Un proyecto de ley que pretende eliminar los antecedentes penales de los exreos para que puedan buscar trabajo, está a las puertas de ser votado en la Asamblea Legislativa.
Se trata de una reforma a la Ley de Registros y Archivos Judiciales, la cual procura borrar el historial delictivo o reducir el tiempo en que se mantiene vigente, una vez cumplida la pena y según los delitos cometidos.
En Costa Rica, el registro judicial permite que, cuando un presidiario cumple la pena, su hoja de delincuencia continúe manchada por los próximos 10 años.
La nueva iniciativa aclara que el récord delictivo no aparecería en ese certificado cuando el fin sea laboral, excepto cuando la persona haya sido condenada por crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra la función pública.
Esas mismas faltas se mantendrán en la hoja por 10 años.
Cuando el objetivo no sea buscar empleo, también se borraría la pena siempre que haya sido menor a tres años.
Si la condena fue de entre tres y cinco años, se mantendrá en el registro solo por un año. Las penas de cinco a 10 años, estarán por tres años en el expediente. Mientras que las superiores a 10 años, se borrarán en cinco años.
El plan de ley también propone que cuando las personas exconvictas sean mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad (por ejemplo, jefas de hogar), el expediente delictivo se eliminará una vez extinguida la condena, sin importar el delito.
Este proyecto de ley, bajo el expediente 18.650, fue presentado en noviembre de 2011 por el entonces diputado liberacionista Óscar Alfaro.
Sin embargo, con el paso de los años, el texto original fue modificado y ahora es respaldado por el actual Gobierno.
El 25 de febrero anterior, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobó el último texto, el cual ya está dictaminado y listo para ser votado en el plenario. La iniciativa fue convocada por el Poder Ejecutivo para las actuales sesiones extraordinarias que vencen el 30 de abril entrante.
Según el viceministro de Justicia y Paz, Marco Feoli, el proyecto es fundamental y cuenta con el apoyo de casi todas las fracciones legislativas.
“Estamos haciendo que la gente salga de la cárcel para que se porte bien, pero se le está dando una marca que les va dificultar portarse bien porque se le está dificultando conseguir trabajo”, expresó Feoli.
Agregó que países como Perú o España también aprobaron reformas similares.
Empresarios en contra. En el sector empresarial, el proyecto de ley no es bien visto.
Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado (Uccaep), manifestó que no respalda la iniciativa porque los empleadores tienen derecho a saber sobre los antecedentes criminales de quienes contraten.
“No vería mal que se hable de periodos entre cinco y diez años, pero no menos que eso”, dijo.
