El presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de cigarrillos de contrabando vivía una vida ostentosa, que se evidenciaba en los seis pick-ups de lujo que le decomisó la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo).
Se trata de un vecino de Cartago, de apellidos Segura Coto, de 38 años, investigado por un contrabando de cigarrillos que, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dejó pérdidas por ¢800 millones en impuestos.
Este detalle trascendió este lunes, luego de que el Ministerio Público le confirmara a La Nación que a Segura se le ampliaron las medidas cautelares que cumple desde marzo del 2024, cuando fue detenido en su casa en Cartago.
Sharon Rodríguez, fiscala coordinadora de la Faedo, explicó a La Nación que el cabecilla de la organización poseía bienes de alto valor que no coincidían con su perfil de comerciante.
Por ejemplo, se le vincula con un negocio de parafinas y sería el propietario de varias bodegas y otros locales comerciales.
Él fue detenido el 19 de marzo, en su casa en el condominio La Nobleza, en Coris de Cartago, luego de 12 operativos que se extendieron a Heredia, Alajuela, San Carlos y Golfito. Las acciones del caso Charuto, ejecutadas por agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (Oecdo), permitieron la detención de siete personas más.
“Es un caso que, a pesar de que no se han tenido últimamente otros de tanto impacto relacionados con el contrabando de cigarrillos, creo que este trascendió en un buen momento para ver este fenómeno criminal y poder estudiarlo”, señaló Rodríguez.
Según precisó, la pesquisa permitió determinar que el grupo contaba con mucho apoyo en transporte y logística por parte de personas de nacionalidad panameña. Además, diferenciaron que el cabecilla obtenía mayores beneficios, con respecto al resto de la organización.
Detalles del caso
Además de Segura, entre los detenidos figuran cinco hombres apellidados Quesada Chavarría, Vega Solano, Delgado Valverde, Chacón Leitón, Quesada Cruz, así como una mujer de apellido Lizano. También se investiga a una funcionaria de Aduanas en Paso Canoas, de apellido Granados.
Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, la investigación fue bautizada como “Charuto” debido a los cigarrillos decomisados durante las pesquisas.
El ocho de agosto un juzgado amplió las medidas cautelares contra los imputados, todos deben mantener domicilio fijo, presentarse a firmar e impedimento de salida del país, según confirmó el Ministerio Público tras una consulta de este medio.
El caso se originó cuando oficiales de la Policía de Control Fiscal (PCF) detuvieron un camión panameño en Río Claro de Golfito que transportaba electrodomésticos declarados, pero ocultaba gran cantidad de cigarrillos de contrabando valorados en $700.000 (¢351 millones).
La investigación posterior reveló que la organización utilizaba sociedades anónimas para simular actividades lícitas como servicios de transporte, comercio de bienes y distribución de parafina, con el fin de lavar las ganancias del contrabando.
El 1.° de setiembre de 2023, las autoridades decomisaron a esta estructura 4,5 millones de unidades de cigarrillos distribuidas en 451 bultos, cada uno contenía 10.000 cigarrillos.
En apariencia, la operación funcionaba mediante coordinación con organizaciones criminales panameñas que gestionaban el envío de mercancía hasta la frontera, donde presuntamente la funcionaria Granados facilitaba el ingreso al territorio nacional. Posteriormente, el grupo almacenaba la mercancía en bodegas para su distribución.
La fiscala Rodríguez indicó que la organización representa un caso significativo: “Tal vez no se le ha dado la publicidad que podría tener en comparación con los casos de narcotráfico y delincuencia organizada, que es lo que generalmente sale a la opinión pública”, no obstante, consideró que esta investigación sirve para dimensionar la problemática del contrabando que muchas veces va asociado a otras actividades como tráfico de drogas.
Sobre el plazo para presentar la acusación, la fiscal dijo desconocer para cuándo podría concretarse, pero explicó que considerando las medidas cautelares que tienen los imputados, deben hacerlo antes de que venzan.
El avance de este expediente también fue reseñado en el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía especializada, presentado la semana pasada en el Poder Judicial.
