El empresario Osvaldo Villalobos Camacho fue condenado ayer a 18 años de cárcel por estafa agravada e intermediación financiera ilegal, hechos relacionados con el cierre de las firmas Ofinter y The Brothers.
Villalobos y su hermano Luis Enrique (prófugo de la justicia) atrajeron a decenas de inversionistas con la promesa de pagar altos intereses por su dinero.
Eso, conforme el Tribunal de Juicio de San José, obedeció a un plan delictivo preestablecido que contempló –antes de que la Fiscalía interviniera, en julio del 2002– la posibilidad de escapar del país.
“El perjuicio es de millones de millones de dólares. Su estado de inocencia ha sido destruido por el elenco probatorio”, advirtió la presidenta del Tribunal de Juicio, Isabel Porras.
Dado lo elevado de la pena, los jueces ordenaron su inmediato encarcelamiento y en su contra dictaron ocho meses de prisión preventiva.
Víctimas. La sala estuvo abarrotada de inversionistas, en su mayoría extranjeros pensionados.
“Muchos de los perjudicados no se han sentido como tales. Eso ha sido sorprendente. Se dijo que el Ministerio Público dio al traste con un negocio redondo.
“La Fiscalía no hizo más que cumplir con su deber... y lo hizo con total valentía”, destacó el juez Manuel Rojas.
Para determinar la pena tuvo un gran peso un documento hallado en las casa de los Villalobos, denominado “Sistema Alternativo de Emergencia (SAE)”.
El plan no solo tenía previstos portillos para evitar que los inversionistas recuperaran su dinero, sino también la posibilidad de que los hermanos controlaran la firma desde el exterior.
El documento habla, además, de planes para congelar el pago de intereses y la eventualidad de un cierre, así como el nombramiento de un cuerpo colegiado que haría frente a los inversionistas ante una situación de emergencia.
“No es de extrañar que el señor Luis Enrique (Villalobos) no esté aquí; ese era parte del plan”, dijo el juez Juan Carlos Pérez.
Osvaldo Villalobos fue condenado al pago de miles de dólares a decenas de víctimas. Solo una de ellas perdió $1,2 millones.
Llamada de atención. El Tribunal arremetió en contra de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
“En este caso la SUGEF jugó un papel bastante opaco. De haber actuado conforme al ordenamiento, esta situación quizá se hubiera detenido antes”, dijo, por su parte, el juez Manuel Rojas.
El defensor de Villalobos, Rodrigo Araya, se mostró complacido con el fallo, pues dijo que los razonamientos del Tribunal pueden discutirse en Casación.
“A él (Villalobos) lo acusaron de cinco delitos, pero solo lo condenaron por dos. La Fiscalía pidió 52 años de cárcel; el Tribunal le impuso solo 18.
“Vamos a esperar la sentencia para llevar el caso a Casación”, señaló el defensor.
Los jueces ordenaron que hasta que la sentencia quede firme, los fondos congelados y decomisados a Villalobos (unos $12 millones) se mantengan de esa forma.
