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Pasta de tomate, fajitas de maíz tostadas y mucho queso rallado: esta es la lista de ingredientes de una sopa azteca para las cárceles del país, que costó ¢63 millones a Adaptación Social, según la seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional.
El sindicato reclamó por ese gasto pues asegura que, aunque presos y funcionarios se deleitaron con ella, no estaba incluida en el presupuesto.
La agrupación afirmó que la sopa fue la salida que usaron los encargados de la alimentación para evitar que se botase una gran cantidad de pasta de tomate que estaba a punto de caducar.
Según su reclamo, el vencimiento de ese y otros productos se debe a un desorden con las compras de alimentos en la entidad.
Además, aseguró que, después de todo, la pasta de tomate sí se venció y que, por ello, la institución tuvo que realizar una nueva compra para reponer el producto y preparar comida.
No obstante, autoridades del Ministerio de Justicia refutaron que se haya realizado una segunda adquisición.
Eugenio Polanco, viceministro de esa cartera y director de Adaptación Social, arguyó además que nunca se cocinó dicha sopa. “Con costos estamos para darles alimentación básica a los privados de libertad. No sé de dónde saca la información el sindicato”, dijo Polanco.
El funcionario reconoció que sí había una cantidad de pasta de tomate a punto perecer.
“En enero se pidió que se consumiera porque debía ser preferiblemente antes de su fecha; se vencía como entre marzo y abril”, dijo el viceministro.
Según Polanco, luego de ser aprovechada en diferentes platillos, quedaron 960 kilos que sí se vencieron; pero alegó desconocer cuál era el costo.
Mientras, el gremio asegura que el desperdicio fue de 1.200 paquetes de cuatro kilos cada uno.
De acuerdo con sus datos, cada kilo tiene un costo de ¢3.090.
Controversia. A su vez, Martha Eugenia González, vicepresidenta de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), afirmó que cuando los encargados de la alimentación se dieron cuenta de que la mezcla de tomate caducaría, ordenaron gastarla en la sopa.
“Se vence la pasta, y entonces resulta que deben comprar otra vez porque ya habían comprado las tortillas y el queso”, manifestó la funcionaria.
Según el informe de ese grupo, el gasto fue: ¢50,3 millones en queso, ¢915.000 en tortillas y ¢11,8 millones en la nueva compra de pasta de tomate.
Manuel Fernández, director administrativo de Adaptación Social, sostuvo que no hubo segunda compra, sino que, tras un análisis técnico, al producto se le dio un periodo de gracia.
Alegó que tampoco era obligatorio cocinar sopa azteca.
Fernández añadió que la gran cantidad de pasta de tomate se adquirió a finales del año pasado con el fin de que alcanzara para los primeros meses de este año.
Polanco, por su parte, justificó esa decisión en que el Ministerio de Hacienda entrega el presupuesto en tramos. “Entonces, lo que se hace es comprar un poco más en el último trimestre para cubrir”, argumentó.
Alertas. Los miembros del sindicato sostuvieron que hay otros productos que expiraron.
El 5 de julio, Freddy Zúñiga, funcionario del área de nutrición, realizó un análisis en el que, dijo, halló que la mantequilla y el ponche de frutas en la cárcel La Reforma también expiraron.
Según Zúñiga, como las compras se realizan en las mismas fechas, los productos de otros centros también están vencidos.
