Por haber cometido un robo agravado, un hombre fue condenado a pasar cinco años en la cárcel.
Sin embargo, él no descontará su pena en prisión porque el Tribunal Penal de San Carlos decidió imponerle el uso de una tobillera electrónica, como medida sustitutiva.
Por esta razón, el reo, de 27 años, acudió el 10 de enero pasado al Ministerio de Justicia y Paz para que le colocaran el dispositivo.
Como él, otras 240 personas que fueron condenadas o enfrentan cargos por el delito de robo agravado no están en prisión, porque un juez les permitió usar el mecanismo electrónico.
De acuerdo con el artículo 213 del Código Penal, será agravado el robo que se cometa con violencia sea mediante el uso de armas, o cuando para concretarlo se perfore o rompa una pared, techo o ventana.
Pero los 240 presidiarios citados no son los únicos, pues hasta el martes 9 de enero, había 528 reclusos bajo ese sistema, que se estrenó en Costa Rica en febrero del año pasado.
Esas cifras revelan que los principales usuarios (45%) de ese dispositivo son personas ligadas al robo agravado, delito que se sanciona con penas que van desde los cinco hasta los 15 años de cárcel.
Les siguen personas vinculadas con infracciones a la la ley de psicotrópicos (186 beneficiados); luego desobediencia y abuso de autoridad (55); y abuso sexual (13).
La información fue confirmada por el Ministerio de Justicia y Paz, que tiene a cargo la colocación y el monitoreo de cada uno de esos condenados o sospechosos que recibieron el beneficio de no ir a prisión.
Explicación
El hecho de que personas vinculadas a este delito sean las más favorecidas con el uso de la tobillera tiene una razón de ser para el juez William Serrano, del Tribunal Penal de San José: en Costa Rica, el 50% de los casos que se ven a nivel penal son por robo agravado.
"Si en el país la mayoría de las personas se apellidan Rodríguez, es muy probable que el porcentaje de detenidos con ese apellido sea mayor por un tema de proporción", ejemplificó el juzgador.
El funcionario advirtió de que también dependiendo del tipo de robo agravado es que se puede otorgar el uso del dispositivo.
Según la ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, la persona puede usar la tobillera siempre que tenga una pena menor a los seis años, sea primario (no tenga antecedentes), no haya usado armas de fuego o el delito no sea grave.
Si es un indiciado (en espera de juicio), cualquier reo, sin importar su delito, puede acceder al dispositivo, debido a un vacío de esa misma norma.
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"Si es un robo con arma, no se puede permitir ese monitoreo; si es un robo a una casa cuando los dueños no estaban y solo hizo fuerza sobre las cosas, sí se le podría dar el mínimo de la pena y así podría usar el aparato.
"Al menos desde un Tribunal de Juicio, esos parámetros deben respetarse por ley", aseguró Serrano.
El problema, agregó, es que la ley de mecanismos electrónicos no establece cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona que ya está descontando su condena en prisión y que desea cambiar su medida a una menos lesiva, como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
El artículo 486 bis de la normativa señala que la persona podrá sustituir la prisión por la tobillera siempre que "sobrevengan situaciones en la ejecución de la pena que ameriten el resguardo del principio de humanidad".
En palabras de Serrano, eso deja "muy a criterio del juez" la decisión. "Uno hace una lectura; otros hacen otra. No se deja claro qué es el principio de humanidad, por lo que pueden cambiarle la medida a alguien condenado a 20 años de prisión por narcotráfico, a tan solo un día de que este ingresara a cárcel", detalló.
‘No estamos por la libre’
Aunque la ley no estipule requisitos puntuales para los reos que ya descuentan prisión y buscan cambiar su medida, Mario Rodríguez, juez coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, aseguró que todo lo que se brinda está respaldado y justificado.
"La ley nos dice tres cosas: hay que ver los casos de mujeres embarazadas; los casos de adultos mayores a los 65 años y el principio de humanidad. Este último es el más abierto en un momento donde los centros están hacinados.
"Pero no es tan fácil porque la Fiscalia está encima de los casos en los que se autorizan el cambio de medida y si ven algo irregular, apelan. No es que estamos por la libre", indicó.
En ese sentido, agregó que cerca del 90% de los expedientes que autorizan el uso de la tobillera salen de los Tribunales de Juicio. "Y lo hacen bien porque se cumplen los requisitos estipulados.
"Entonces, aunque se vea una cifra grande de beneficiados por robo agravado y aunque sea un delito castigado con penas de hasta 15 años, no todos van a recibir la pena más alta", aseguró.
Por medio de un correo electrónico la Fiscalía se pronunció: "El control con monitoreo electrónico sí representa una buena alternativa a la prisión, evidentemente con las mejoras y ajustes que se tienen que ir dando al sistema de control y seguimiento de las personas sometidas al mismo".
Agregó: "Si un Tribunal, al momento de condenar a una persona acusada por un delito de robo agravado, impone una pena de seis años o menos, el Código Penal establece que se puede aplicar esa pena sustitutiva".
Justicia dice que es 'exitoso'
A casi un año de la implementación del plan de monitoreo electrónico, el Ministerio de Justicia y Paz considera que el proceso ha sido "exitoso".
Según Manuel Delgado, jefe de la Unidad de Vigilancia Electrónica, para lograrlo han tenido que mejorar la comunicación con el Poder Judicial y hacerle correcciones tecnológicas al dispositivo.
"Hemos llegado a un nivel de éxito tal que lo consideramos como un centro penal en cantidad de beneficiados, pero que opera con menos recursos", comentó Delgado.
Por ejemplo la cárcel Marcus Garvey, en Limón, tiene una capacidad máxima de 488 reclusos, pero su población al 17 de enero era de 683 privados.
El costo diario por tobillera es de $17.
En aumento
En un principio, la idea era comenzar con cerca de 200 tobilleras. Empero, la demanda superó por mucho lo esperado.
A este martes 9 de enero, había 528 aparatos activados.
Delgado aseguró que ese incremento se pudo cubrir "perfectamente", luego de que se inyectara presupuesto.
"Nosotros habíamos calculado 200 aparatos porque, mientras se hacían todos los pormenores de la ley, solo nos habían llegado 87 solicitudes, pero se disparó", dijo.
Para este año, tienen previsto cerrar con 800 dispositivos. "Pero, si se pasa de ese número, igual los asumimos. Todo depende de lo que nos manden los Juzgados", concluyó.