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Un presunto fraude para quedarse con una herencia de 100 millones de rublos, cerca de $1,5 millones, es la razón por la cual la Federación de Rusia gestiona extraditar a un empresario turístico, que estaba radicado en Jacó, Puntarenas.
El imputado es Igor Vladimirovich Grigorenko, de 45 años, quien desde el 7 de febrero está preso en la cárcel La Leticia en Pococí, Limón, en espera de que el Tribunal Penal de Quepos, resuelva la solicitud de Rusia.
A Grigorenko, la Fiscalía de su país le atribuye, la supuesta creación, en conjunto con otras personas, de una serie de préstamos falsos para evitar que el patrimonio de su padre quedara en manos de su madrastra y otros familiares.
El padre murió de forma violenta en Costa Rica, cuando visitaba al hijo.
El proceso judicial se tramita en el Tribunal de Distrito de Anninsky, en la ciudad de Vorónezh, que es la capital de la región de Chernozemie. Se trata de un poblado de Rusia Central, habitado por un millón de personas.
Desde prisión, Igor Grigorenko negó los cargos con los que se le vinculan. También expresó sus temores de que en la ciudad de Vorónezh no le sean respetados sus derechos, pues dice que ese pueblo “es famoso por la corrupción y tortura de privados de libertad”.
Mauricio Brenes Loaiza, abogado que representa al foráneo, dijo que el primer cuestionamiento que plantearon fue la traducción oficial que sustenta la gestión de extradición, pues contiene términos sin concordancia con el supuesto delito cometido.
“Aquí no se está peleando el fondo (el delito atribuido en Rusia) sino por la forma, que no cumple con todos los requisitos que se pide para una extradición. La traducción es muy deficiente. Estamos a la espera del fallo del Tribunal de Quepos, pero todavía nos queda la opción de una impugnación ante el Tribunal de Apelaciones de San Ramón", afirmó Brenes.
El 10 de mayo, el juez Hernán Moya Ureña resolvió que en el documento sí se entienden cuáles son los hechos investigados en Rusia, aunque admitió que algunas palabras de la traducción no guardan relación.
Crimen de turista
El proceso judicial que generó la captura del empresario ruso, surgió poco después del homicidio de Vladimir Grigorenko de 60 años, (padre de Igor) ocurrido el 10 de diciembre del 2013, en condominios La Reserve, en Herradura de Garabito, Puntarenas.
La víctima visitaba a su hijo Igor, pero por razones que se ignoran tuvo una discusión con un estadounidense de apellido Carrizosa, que le propinó tres balazos.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó de que el conflicto se originó porque Vladimir Grigorenko comenzó a tirar electrodomésticos por la ventana desde uno de los condominios.
Un vecino trató de calmarlo pero, al parecer, Grigorenko se le tiró con un arma blanca, por lo que el vecino sacó un arma de fuego y le disparó. Según el OIJ el fallecido presentaba tres impactos de bala, uno en el brazo, otro en el muslo izquierdo y uno en el abdomen.
Carrizosa resultó sobreseído, pues se determinó que actuó en defensa propia.
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Casi un año después del homicidio, en noviembre del 2014, se presentó en un Tribunal de Distrito de Anninskys en Vorónezh, un proceso para que un juez dilucidara el destino del dinero que poseía Vladimir Grigorenko, también empresario.
En los documentos de extradición aportados por Rusia, se menciona que ante los tribunales de esa nación se presentaron diversas personas que dijeron haber dado préstamos a Vladimir Grigorenko y por tanto reclamaban el pago de los créditos con la herencia. Las presuntas deudas sumaban más de 100 millones de rublos.
Viuda cuestionó fallo
En el 2015, un juez de Anninsky, llamado Viktor Ilyinsky, admitió la autenticidad de los reclamos, según publicó la página digital Crime Russia el 5 de noviembre del 2017.
Sin embargo, Irina Korobova, viuda de Vladimir, no aceptó la decisión del juez y denunció ante la Fiscalía de Vorónezh “el robo de la herencia que dejó el empresario Vladimir Grigorenko”, dice la nota periodística.
La Fiscalía dio trámite a la denuncia y un investigador determinó de que los documentos que acreditaban los préstamos habían sido falsificados.
El juez Ilyinsky, que había dado los documentos por auténticos, negó haber cometido un delito diciendo que basó su decisión en un análisis del Centro de Ciencias Forenses de Vorónezh, añadió Crime Russia.
En la documentación, que consta en el expediente de extradición 19-000004-016-PE que está en trámite en el Tribunal Penal de Quepos, se atribuye a Igor Grigorenko, presuntamente, simular los préstamos para quedarse con la herencia.
Al empresario se le atribuye el delito de fraude, que es sancionado con una pena de prisión de hasta 10 años, según el artículo 159, apartado 4 del Código Penal de la Federación de Rusia.
‘Me quieren torturar’
“El plan del investigador es muy simple: traerme a Rusia, meterme en una celda de presión, para torturarme hasta que firme una declaración de que soy culpable y, en caso de que resista, me van a matar”.
Igor Grigorenko narró desde la cárcel La Leticia, en Pococí, su temor a ser extraditado a Rusia.
"En los últimos 30 años la situación se mejoró en Moscú y San Petersburgo, pero en pequeñas ciudades como Vorónezh, donde están investigando mi caso, los métodos de trabajo de investigadores y de la Fiscalía no han cambiado, sobre todo cuando en juego entra dinero pagado a policías y autoridades.
“Todo el sistema de investigación de Vorónezh está siendo investigado por corrupción, abuso de poder y torturas” alegó el empresario.
Igor Grigorenko está radicado en Costa Rica desde el año 2012. Aquí junto a su esposa fundó una empresa que se dedica a recibir turistas para que practiquen la pesca deportiva en aguas del Pacífico.
Según dijo el empresario, su padre (Vladimir Grigorenko) vino a pasear a Costa Rica en diciembre del 2013 debido a problemas familiares con la segunda esposa, Irina Korobova.
"Después de la muerte de mi padre, lo único que yo hice fue comprar la deuda de mi padre. Esta deuda de 100 millones de rublos era heredada por mí y mi madrastra (Irina) junto con propiedades, luego de que el dueño de esa deuda ganó tres juicios contra mí e Irina.
“La deuda de 100 millones de rublos yo la compré en 20 millones de rublos negociando, porque los precios de las propiedades heredadas bajaron y no tenía otro interés que pagar la deuda con la venta de propiedades. Si Irina colaboraba, era posible dividir el dinero sobrante después del pago de la deuda y recibir unos 10 millones de rublos, cada uno”, explicó.
El empresario dijo que mientras trata de evitar la extradición hacia Rusia, su abogado en aquella nación apeló todas las acciones que se tramitan en los Tribunales de Vorónezh.
“Pero las cortes en Vorónezh casi todo son amigos y rechazan todo. Por eso hemos presentado una queja (en marzo pasado) contra el investigador ante la Fiscalía General de Rusia, para que ellos revisen todo el caso falsificado contra mí”, concluyó.
