
Dalila Álvarez Álvarez, una exempleada doméstica que prestó sus servicios al acusado Luis Fernando Burgos, no pudo declarar ayer en el juicio por la muerte de la asistente judicial Maureen Hidalgo porque su expatrón le produce “pánico”.
Álvarez, de 23 años, se sintió mal en la sala de testigos y con llanto y semblante tembloroso le dijo a los fiscales que tenía miedo de Burgos y que no se sentía bien para hacer una declaración.
La situación de la muchacha obligó a los fiscales a solicitar la ayuda de las trabajadoras sociales del Poder Judicial, quienes la atendieron.
En la sala de juicio, el fiscal Miguel Abarca le comunicó a los jueces que la exempleada, de origen nicaragüense, no podía declarar por miedo al imputado pues convivió durante varios meses con la pareja y presenció escenas de agresión de parte de Burgos hacia su esposa. Abarca añadió que la testigo también fue agredida por Burgos y que por eso “la fuente de todos sus temores es el imputado”.
Álvarez Álvarez fue despedida por Burgos el lunes 10 de julio del 2006, víspera del asesinato de Maureen Hidalgo.
De acuerdo con la acusación, la víctima fue asesinada en el apartamento del abogado Luis Fernando Burgos, en Zapote, San José, el 11 de julio del 2006.
Ante la indisposición de la testigo, el tribunal dispuso posponer la declaración de Dalila Álvarez para cuando ella se sienta en mejores condiciones, pero sin la presencia de Burgos en la sala.
El juicio en el que se juzga a Burgos se inició el lunes pasado con la declaración de la exfiscal Zulay Rojas, quien figura como coimputada en este juicio. El Ministerio Público la acusa de encubrir el homicidio.
Cargos de agresión. Desde el lunes, cuando se inició el debate, hasta ayer, la fiscalía había presentado cinco testigos.
La madre de la víctima, Vera Mora, y su esposo, Miguel Hidalgo, señalaron a Burgos como una persona fría y agresora de su hija.
El jueves, Marina Hidalgo, hermana de Maureen, y María de los Ángeles Jiménez , prima de la víctima, ratificaron las agresiones y la conducta controladora que exhibía el imputado.
El mismo día en la tarde, el exjuez Carlos Boza se refirió a varias actitudes de control que el abogado Burgos ejercía contra su esposa en el trabajo.
Rechazan gestión. Ayer, el tribunal declaró improcedente una gestión del abogado Henry Vega, (representante de la familia de Maureen Hidalgo) para levantar la prohibición de instalar equipo de video, fotográfico o radiofónico en el recinto.
El tribunal estimó que la medida debe mantenerse para salvaguardar la tranquilidad de los testigos y que la disposición no restringe la libertad de información de los periodistas.
El debate continuará el próximo lunes con las declaraciones del jefe de homicidios del Organismo de Investigación Judicial, Manuel Cabezas, y del fiscal del Ministerio Público Bernal Rodríguez , a partir de las 8:30 a. m.