EscucharMás allá de los tres funcionarios públicos y el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla, −detenidos este martes− otras 10 personas figuran como investigadas en la causa penal por presuntas irregularidades en la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.
Durante los allanamientos de esta semana, también resultaron aprehendidos el director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras en la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE, Henry Villalobos Solís.
La lista de personas investigadas en el expediente penal 24-000454-1218-PE, denominado Pista Oscura, contempla también a altos funcionarios de la constructora MECO, dos exministros y un exjerarca de la Administración Chaves Robles y funcionarios en puestos claves de la CNE, Aviación Civil, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Consejo Nacional de Concesiones, según precisó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
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En este caso se investiga el uso de $39,9 millones del fondo nacional de emergencias para pagar el arreglo de la pista de la terminal aérea, a pesar de que esa estructura no había sufrido daños derivados de las ondas tropicales 11 y 12 y de la tormenta tropical Bonnie.
¿Quiénes son?
Los otros diez investigados por el caso conocido como Pista Oscura, según la Fiscalía:
- Fernando Naranjo Elizondo: Exdirector de Aviación Civil.
- Luis Amador Jiménez: Exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Ya fue indagado por la Fiscalía.
- Natalia Díaz Quintana: Exministra de la Presidencia. La Fiscalía investiga su eventual participación en la firma del decreto de emergencia que incluyó al cantón de Liberia (donde se encuentra la pista aérea) entre los afectados por el embate de Bonnie. Díaz es actual candidata a la Presidencia por el Partido Unidos Podemos.
- Marín Fallas: Jefe de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE, clave en la tramitación de proyectos asociados a emergencias.
- Rodríguez Fallas: Asesor legal de la Dirección General de Aviación Civil.
- Murillo Saborío: Encargado de mantenimiento aeroportuario de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de Aviación Civil.
- Castellón Camacho: Asesora del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
- Baltodano Aragón: Miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
- José Alfredo Sánchez Zumbado y González Chinchilla: Presidente y director técnico de la empresa MECO, adjudicataria del proyecto.
Qué investiga la Fiscalía
El expediente 24-000454-1218-PE indaga la forma en que se declaró emergencia nacional para atender supuestos daños provocados por la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales del 2022. No obstante, según la FAPTA, los informes técnicos evidencian que la pista ya presentaba daños antes de esos fenómenos climáticos, lo que haría improcedente la declaratoria y, por tanto, la contratación directa sin refrendo de la Contraloría General de la República.
Una vez emitido el decreto ejecutivo, se adjudicó el contrato a MECO, por un monto cercano a $40 millones, con el argumento de requerir obras urgentes para garantizar la operación del aeropuerto internacional de Guanacaste.
El uso de la figura de emergencia nacional permitió simplificar los trámites y omitir controles como el refrendo de la Contraloría, lo cual ha sido cuestionado por el Ministerio Público como parte de un posible esquema de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Detenidos y audiencia
Tras las detenciones del martes, Marcos Castillo, Henry Villalobos, Alejandro Picado y Mauricio Batalla fueron indagados por la Fiscalía y puestos a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Juidicial, en Goicoechea.
Esa noche pasaron en celdas judiciales y continuaron en audiencia de medidas cautelares durante todo el miércoles.
A las 11 p. m. quedaron libres, luego de que la FAPTA solicitara, para los cuatro, el impedimento de salida del país, firmar una vez al mes, no acercarse a testigos ni ingresar a las instituciones involucradas.
Además, contra Castillo, Villalobos y Picado, también se pidió la suspensión del cargo.
Este jueves deberán regresar a la 1:30 p. m. para la continuación de la audiencia, en la que se definirán las medidas cautelares.
