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El empresario alajuelense que permaneció secuestrado cinco meses enfrentó en el 2004 una acusación por tráfico internacional de drogas, pero resultó absuelto por una fallida prueba
Aunque en un fallo inicial el Tribunal de Juicio de Alajuela le impuso a Alberto Gómez Calderón – el 21 de julio del 2008 – ocho años de cárcel por tenencia de droga para el tráfico internacional, el Tribunal de Casación Penal dejó sin efecto la sentencia luego de anular las intervenciones telefónicas.
A Gómez lo detuvo la Policía de Control de Drogas (PCD) el 22 de diciembre del 2004.
Para entonces los agentes antidrogas seguían la pista a una organización que ese año envió dos cargamentos de cocaína a Canadá a través de los Estados Unidos.
El primer cargamento (11 kilos) fue detectado por oficiales de Aduanas en Tennessee (Estados Unidos) el 13 de julio del 2004. Iba oculto en una caja con libros.
El 2 de diciembre hubo otro envío a ese mismo lugar; esta vez en unas estatuas de madera.
La organización sufrió su último golpe el 13 de diciembre del 2004, cuando una canadiense de apellido Roberge fue sorprendida con tres kilos en el doble forro de una maleta. La captura tuvo lugar en el aeropuerto de Liberia.
Prueba fallida. Por el caso, la Policía de Control de Drogas arrestó a un iraquí-canadiense, de apellido Dlaymi, así como a dos nacionales: Alberto Gómez y a un sujeto de apellido Jiménez.
El proceso penal fue accidentado, en primer lugar, por la desaparición del expediente y los casetes que contenían las intervenciones telefónicas. El expediente tuvo que “ser reconstruido”.
Los jueces del Tribunal de Juicio de Alajuela consideraron suficientes las pruebas recabadas para atribuir a los sospechosos el delito acusado. Casación opinó diferente.
La pesquisa comenzó a partir de dos números telefónicos que brindó un agente de la Fuerza Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) a sus homólogos de Costa Rica tras el primer decomiso.
“De lo expuesto se nota claramente que hasta ese momento de la investigación no se daban datos que permitieran determinar si esos supuestos informes que recibió el agente especial de la DEA eran anónimos o confidenciales, ni en qué consistía esa información, ni quiénes eran los supuestos usuarios de esos teléfonos.
“A criterio de la mayoría de este Tribunal, esas genéricas e imprecisas referencias no se pueden tenerse como fundamento probatorio idóneo para sustentar sobre ellas una orden judicial capaz de vulnerar legítimamente la privacidad de las comunicaciones telefónicas”, dijeron los jueces de Casación.
Agregaron que la fundamentación para solicitar las escuchas fue “nula o escasa”.
“El auto mediante el cual se ordenó la intervención de los mencionados teléfonos se basó en un informe impreciso de un agente de la DEA, el cual solo refería la posibilidad de que los teléfonos (...) tuvieran relación con la organización delictiva que supuestamente había enviado desde Costa Rica la droga decomisada por agentes aduanales de Tennesse, Estados Unidos”, escribió en la sentencia el Tribunal de Casación.
Mediante las intervenciones, los agentes antidrogas establecieron un supuesto vínculo entre Dlaymi y el empresario Gómez.
Empero, el Tribunal de Casación consideró ese descubrimiento como el “producto de una intervención telefónica ilegal.
“Gracias a esa información y a las vigilancias que derivaron de ella sirvieron como fundamento para ordenar la intervención de los teléfonos del señor Gómez Calderón”, destaca el fallo.
Ante ese panorama, el Tribunal de Casación acordó, el 17 de febrero pasado, anular la sentencia y concederle a Gómez el beneficio de la absolutoria por dudas.
Grupo armado. Dos meses después de dictada la resolución, el 15 de abril pasado, siete sujetos armados se llevaron al empresario Gómez.
Por su liberación los secuestradores solicitaron $1 millón.
La víctima permaneció retenida más de cinco meses en una quinta de Huacas, en Santa Cruz, mientras esperaba a que su familia traspasara a sus captores una propiedad valorada en $500.000.
Consultado el director del OIJ, Jorge Rojas, sobre la posibilidad de que el secuestro tuviera alguna relación con personas vinculadas al narco, el funcionario dijo: “Es una posibilidad”.
Con respecto a los sujetos que faltan por detener (un comerciante franco-canadiense, con cédula de residencia aquí, y un colombiano), Rojas informó de que no han encontrado rastro alguno, aunque Migración no registra que salieran del país. Gómez no ha querido de momento hablar con la prensa.
