Desde una casa en Zapote, que era utilizada como call center, una red de delincuentes generaba llamadas a clientes bancarios para vaciarles las cuentas.

Agentes del OIJ y la Fiscalía Adjunta de Fraudes allanaron la mañana de este martes siete viviendas y detuvieron a diez personas sospechosas de varias estafas cometidas contra cinco clientes del Banco Nacional, a los que sustrajeron un total de ¢50 millones.

El grupo era liderado por un jamaiquino de apellidos Salman Denham, alias “Kartel Low” quien tenía como cómplices a siete mujeres y tres hombres, entre ellos dos coterráneos suyos.

Ellos se encargaban de llamar a los dueños de las cuentas simulando ser empleados bancarios y así conseguían que incurrieran en un error y les brindaran sus datos personales, lo que les permitía hacer transferencias de los fondos hacia cuentas de terceros.

Las estafas que se investigan empezaron a inicios de año, informaron la Fiscalía y el OIJ.

Los siete allanamientos ocurrieron desde las 6 a. m. en casas de San Sebastián, Zapote, Alajuelita, el centro de Curridabat y Granadilla, en San José; así como en Tres Ríos, de La Unión.

En Granadilla, por ejemplo, los detenidos tenían vehículos de lujo y cuadraciclos y alquilaban desde hace poco en un condominio de la zona.

Las mujeres detenidas son de apellidos Rivera Corrales, Briceño Cruz, Johnson Needham, Brown Baltodano, Núñez Otárola, Porras Martínez y Castro Salazar.

Un hombre de apellidos Núñez Rivera, cuya cuenta era una de las usadas para direccionar los fondos, también quedó detenido, lo mismo que otro apellidado Martínez Peraza.

La jefa de la Sección de Fraudes del OIJ, Karla Chinchilla, dijo que los afectados notaban en su celular que la llamada era del banco, pero eso se debe a que la banda enmascaraba los verdaderos números como un ardid más.

Chinchilla agregó que la banda del jamaiquino operaba con un sistema denominado ingeniería social.

No se descarta que otras tres personas también hayan sido afectadas por este grupo. Si se confirma este dato, el monto de lo estafado podía ascender a ¢105 millones.

La investigación comenzó hace seis meses y se estableció que el líder, de 36 años, tenía varios años de residir en el país y había consolidado un grupo donde algunos miembros conseguían bases de datos, algunas mujeres se dedicaban a hacer las llamadas y otros ponían las cuentas a las que se desviaban los fondos robados.

Los operativos permitieron a los oficiales decomisar teléfonos inalámbricos, celulares, cajas configuradoras de números de teléfonos, bases de datos y dinero en efectivo; además, se ubicó marihuana y elementos para la dosificación de la droga.

A los imputados se les tomará la declaración indagatoria en las próximas horas y luego serán puestos a las órdenes del Juzgado Penal, para la respectiva solicitud de medidas cautelares.

El caso continúa en investigación 19-025616-042-PE.

Esta vez las llamadas no se originaron desde cárceles, como ha sido usual, sino desde fuera, por lo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advierte a la ciudadanía para que bajo ninguna circunstancia revele datos confidenciales vía telefónica o por correos y más bien les alerte al 800 8000 645 cuando sospechen de estafa.

Plan golpeó estafas desde cárceles

Debido al lento avance del proyecto para bloquear la señal telefónica desde los centros penitenciarios y lo creciente de las estafas con la modalidad de ingeniería social, la Policía y las operadoras telefónicas impulsaron un plan para inhabilitar líneas.

Fue así como en el segundo semestre de este año las operadoras lograron inhabilitar las líneas usadas desde La Reforma y otros centros penales en una estrategia desarrollada con el Ministerio Público, la Policía Judicial, el Ministerio de Justicia y la Asociación Bancaria Costarricense.

Gracias a eso, según datos del OIJ, las denuncias pasaron de 228 en mayo a solo 85 en octubre.

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Las estafas surgen ahora desde fuera de la cárcel, donde la Policía tiene más posibilidades de identificar y personalizar a los sospechosos, así como de realizar los allanamientos para su captura.

Se espera que las estafas y otros delitos que se originan por llamadas desde las cárceles se reduzcan al máximo o desaparezcan con el bloqueo de la señal en los centros penitenciarios, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa desde mayo del 2018 y cuya aplicación aún está en proceso de aplicación.