La tarde del lunes, fuertes ráfagas de viento, acompañadas de una intensa lluvia, provocaron el colapso de los ventanales de un edificio en pleno centro de San José.
Al menos cinco plantas del inmueble, ubicado 300 metros al oeste de la Asamblea Legislativa, frente al antiguo restaurante Chelles, perdieron partes de su estructura y hoy, delgados mecates sostienen los marcos de las ventanas a las columnas.
La Municipalidad de San José acudió la mañana de este martes al sitio para inspeccionar la edificación y los daños ocasionados en los alrededores.
Roy Allan Jiménez, arquitecto de la gerencia de Gestión Municipal comunicó que el municipio notificó al propietario del inmueble para que proceda a asegurar la estructura y, de esa forma, se garantice la seguridad de los peatones y vehículos que transitan por la zona.
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Asimismo, se le solicitó hacer las reparaciones de la fachada, hacerse cargo de la limpieza de escombros y responsabilizarse por los daños causados a terceros.
“Es importante señalar que al ser esta una estructura privada, corresponde a los propietarios el debido mantenimiento de las estructuras”, afirmó el arquitecto.
Los ventanales cedieron en uno de los 204 edificios, total o parcialmente desocupados, que la Municipalidad de San José contabiliza en los cuatro distritos del cantón central, como consecuencia del vaciamiento de la capital, que se arrastra desde hace más de dos décadas.
El fenómeno de abandono podría ser incluso mayor. En mayo anterior, profesores e investigadores de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de Costa Rica (TEC) analizaron 1.260 predios distribuidos en 100 cuadrantes y concluyeron, en ese momento, que 441 edificios (35%) presentaban un nivel de ocupación parcial o, directamente, estaban en desuso.
“Los funcionarios municipales no pueden simplemente ‘lavarse las manos’ y lanzarle la responsabilidad solamente al dueño del inmueble ignorando la suya, ya que la ley los obliga a atender y evitar esos peligros”, afirmó el abogado penalista Federico Campos ante consultas La Nación.
De acuerdo con Campos, los daños producidos por estructuras “en abandono y en estado ruinoso” también implican una responsabilidad del ayuntamiento, que tiene conocimiento del estado de las estructuras y del peligro que representan para los transeúntes y vehículos.
El abogado asegura que el ente municipal, al no tomar las medidas necesarias para “evitar una desgracia”, genera una responsabilidad civil solidaria, junto con el dueño del edificio, que conlleva a indemnizar los daños o las lesiones producidas con el desprendimiento de estructuras.
