Autoridades judiciales allanaron durante las primeras horas de la mañana a vivienda de la imputada, a quien atribuyen “un patrón delictivo continuado que afectó a más de 50 personas con un perjuicio económico superior a los $32.000″, es decir poco más ¢15 millones al tipo de cambio actual.
Según los investigadores, Rodríguez Murillo, de 38 años y madre de tres menores de edad, residía en condominios de clase media alta, un nivel de vida incompatible con las actividades laborales conocidas o ingresos declarados.
Las autoridades presumen que estos gastos podrían estar directamente relacionados con los beneficios económicos obtenidos a través de las estafas investigadas.
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Reincidente
De acuerdo con la pesquisa, Rodríguez Murillo ya había sido investigada por hechos similares durante el 2023 y 2024 utilizando el mismo modo de operar: ofrecía reservaciones en hoteles reconocidos a cambio de pagos por adelantado y posteriormente cancelaba las estadías con diversas excusas.
Las autoridades encontraron en la mayoría de denuncias un patrón similar, en donde la imputada usaba un perfil de Facebook para publicitar los supuestos paquetes turísticos en reconocidos hoteles de playa y otros establecimientos. Las personas interesadas contactaban por la red social a la mujer y luego la comunicación seguía por WhatsApp para coordinar estadías, precios y pagos.
Los montos defraudados oscilan entre los $800 por denunciante, con un total estimado superior a 85 reservaciones falsas que generaron un perjuicio aproximado de $32.000.
El patrón de engaño incluía el uso de comprobantes falsos y números de confirmación reciclados. Un día antes del ingreso a los hoteles, la sospechosa informaba a las víctimas sobre un supuesto “error” que impedía la estadía, tras lo cual prometía compensaciones futuras que nunca cumplía.
Del testimonio recaudado por los agentes judiciales, se estableció que cuando los denunciantes solicitaban reintegros, Rodríguez Murillo aplazaba las fechas de devolución con excusas como problemas bancarios o dineros procedentes del extranjero, con lo cual hacía que las víctimas perdieran el interés en recuperar su dinero.
Los investigadores presumen que existe una cifra oculta significativa de personas afectadas que no han formalizado denuncia, lo que sugiere que el impacto real del perjuicio económico podría superar lo documentado hasta ahora.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de haber sido víctima de una situación similar, se presente ante el Ministerio Público de Heredia o cualquier delegación del OIJ para formalizar la denuncia.
