imagen benévola. La empresa ya no es una start-up de Silicon Valley. Es un gigante cuyos dueños son citados por el presidente Obama cada vez que la Casa Blanca quiere acercarse al sector de la tecnología, ya sea para averiguar cómo relanzar la economía, impedir la fuga de cerebros o arreglar la maltrecha página web de la reforma sanitaria.
El escándalo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que desveló cómo el Gobierno de EE UU había recabado los datos, entre otros, de las llamadas de sus ciudadanos, volvió a recordar el límite de lo espeluznante del que hablaba Schmidt. Google y otras empresas del sector criticaron de inmediato la intromisión de la NSA y negaron haber proporcionado datos ni infraestructura. La duda, sin embargo, ya estaba sembrada. Y la huella en su reputación, también.
Google ha reconocido que escanea el contenido de los correos electrónicos de sus más de 500 millones de usuarios para detectar el correo basura y dar un mejor servicio. En 2010 admitió que los coches de Street View habían accedido a las redes wifi de los hogares. En 2013 estalló el escándalo de la NSA. Entonces Obama, en términos demasiado parecidos a los que emplean visionarios como Schmidt, admitió que la tecnología, a veces, va por delante de la ley y que se deben hacer ajustes. Pero la privacidad es un bien preciado entre los estadounidenses —solo por detrás de la libertad de expresión—, y el hecho de que Google observe desde su posición de buscador, gestor de correo electrónico, de documentos, calendarios, teléfonos, agendas y hasta gafas, no le va a ayudar a despojarse pronto de la sospecha ciudadana.
"Hemos recibido peticiones de políticos para retirar contenidos"
David Drummond es un hombre clave en Google. Se encarga de las relaciones con los Gobiernos, de las cuestiones jurídicas, supervisa adquisiciones y fusiones en su calidad de presidente de Google Ventures. La negociación del procedimiento por abuso de posición dominante en Bruselas, uno de los charcos más delicados a los que se enfrenta el gigante tecnológico, la ha llevado él. Y también ha participado en la ronda de charlas que la plataforma tecnológica ha impulsado en distintos puntos de Europa para hablar de la espinosa cuestión del derecho al olvido.
Hombre de voz grave y profunda, alto y fornido, abogado de formación, integra el llamado L-Team, el equipo de siete directivos en que se apoya el megajefe Larry Page. "Nuestro mayor miedo es hacernos grandes, exitosos y lentos", dice en una entrevista exclusiva con EL PAÍS que se celebra en las oficinas centrales de la firma en Torre Picasso, Madrid. La innovación es una de las piedras angulares del proyecto, asegura, y fijarse objetivos ambiciosos es la mejor manera de seguir innovando.
Pregunta. Google tiene una presencia en el mercado que, según las fuentes, oscila entre el 80% y el 90% en Europa. Ha habido muchas críticas sobre la negociación con la Comisión Europea en la cuestión del abuso de posición dominante.
Respuesta. Llevamos cuatro años trabajando y hemos sido extremadamente cooperativos. Sí, hay críticas, hay muchos competidores a los que les gustaría que Google les enviara más tráfico y más negocio; pero nunca hemos considerado que nuestra obligación sea proveer de negocio a los competidores, sino dar un buen servicio a los usuarios. El hecho de que hayamos tenido éxito no es porque limitemos la capacidad de elección de estos. Además, en el mundo móvil, la gente llega a los sitios mediante aplicaciones y no necesariamente con el buscador. Google no hace absolutamente nada para obstruir la competencia. Nuestra alta cuota de mercado no es un indicador de competencia desleal.
P. Los críticos dicen que los criterios de búsqueda no son justos, no se aplica a todas las webs el mismo criterio de visibilidad.
R. Les gustaría estar mejor colocados en Google. Lo comprendemos porque muchos de ellos operan sitios web y tienen éxito. Pero nosotros no estamos excluyendo a la competencia ni impidiendo a los consumidores que accedan a esos sitios web.
P. También se critica que muchas empresas tecnológicas se estén llevando sus ingresos a Irlanda para reducir su carga impositiva. Creo que es el caso de Google España...
R. Yo desafío su argumento de que estemos desviando los ingresos a ningún sitio. Tenemos nuestras oficinas centrales europeas en Irlanda. La Unión Europea establece las normas de modo que las empresas pueden elegir el país en que instalan sus oficinas centrales y ese sería el lugar principal en que pagan sus impuestos. No estamos solos en esto. Es política de la UE permitir que Irlanda tenga impuestos más bajos. Si la gente piensa que el sistema debe ser cambiado, operaremos con el que haya. Hay que tener en cuenta que nosotros generamos ingresos con tecnologías que desarrollamos y en las que gastamos dinero en Estados Unidos, así que la cuestión de los impuestos es complicada. Y así funcionan las empresas.
P. Hay una preocupación creciente en el G-20 y en la OCDE con esta cuestión, quieren impedir que haya agujeros legales en este campo.
R. Comprendemos que haya quien piense que el sistema necesita ser reformado.
P. El hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya reconocido el derecho al olvido les otorga a ustedes un gran poder para decir qué se va a encontrar en la Red sobre cualquier persona al realizar una búsqueda. Google, que ya es una empresa muy poderosa, ahora lo va a ser aún más.
R. Que se diga esto es raro. Google es un buscador. No somos los que publicamos la información; la indexamos para que la gente acceda a ella. Siempre lo hemos hecho según los parámetros que la gente, las democracias, han decidido. Un nuevo parámetro, en Europa, ahora, es el derecho al olvido, y estamos trabajando en implementarlo. No era nuestra intención que se resolviera así, estamos siguiendo la ley, que ha dejado en manos de unas empresas privadas, los buscadores, esa decisión.
P. Se trata de un gran poder.
R. No sé si es ajustado argumentar que es un poder, cuando es una obligación legal. Siempre hemos controlado lo que presentamos en nuestro buscador. Es una gran responsabilidad hacerlo de una manera objetiva, que refleje la Red, que provea buen acceso a la información, con resultados relevantes, y lo seguiremos haciendo así. La ironía es que teníamos una visión distinta del equilibrio al que había que llegar y litigamos durante años en otra dirección. Así que, en la medida en que usted dice que es un poder, es un poder que no andábamos buscando.
P. La web Eliminalia dijo que más de 200 políticos han recurrido a ellos para ejercer el derecho al olvido y limpiar su reputación. ¿Tiene datos sobre esto?
R. No puedo comentar los números, pero no hay duda de que hemos recibido peticiones de políticos para que retiráramos contenidos; sé que hemos rechazado la gran mayoría porque consideramos el interés público de la cuestión.
P. En diciembre de 2013, con las revelaciones del espionaje de la NSA, Google, Microsoft, Yahoo, Apple y Facebook pidieron por escrito al presidente Obama reformas para establecer restricciones en la monitorización de las agencias gubernamentales. ¿Por qué no lo hicieron antes de que estallara el escándalo?
R. Bueno, no éramos conscientes de que el Gobierno estaba dando los pasos que estaba dando en esa abultada vigilancia. Cuando se publicó que el Gobierno de EE UU estaba grabando y tenía acceso a los registros de cada llamada que se hacía, no lo sabíamos. Todo sucedió en secreto. Cuando tuvimos conciencia de esto, de las subsecuentes revelaciones sobre la monitorización del tráfico en Internet, y de la posibilidad de que el Gobierno hubiera intentado entrar en partes de nuestra red corporativa a través de nuestros centros de datos, pensamos que era totalmente necesario cambiar el sistema y limitar algunas de estas prácticas.
P. Pero ¿tuvo el Gobierno de Estados Unidos acceso a los servidores de Google?R. No creemos que lo tuvieran. Había algunos enlaces entre nuestros centros de datos que no habían sido codificados. En cuanto empezamos a ver lo que pasaba, y con las primeras revelaciones de Snowden, decidimos que había que codificarlo todo en nuestra red.
P. Aparte de esa codificación, ¿se ha hecho algo en Google para aliviar la preocupación que mucha gente tiene sobre la seguridad de sus comunicaciones?
R. Hemos gastado millones y millones de dólares para asegurar que nuestras redes son seguras; hemos codificado más servicios, incluido el correo electrónico, que cualquier otro proveedor en esta industria. Y continuaremos haciendo todas estas cosas.
Drummond se muestra contrario a la implantación de la llamada Tasa Google, canon que está en fase de anteproyecto de ley en el Senado y mediante el cual se prevé que los agregadores de noticias, como Google News, paguen alguna compensación a los proveedores de contenidos, como los periódicos. "Las leyes de propiedad intelectual ya establecen un buen equilibrio entre los derechos del propietario de los derechos y los del público", dice. "Nosotros no tenemos anuncios en esas noticias, no es así como Google gana dinero; nosotros hacemos dinero cuando la gente hace búsquedas comerciales, viajes y demás".
Asegura que la polémica por la recogida de datos de redes wifi personales que captaron los coches que recorrieron las calles del mundo con el programa Street View no volverá a repetirse. "Actualizaremos Street View, pero sin recoger el tipo de datos que preocuparon a la gente. Recogimos datos que no queríamos recoger. Lo descubrimos y lo hicimos saber, lo arreglamos, así que no lo haremos nunca más; no volverá a ocurrir". Cuenta que tienen problemas para operar en países donde la libertad de expresión está amenazada, como Rusia y, por supuesto, China, desde el que decidieron mudar sus servidores, para trasladarlos a Hong Kong, tras recibir muchas críticas por su cooperación con el régimen chino.
P. Durante mucho tiempo se les criticó porque aceptaban borrar cierta información en China. ¿Considera que fue un error someterse a la censura durante unos años?
R. Cambiamos la aproximación porque sentimos que... Creo que explicamos esto bastante bien en 2010, tal vez pueda mirarlo y obtendrá respuesta a su pregunta. Pensamos que teníamos que ayudar a la apertura de China y que, tal vez, si dábamos acceso a una vasta cantidad de información, incluso si había pequeñas cantidades que las leyes nos exigían limitar, con el tiempo, los usuarios demandarían tener un mayor acceso a más información y el sistema aflojaría. Como eso no ocurrió, pensamos que no podíamos seguir allí para ser consecuentes con nuestros valores.
