Los denunciantes aseguran que se presentaba como importador y vendedor de vehículos, pero también como representante en Costa Rica de una empresa de casas chilenas que, según supo después una afectada, habían dejado de fabricarse desde hacía más de 20 años. Otros relataron que se ofrecía como enlace para invertir en el comercio de frutas de Chile, o bien como facilitador de gestiones registrales y legales con un equipo de asesores especializados.
Era amable y convincente, según recordó una de las ofendidas: una educadora que asegura haberle entregado las prestaciones de su jubilación (¢21 millones) en el 2023 por una casa que nunca construyó.
El hombre consiguió que otra persona se endeudara por ¢1,4 millones para ingresar al supuesto negocio de las frutas chilenas, además de que le pagara ¢4 millones para sufragar impuestos inexistentes y que le diera su carro como adelanto para importar otro; esta víctima murió sin ver resuelto su caso.
También consiguió que, en simultáneo, tres técnicos que conoció durante la instalación de una alarma de seguridad le entregaran sus vehículos, junto con un poder especial. Luego, les aseguró haberlos vendido para proceder con la importación de sus nuevos carros, hasta que uno de los técnicos encontró su auto en un lavacar de Heredia con un rótulo de “se vende”.
Las denuncias versan sobre el supuesto médico herediano Jorge Alexánder Lobo Ramírez, de 52 años, quien ha sido denunciado en los últimos 17 años por al menos 16 personas. En un expediente judicial, es identificado como empresario y especialista en citopatología.
Hace apenas cinco meses, el 16 de enero del 2026, el Tribunal Penal de Pavas lo declaró en rebeldía y giró una orden de captura en su contra, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial. La declaratoria se debió a que no se presentó a una audiencia judicial relacionada con una presunta estafa con un lote en perjuicio de un vecino de Escazú, de 68 años.
El que anda en esas comienza a conocer el sistema, sabe cuáles son las rendijas por las cuales el tema se filtra y entonces generan impunidad
— Víctima de presunta estafa con lote
Sin embargo, el historial judicial es más amplio. En febrero del 2022, se le condenó en Heredia por cuatro delitos de estafa mayor, aunque quedó en libertad.
Mediante un procedimiento especial abreviado, se le dictaron tres años de prisión con el beneficio de la ejecución condicional de la pena, lo que le permitió no ir a la cárcel. Esta sentencia quedó en firme.
Cuatro años después, el 13 de enero del 2026, el Tribunal Penal de Heredia lo condenó por otros tres delitos de estafa. Esto ocurrió tres días antes de que se le declarara en rebeldía en Pavas. Sin embargo, esta segunda sentencia todavía no está en firme; se encuentra en apelación.
La Fiscalía ya presentó tres acusaciones más en contra de Lobo por otros hechos y, recientemente, abrió un expediente penal más con motivo de otra denuncia de estafa.
El Ministerio de Justicia confirmó a La Nación que Lobo no está en la cárcel y, de acuerdo con registros migratorios solicitados por La Nación, no ha salido de Costa Rica por puestos fronterizos.
Este medio llamó y envió mensajes al número que el hombre puso ante los tribunales para ser localizado, pero no hubo respuesta.
Freddy Segura Salazar, quien fue su abogado en los dos procesos que se juzgaron mediante procesos abreviados, declinó contestar preguntas porque no pudo hablar con su cliente para tener su autorización.
En la sentencia del 2022, a Lobo se le condenó a un año de prisión por cada una de las cuatro estafas, pero la pena se le adecuó a tres años por las reglas del concurso material. Estas normas establecen que, cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos, se le sanciona sumando las penas que corresponde a cada delito sin que esta suma pueda superar el triple de la pena mayor.
Además, el procedimiento especial abreviado permite negociar las sanciones y prescindir del juicio oral, siempre que todas las partes estén de acuerdo.
A Lobo se le advirtió de que, si cometía un nuevo delito en un plazo de cinco años, tendría que cumplir la pena dictada en el 2022 y la del nuevo delito.
En los dos procesos judiciales que ya pasaron por procedimientos abreviados, 12 personas se presentaron como víctimas alegando hechos ocurridos entre el 2009 y el 2017.
Sin embargo, más personas aún esperan que se les haga justicia en cuatro expedientes penales, incluido el vecino de Escazú al que Lobo habría despojado de un terreno con la promesa de entregar tres casas de madera chilena y un pago en efectivo de $30.000. Este es el que caso por el que se dictó la orden de captura.
El denunciante, de 68 años, lucha por recuperar una propiedad valorada en $90.720, ubicada en Turrubares, la cual, presuntamente, fue traspasada de forma ilegítima por el sospechoso.
“El que anda en esas comienza a conocer el sistema, sabe cuáles son las rendijas por las cuales el tema se filtra y entonces generan impunidad. Se valen de la mora judicial y todo este entuerto para generar impunidad. Esto contribuye en buena medida a la delincuencia, porque la impunidad genera delincuencia, porque no hay consecuencias”, lamentó, en entrevista con La Nación, el denunciante de apellido Martínez, tras múltiples intentos de llevar a Lobo a los tribunales.
Todo esto ha sido muy doloroso, porque no es solo el valor del dinero. Es un dinero que yo me gané con muchísimo trabajo
— Educadora que asegura haber sido estafada por oferta de una casa
En varios casos en los que Jorge Alexánder Lobo figuró como imputado, las denuncias tardaron más de una década en llegar a juicio y la demora llevó a que, por ejemplo, en febrero del 2022, un juez dictara el sobreseimiento definitivo por la prescripción de varios delitos de estafa, los cuales estaban acumulados en un mismo expediente.
El anuncio en un periódico y una primera sentencia 13 años después
El 14 de febrero del 2022, Lobo fue condenado por estafas cometidas 13 años antes. La causa reunió seis expedientes en el legajo 09-008521-0369-PE, aunque dos de los hechos prescribieron. Por ello, se le condenó por cuatro casos y se le dictó sobreseimiento en dos.
La primera de las estafas que culminó en sentencia se remonta a mayo del 2009, cuando una mujer observó en un periódico de circulación nacional un anuncio sobre la venta de un vehículo Suzuki modelo 2007. Interesada en la oferta, se comunicó con Lobo, quien entonces se presentó como propietario del automóvil.
El hombre le aseguró que se dedicaba a la importación de vehículos desde Estados Unidos y le explicó que debía cancelar ¢4.563.000 para adquirir un carro traído desde ese país. La víctima entregó la suma en efectivo y, además, como estaba interesada en vender su Toyota Corolla, valorado en ¢3,5 millones, otorgó a Lobo un poder especial para que se encargara de concretar la venta.
Los meses pasaron y la mujer nunca recibió el vehículo por el que había pagado. Entre reclamos, Lobo alegaba que el automóvil estaba por llegar al puerto de Limón y que, posteriormente, era necesario realizarle algunas reparaciones antes de entregárselo.
La sentencia detalla que Lobo no solo no le dio el carro prometido, sino que, aprovechando el poder especial, vendió el Toyota Corolla de la víctima a un tercero sin que la propietaria recibiera pago alguno por la transacción.
Se conocieron en instalación de alarma
La misma sentencia recoge otro caso ocurrido entre el 2009 y el 2010, en el que cuatro personas habrían sido víctimas de estafa. Tres hombres entraron en contacto con él mientras instalaban una alarma de seguridad en una vivienda en Santo Domingo de Heredia, donde se encontraba el hombre.
Durante ese encuentro, Lobo volvió a presentarse como importador de vehículos y les propuso un negocio similar. Según la acusación, convenció a los interesados de que le entregaran sus automóviles para venderlos y utilizar ese dinero en la importación de los nuevos vehículos desde Estados Unidos. Ellos accedieron.
A la oferta se sumó una amiga de los trabajadores, quien también manifestó interés en adquirir un vehículo y entregó $4.230 de adelanto, en vez de un automóvil, como lo hicieron sus amigos. El caso de esta mujer fue uno de los que prescribió.
Víctima encontró su vehículo a la venta en un lavacar
Meses después, Lobo aseguró a los técnicos que ya había concretado la venta de los automóviles, lo que supuestamente generaría recursos para importar los nuevos carros. Sin embargo, uno de los propietarios encontró su vehículo en un lavacar de Heredia con un rótulo de venta y, tras el reclamo, el imputado accedió a devolvérselo y se comprometió a reintegrar el dinero al resto.
Le devolvió el vehículo al técnico que hizo el hallazgo en el lavacar, pero a los otros dos no.
Les dio carros de otras personas
En un intento por calmar las sospechas, Lobo entregó a dos de las víctimas dos vehículos para que los utilizaran temporalmente mientras llegaban los que supuestamente estaba importando; sin embargo, poco después, los ofendidos fueron abordados por terceras personas que reclamaban ser los propietarios de esos carros.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado nunca importó los vehículos prometidos ni devolvió el dinero obtenido mediante la venta de los automóviles de las víctimas.
En tanto, la mujer que dio los $4.230 de adelanto no recibió el dinero de vuelta ni el carro nuevo.
El mismo esquema se repitió a finales del 2013 con un hombre que afirmó conocer a Lobo desde la infancia, y que le entregó $5.000 para la supuesta importación de un carro. Como el resto, también le entregó su propio vehículo para que Lobo lo vendiera.
En este caso, el perjuicio económico ascendió a $5.000 y ¢700.000 que el ofendido entregó para presuntos trámites aduaneros. Además, se suman aproximadamente ¢2 millones más por el valor del carro, cuyo dinero de la venta no recibió.
Fallecido antes de la sentencia
En este mismo fallo, consta un caso más, en el que la víctima falleció antes de obtener justicia. Se trataba del administrador de un restaurante de comida rápida ubicado en Heredia, quien murió en julio del 2018, cuatro años después de haber denunciado ser estafado por Lobo mediante el mismo esquema del vehículo.
En este caso, el condenado también convenció al ofendido de que importaba frutas desde Chile y de que podía desarrollar un negocio de distribución en Costa Rica. Para ello, la víctima se endeudó por ¢1,4 millones para comprar un camión que, de acuerdo con Lobo, sería importado y utilizado para comerciar la fruta, así como ¢4 millones para sufragar impuestos.
Ninguna de las promesas se concretó y el perjuicio económico fue de ¢5.620.000, más $250.
Los otros dos casos que prescribieron
En uno de los casos que se declararon prescritos, el Ministerio Público aseguró que el ofendido entregó a Lobo, el 9 de diciembre del 2011, un cheque por ¢2 millones únicamente como garantía para la supuesta importación de una Nissan Murano, advirtiendo de que el cheque no debía cobrarse ni hacerse efectivo.
Sin embargo, horas después, la víctima descubrió que Lobo había utilizado ese mismo documento para saldar una deuda personal con un tercero. Cuando le reclamó, prometió recuperar el cheque y devolvérselo, pero ello nunca ocurrió.
En cuanto al otro caso que se declaró prescrito, la Fiscalía acusó que, a inicios de setiembre del 2011, Lobo contactó por teléfono a un ingeniero forestal y se presentó como importador de madera de pino desde Chile. Durante una reunión posterior aseguró que además importaba vehículos y que se dedicaba a la compra y venta de lotes.
Según la acusación, logró ganarse la confianza del profesional al afirmar que contaba con un equipo de asesores legales especializados. Le ofreció gestionar la inscripción de tres propiedades que el ingeniero y un socio mantenían sin registrar. Para ello, la víctima depositó a Lobo $4.000.
Paralelamente, la hermana del ofendido acordó comprar un vehículo Chevrolet Tracker importado por Lobo y le depositó ¢2 millones como adelanto.
Sin embargo, según el Ministerio Público, ninguna de las promesas se cumplió. Las propiedades nunca fueron inscritas, el vehículo jamás fue entregado, y cuando las víctimas intentaron localizar a Lobo para obtener explicaciones, no lograron ubicarlo.
Denuncia sobre las casas chilenas
Un año después de que se le otorgó la ejecución condicional de la pena, Lobo habría contactado a otra vecina de Heredia, cuyo caso se tramita en el expediente 23-001833-0369-PE por un presunto delito de estafa mayor. La mujer asegura haber perdido ¢21 millones.
Esta presunta víctima narró a La Nación que conoció a Lobo en el 2023, luego de que ella decidió jubilarse tras 35 años de trabajo en el sector educativo, y el hombre se presentó como representante de una empresa chilena denominada Casas Urbina.
Amable y convincente, dijo, le mostró un catálogo con distintos modelos de viviendas prefabricadas que, aseguró, podía personalizar a su gusto y serían importadas desde Suramérica.
Entre abril y mayo del 2023, la mujer le transfirió a Lobo ¢21 millones en tres desembolsos por una casa y sus respectivos costos de traslado, pero las sospechas de una supuesta estafa comenzaron a inundarla poco después, cuando Lobo se comenzó a comportar evasivo y ella no tenía prueba de que la casa estaba en camino.
Hacía más de 20 años no se producían las casas
La inquietud de la denunciante aumentó cuando, junto con uno de sus hijos, contactó a la empresa fabricante de las viviendas y la compañía confirmó que llevaban muchos años de no vender casas como la que había adquirido.
“No tenemos venta de formato de kit prefabricable. Aunque nuestra empresa fue pionera en comercializar este tipo de formato en Chile durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, hace más de 20 años que dejamos de realizar ese tipo de proyectos”, manifestó una representante legal.
Según la víctima, el hombre envió comprobantes falsos de embarque y, aun cuando ella reclamaba por su dinero, el sujeto continuaba enviando opciones de diseño para la vivienda, pese a que nunca tuvo intención de entregarla.
“Todo esto ha sido muy doloroso, porque no es solo el valor del dinero. Es un dinero que yo me gané con muchísimo trabajo. Esa es la sensación que a uno le queda: que hubo un abuso muy grande. Soy una mujer sola y uno siempre necesita sus ahorros; nunca sabe qué puede pasar en el futuro”, expresó.
“Yo quiero que me pague. Yo no puedo perder esa plata”, aseguró.
Por esta causa, casi tres años después de presentada la denuncia, la Fiscalía Adjunta de Heredia formuló, el pasado 25 de mayo, una acusación formal contra Lobo. El ente señaló que existen elementos suficientes para sostener, “con probabilidad razonable”, que él es autor responsable del delito.
Por esa razón, el Ministerio Público solicitó elevar el caso a juicio.
La condena que está en apelación
Apenas el 13 de enero del 2026, Lobo fue condenado en primera instancia por segunda ocasión mediante un procedimiento especial abreviado, esta vez por tres delitos de estafa que se investigaron en el expediente 17-000224-0369-PE y que sumaron seis meses de prisión.
Este legajo reunió tres causas por estafas relacionadas con la compra y venta de vehículos que ocurrieron entre junio del 2016 y julio del 2017, periodo durante el cual tres víctimas desembolsaron, en conjunto, ¢4.580.000.
El Poder Judicial confirmó que esta sentencia ya pasó por un Tribunal de Apelación y que ahora está sometida a un recurso de casación, por lo que aún no está en firme.
Presunta estafa con un traspaso de terreno
En otro caso que se tramita en el Tribunal de Pavas, un vecino de Escazú asegura que conoció a Lobo a finales de la década pasada y que habría traspasado de forma ilegítima un terreno suyo, valorado en $90.720.
Este expediente, el 19-000459-0283-PE, lleva más de siete años judicializado, lo que para el denunciante, de apellido Martínez, ha sido engorroso y lo ha llevado incluso a plantearse renunciar a la causa.
Aunque interpuso la denuncia en abril del 2019, la primera audiencia preliminar se programó para el 30 de noviembre del 2022 y fue suspendida. Dos audiencias más se aplazaron por incapacidades del sospechoso y, en una última, efectuada el 15 de junio del 2023, se acordó elevar la causa a juicio.
Posteriormente, entre marzo y diciembre del 2023, Lobo presentó dos incapacidades y no acudió al juicio. En enero del 2025, incumplió un acuerdo de conciliación y, desde entonces, se han suspendido cuatro audiencias de debate, dos de ellas debido a su ausencia en la sala.
Por este caso, el 16 de enero del 2026, el Tribunal Penal de Pavas dictó una orden de captura en contra de Lobo, la cual se mantiene activa, y el caso no puede continuar hasta que su eventual detención se materialice.
En este expediente también figura como investigado un notario de apellido Breedy, quien, de acuerdo con el denunciante, habría participado junto a Lobo en las gestiones que permitieron el traspaso de su propiedad.
Los hechos ocurrieron en el 2018, cuando Lobo contactó a Martínez para manifestarle su interés en adquirir su terreno de 7.560 metros cuadrados ubicado en el cantón de Turrubares. Según la denuncia, Lobo también se presentó como representante de una empresa chilena dedicada a la fabricación de casas tipo chalet.
Martínez afirma que acordó vender el terreno a este hombre a cambio de tres casas prefabricadas de pino chileno valoradas cada una en $10.000 y el pago adicional de $30.000.
En ese momento, el terreno estaba inscrito ante el Registro Nacional a nombre de una sociedad anónima que actuaba como fiduciaria en un contrato de fideicomiso, el cual impedía traspasar la propiedad sin la autorización expresa del fideicomitente, facultad que recaía en Martínez.
Según consta en la denuncia, el notario sugirió firmar la escritura de traspaso y aseguró que no la presentaría para inscripción hasta que Lobo cumpliera con lo pactado. Una vez concretado el negocio, Martínez entregaría la autorización necesaria para sacar la propiedad del fideicomiso y formalizar el traslado registral.
La víctima asegura que firmó la escritura, aunque conservó en su poder la carta de autorización como fideicomitente. Pese a ello, sostiene que fue “inducido al error”, pues el notario habría presentado la escritura ante el Registro Nacional y el 19 de junio del 2018 la propiedad quedó inscrita a nombre de Lobo Ramírez, a pesar de que no existía autorización para retirarla del fideicomiso y tampoco había cumplido con las casas y el dinero.
Desde entonces, afirma Martínez, Lobo lo inundó de excusas y promesas incumplidas.
El notario Breedy argumentó que sí se firmó carta de autorización y que él solo intervino como notario, pues no tiene ninguna relación con Lobo Ramírez.
Agregó que, al firmar la escritura, las partes indicaron que la suma fue recibida de conformidad y no tenía conocimiento de otras formas de pago.
Al tiempo que Martínez y otros denunciantes esperan justicia, recién el pasado 24 de abril, ingresó a la Fiscalía de Heredia una nueva denuncia por estafa en contra de Lobo, la cual se acumuló a los otros expedientes aún sin resolver.
*Colaboró el periodista Sebastián Sánchez