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Tres hermanos –dos mujeres y un hombre– fueron detenidos ayer como sospechosos de utilizar a menores de edad para que se dedicaran a la prostitución.
La captura la ejecutaron oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en allanamientos que tuvieron lugar en la ciudadela La Carpio de La Uruca, San José.
Asimismo, los agentes de la Sección de Delitos contra la Integridad Física, Trata y Tráfico de Personas, a cargo de las pesquisas, detuvieron a un taxista en su casa en barrio Pilar de Guadalupe, Goicoechea, presunto cómplice de la organización.
La Policía Judicial identificó a los hermanos como de apellidos Hernández (dos mujeres de 26 y 27 años, y un hombre de 22). El taxista se apellida Bejarano, de 32.
Antecedente. El OIJ informó de que la investigación sobre este caso comenzó hace varios meses.
En aquel momento, las autoridades recibieron informes confidenciales en el sentido de que existía una organización criminal que reclutaba mujeres menores de edad para que se desempeñaran como prostitutas. La mayor parte del dinero que cobraban debían entregarlo a quienes las utilizaban.
Los investigadores determinaron que las menores tenían edades que oscilaban entre los 10 y los 17 años, y que todas eran residentes de La Carpio.
Los agentes lograron verificar que la organización, en algunos casos, enviaba a las víctimas a la calle, y en otras, las adolescentes eran transportadas por el taxista detenido a apartamentos en diferentes lugares de San José.
El OIJ informó de que cuando estaban en la capital, por lo general ellas se ubicaban en las noches en el sector sur, entre las calles central y tercera, y las avenidas 10 y 14.
Por los servicios cobraban entre ¢25.000 y ¢50.000 y, si el interesado era un extranjero, el monto era aún más elevado.
Explotación. Según el informe de las autoridades, una vez que contactaban a las menores, los detenidos les hacían ofrecimientos que luego no cumplían.
Ellos se aprovechaban de las situación de vulnerabilidad de estas, resaltó el OIJ.
Los implicados incluso se llevaron a vivir a su casa a las menores, lo cual genera dependencia por parte de las afectadas, situación que se mantenía mediante la intimidación y el desarraigo.
Las viviendas donde permanecían las menores eran casas en muy mal estado y con apariencia de ser habitadas por gente de muy escasos recursos económicos, agregó la Policía.
Sin embargo, durante los allanamientos se decomisaron modernos teléfonos celulares, llaves mayas y computadoras portátiles que, se presume, servían a los detenidos para ser contactados por los clientes.
La Policía no informó de si alguno de los clientes estaría implicado por tener sexo con menores.
A los cuatro presos se les abrió un proceso por el delito de trata de personas, cuya pena podría ser hasta de 18 años de cárcel.
