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La investigación contra el fiscal general, Jorge Chavarría, por supuesto tráfico de influencias, careció de una valoración ética a lo interno del Poder Judicial, afirmó ayer el magistrado Román Solís.
Esa fue la razón por la cual emitió un voto distinto al de los otros 21 magistrados de la Corte Plena, quienes decidieron el lunes no sancionar al máximo jerarca del Ministerio Público.
Chavarría fue investigado por la presunta injerencia en la suspensión de una indagatoria al exministro Rodrigo Arias, imputado en una causa por el manejo de $2 millones que donó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los hechos se dieron en octubre del 2010 cuando Chavarría estaba electo, pero no había asumido formalmente el cargo. La Corte Plena no encontró irregularidades en el proceder del funcionario.
“Es necesario que la Corte Suprema de Justicia abra un mecanismo también de juzgamiento en la perspectiva de los valores éticos sobre las conductas de nuestros funcionarios. No estuvo presente en este tema y pedí que se estableciera a futuro”, explicó Solís.
Añadió que su voto no significa la emisión de un criterio sobre si el Fiscal General merecía ser sancionado o no, y dijo que le quedó un “sinsabor” porque la investigación se resolvió solo desde el punto de vista disciplinario.
Solís cree que debería existir un consejo de notables en el Poder Judicial que se encargue de las valoraciones de índole ética.
