Han pasado más de siete años desde que un vecino de Escazú acudió a la Fiscalía de Pavas para denunciar que un terreno de su propiedad, valorado en $90.720, le habría sido arrebatado mediante un traspaso que, según afirma, fue ilegítimo.
El hombre, de apellido Martínez y hoy de 68 años, ha afrontado un engorroso proceso judicial que lo ha llevado a evaluar la posibilidad de abandonar la causa y resignarse a no recuperar su lote de 7.560 metros cuadrados, ubicado en San Pablo de Turrubares, San José.
Martínez señala como presunto responsable de estos hechos a un hombre identificado como Jorge Alexánder Lobo Ramírez, quien tiene una condena en firme por cuatro estafas y otra sentencia, aún en apelación, por otras tres.
Aunque el traspaso del terreno ocurrió en el 2018, las más recientes diligencias se llevaron a cabo en enero del 2026, cuando Lobo se ausentó por cuarta vez a un señalamiento de juicio, al que se le citó por presuntamente incumplir con el acuerdo de devolver el predio.
Es por este motivo que, desde el 16 de enero, Lobo fue declaratoria en rebeldía y sobre él pesa una orden de captura activa vinculada con esta causa, que se tramita en el legajo 19-000459-0283-PE.
Un lote a cambio de presuntas promesas incumplidas
Martínez y Lobo se conocieron en el 2018, cuando este último manifestó interés en adquirir el lote. Según consta en la denuncia, Lobo afirmó ser representante de una empresa chilena dedicada a la fabricación de casas tipo chalet, las cuales afirmó que importaba para instalarlas en Costa Rica.
La propuesta despertó el interés de Martínez y ambas partes acordaron negociar la venta del terreno a cambio de tres casas prefabricadas de pino chileno valoradas cada una en $10.000 y el pago de $30.000 en efectivo para completar el valor de la transacción.
Esa suma sería entregada parcialmente por adelantado y el resto quedaría garantizado mediante la suscripción de un pagaré. En ese momento, el terreno estaba inscrito nombre de una sociedad anónima que actuaba como fiduciaria en un contrato de fideicomiso, el cual impedía traspasar la propiedad sin la autorización expresa del fideicomitente, facultad que recaía en Martínez.
De acuerdo con la denuncia, un notario sugirió firmar de una vez la escritura de traspaso y aseguró que no la presentaría para inscripción ante el Registro Nacional hasta que Lobo cumpliera con lo pactado. Una vez concretado el negocio, Martínez entregaría la autorización necesaria para sacar la propiedad del fideicomiso y formalizar el traslado registral.
El ofendido asegura que confió en esa recomendación y firmó la escritura de traspaso, aunque conservó en su poder la carta de autorización como fideicomitente. Pese a ello, sostiene que fue engañado e “inducido al error”, pues el notario habría presentado la escritura ante el Registro Nacional y, el 19 de junio del 2018, la propiedad quedó inscrita a nombre de Lobo Ramírez, a pesar de que no existía autorización para retirarla del fideicomiso.
En este expediente, figura también como sospechoso el notario de apellido Breedy. Según el denunciante, el profesional habría participado junto a Lobo en las gestiones que llevaron al traspaso de la propiedad.
Este medio contactó al notario y este afirmó que no tiene ninguna relación con Lobo Ramírez. Agregó que únicamente intervino en el proceso en su condición de notario.
La Nación también solicitó buscó a Lobo por medio de llamadas y mensaje de texto, sin que se obtuviera respuesta al cierre de esta nota.
El denunciante sostiene que Breedy se habría valido de la fe pública que le confería su cargo para concretar el traspaso sin contar con el documento que autorizaba la operación.
Consultado por La Nación, Breedy argumentó que sí se firmó carta de autorización y que él sólo intervino como notario. Al firmar la escritura, dijo, las partes indicaron que la suma fue recibida de conformidad y agregó que él no tenía conocimiento de otras formas de pago.
Hipoteca del terreno
El 26 de octubre del 2018, Lobo habría hipotecado el terreno por ¢6 millones, pese a que, según la denuncia, aún no había cumplido con las garantías ni los pagos acordados. Desde entonces, afirma Martínez, este sujeto lo inundó de excusas y promesas incumplidas.
Entre junio y agosto de ese año, documentos en posesión de este medio acreditan que el sospechoso afirmó que estaba gestionando un crédito en una cooperativa para cancelar el dinero adeudado. Sin embargo, tras realizar consultas, Martínez asegura que un funcionario de la entidad le confirmó que no existía ningún trámite crediticio a nombre de este sujeto.
Posteriormente, entre agosto y octubre de ese mismo año, Lobo habría prometido también que saldaría la deuda con fondos provenientes de una transferencia desde Estados Unidos, donde aseguraba tener negocios. El dinero nunca llegó.
El 13 de septiembre, según se plasmó en la denuncia, el denunciado envió a Martínez un conocimiento de embarque que, según argumentó, confirmaba que las casas ya habían salido de Chile y estaban en camino al puerto de Caldera, en Puntarenas. No obstante, al revisar el documento, el denunciante detectó varias inconsistencias, entre ellas que las viviendas aparecían consignadas a nombre de una sociedad ya disuelta y que el contenedor en realidad había salido del puerto de Hamburgo, en Alemania, con rumbo a Buenos Aires, Argentina.
A partir de entonces continuaron los intercambios y reclamos por parte de Martínez hacia Lobo.
El denunciante asegura que Lobo alegó presuntas enfermedades, incapacidades, tratamientos médicos, visitas a clínicas y trámites bancarios para evitar reuniones presenciales y hasta llamadas telefónicas.
Martínez relató que, más adelante, el denunciado le dijo que un vecino de Cervantes de Alvarado, en Cartago, le prestaría dinero para cancelar la deuda; luego, que recibiría recursos producto de la venta de un edificio suyo que se había concretado. Sin embargo, tras consultar al propietario del inmueble, Martínez cuenta que este le confirmó que el sospechoso no tenía ninguna relación con la propiedad, ni siquiera en condición de socio.
Siete años judicializado
Las pesquisas del caso llevaron a la Fiscalía de Pavas a allanar, el 4 de diciembre del 2020, la oficina del notario que habría avalado el traspaso del terreno, con el fin de decomisar su protocolo notarial. El caso se elevó a juicio hasta junio del 2023.
En esta causa, las partes accedieron a conciliar en julio del 2024, luego de que el sospechoso se ausentó, en dos ocasiones, a señalamientos de juicio alegando incapacidades. Finalmente, cuando sí llegó a comparecer, Lobo se habría comprometido a devolver el terreno en un plazo de seis meses. Sin embargo, cuando llegó la fecha prevista para formalizar el acuerdo, en enero del 2025, el imputado no se presentó.
Inicialmente, se fijó una nueva fecha para el juicio en el 2027, pero tras diversas gestiones realizadas por Martínez, el debate se reprogramó para junio del 2025. No obstante, la audiencia fue suspendida una semana antes de su inicio, y lo mismo sucedió con otro señalamiento en agosto de ese mismo año. El Juzgado, en estos casos, habría priorizado la atención de casos en los que debían trasladar a personas privadas de su libertad, según explicó Martínez.
Más tarde, el 5 de enero del 2026, Lobo fue citado una vez más a juicio, pero no se presentó. Por este caso, el 16 de enero del 2026, el Tribunal Penal de Pavas dictó una orden de captura en su contra, la cual se mantiene activa, y el proceso no puede continuar sino hasta su eventual detención.
El vecino de Escazú sigue a la espera de que las autoridades encuentren a Lobo y él pueda cerrar su caso.