Los habitantes de Guácimo conocen como pocos el sacrificio que implica acudir a la justicia. Los que viven en zonas alejadas como Duacarí o Río Jiménez deben tomar hasta tres buses para llegar a los Tribunales de Guápiles.
Los trayectos exigen hasta dos horas y quienes acuden al Juzgado Contravencional, ubicado en un pequeño local en el centro de Guácimo, esperan bajo el sol o la lluvia, con niños en brazos o personas con discapacidad, sentados en la orilla de la acera, aguardando su turno para acceder a los servicios judiciales que son muy básicos. Los temas penales los atienden en Guápiles, a más de 15 kilómetros de distancia.
Sadie Barrantes ha visto tantas veces la escena que, junto a otras vecinas del cantón, tomaron acciones e impulsaron la creación de un circuito judicial en Guácimo. Acudieron a la cúpula del Poder Judicial aprovechando una visita que hicieron a Guápiles.
“Expusimos las condiciones en que se atiende a la gente y la problemática del cantón en cuanto asesinatos. Hace falta mucha más atención de la Fuerza Pública, el Poder Judicial e instituciones indicadas para eso”, manifestó la mujer.
En este contexto de miedo y abandono, el proyecto de ley para la creación del Juzgado Penal de Guácimo y Tribunal Penal de Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica representa más que una obra de infraestructura.
“Es más que una simple decisión administrativa. Considero que es como una señal de esperanza que se da a estas personas”, afirmó el fiscal Mena.
La iniciativa, apoyada por la legisladora socialcristiana María Marta Carballo, busca crear un circuito judicial que incluiría oficinas del OIJ, Fiscalía y Defensa Pública. Los cinco distritos del cantón –Guácimo, Mercedes, Pocora, Río Jiménez y Duacarí– tendrían mejor acceso a la justicia.
“Tener el Juzgado Penal, el Tribunal, la Defensa Pública, el OIJ y la Fiscalía ahí mismo, es algo que va a hacerse notar en las personas y van a percibir que la justicia no está lejos, sino que puede estar al alcance”, sostuvo Mena.
La Corte Plena aprobó el proyecto el 17 de marzo de este año, pero su implementación afronta obstáculos presupuestarios. De acuerdo con la diputada Carballo, “el oficialismo argumenta falta de capacidad presupuestaria, pese a que las finanzas públicas mejoraron tras la reforma fiscal de 2018 y la Ley Marco de Empleo Público″.
Un informe de la magistrada de la Sala III Sandra Zúñiga detalla que, para hacer realidad el proyecto, se requiere una construcción de 4.074 metros cuadrados, con una inversión estimada de ¢4.013 millones, sin incluir el terreno. Se necesitaría al menos 33 funcionarios, incluyendo jueces, fiscales y defensores públicos, y más personal del OIJ, entre otros.
Por su parte, la alcaldesa de Guácimo, Beatriz Mora, precisó que se ofreció en donación un terreno de 7.000 metros cuadrados, ubicado en Río Jiménez, a unos 12 kilómetros del centro.
La jerarca reconoció las limitaciones ante la violencia que azota al cantón.
“No depende del gobierno local el tema de la alta incidencia de homicidios, sino del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, declaró Mora al ser consultada por las acciones que toman para procurar seguridad a sus pobladores.
Las vecinas que iniciaron con el proyecto del circuito judicial esperaban que el trámite fuera más ágil.
“Lo que nos interesa es darle una imagen de más seguridad al cantón porque se ha creado un nuevo territorio, que es muy atractivo para el turismo, pero tenemos que garantizar a la gente que hay buena seguridad”, enfatizó una de ellas.
La diputada Carballo advirtió de que la aprobación del proyecto dependerá de la convocatoria a sesiones extraordinarias que realice el Poder Ejecutivo a partir de noviembre.
Para Mena, la urgencia es clara: “Durante años, los habitantes de Guácimo han tenido que trasladarse grandes distancias para denunciar, ir a los juicios, venir a declarar o buscar cualquier respuesta del sistema judicial y, con esta nueva estructura que se pretende instalar en Guácimo, vamos a atender de mejor manera el fenómeno criminal y actuar con firmeza frente al delito”.