EscucharEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) otorgó la cédula tica, desde el 16 de mayo del 2003, a una mujer cubana que este lunes se declaró culpable en Estados Unidos por introducir de manera ilegal a ese país a ciudadanos de la Isla.
Mercedes Morera Roche, de 49 años, obtuvo la nacionalidad por naturalización luego de estar casada con un tico (cuya identidad no fue suministrada) entre el 9 de mayo de 1997 al 3 de marzo del 2003, fecha en que se divorciaron.
Luis Antonio Bolaños, oficial mayor del Registro Civil, explicó que la mujer además cumplió con el requisito de permanecer en territorio costarricense durante un plazo de dos años, condición que exige la legislación para que un extranjero obtenga la cédula costarricense.
Morera se volvió a casar el 17 de mayo del 2011 con otro ciudadano cubano, de apellido Sarjonse, quien ostentaba la ciudadanía costarricense desde el 2006.
Antecedentes. El nombre de Mercedes Morera comenzó a tomar relevancia desde el 2004. El 15 de mayo de ese año, las autoridades panameñas la detuvieron en el aeropuerto internacional de Tocumen, en el momento en que estaba realizando los trámites migratorios para enviar a Estados Unidos a ocho ciudadanos cubanos.
El 23 de junio de ese mismo año, fue aprehendida de nuevo, pero por autoridades costarricenses en el puesto de Paso Canoas, frontera con Panamá, cuando portaba siete pasaportes de ciudadanos cubanos cuyos nombres no coincidían con los suministrados por los extranjeros, informó en aquel entonces la Policía de Migración.
Posteriormente, en una fecha que no fue posible verificar, Morera fue arrestada nuevamente en Panamá, de donde las autoridades la deportaron hacia Estados Unidos el pasado 21 de agosto, pues la mujer debía afrontar un proceso en la Corte del Distrito Sur de Florida.
El lunes pasado, el fiscal federal Wifredo A. Ferrer anunció que Morera aceptó el cargo de contrabando de más de 25 migrantes indocumentados procedentes de Cuba.
En su declaración, la mujer reconoció que entre 2004 y 2011 operó una red de tráfico de personas, por medio de la cual proporcionaba documentos de identidad y de viaje fraudulentos, escoltas y ubicaciones de casas de seguridad para facilitar el viaje ilícito por vía aérea.
En otros casos, también reconoció que coordinó el contrabando de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, pero por tierra.
La implicada detalló que el cobro para cada persona interesada en migrar era de hasta $ 10.000.
Está previsto que en este caso se dicte una sentencia el próximo 11 de diciembre, por parte de la jueza federal Úrsula Ungaro M.
