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Dos oficiales de la Policía Profesional de Migración (PPM) fueron detenidos como sospechosos de cobrar ¢300.000 a tres peones de construcción, luego de hacerles creer que se encontraban en el país de manera ilegal.
La captura la efectuaron compañeros del mismo cuerpo policial, bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en un operativo que se realizó en playas de El Coco, del distrito de Sardinal en el cantón de Carrillo, Guanacaste.
En un comunicado de prensa la Dirección General de Migración y Extranjería, indicó que los implicados son de apellidos Núñez y Cárdenas, quienes estaban destacados en la oficina regional en playas de El Coco.
De acuerdo con el informe, hace varios días se recibió una denuncia en la cual se detallaba que oficiales de la PPM presuntamente cobraron dinero cuando llegaban a centros de trabajo para realizar inspecciones
Específicamente, se señaló que durante un control migratorio realizado el día 17 de marzo a una empresa de construcción en El Coco, los oficiales detectaron a tres personas extranjeras quienes ostentan de categoría migratoria de residencia temporal. Esa condición les permite laborar sin contratiempos.
Sin embargo, los policías le hicieron creer a los peones de construcción que estaban trabajando de manera ilegal y que en cualquier momento los podrían deportar.
Asimismo, les dijeron que si los tres pagaban ¢100.000 cada uno (¢300.000 en total) no se ejercería ningún tipo de acción migratoria.
Los trabajadores aceptaron y realizaron un primer pago de ¢100.000 en una fecha que no fue precisada y acordaron que este viernes 19 de marzo cancelarían los restantes ¢200.000.
Empero, para el momento de este segundo pago, otros agentes de la PPM estaban enterados y en coordinación con la Fiscalía, detuvieron a los implicados luego de que se hizo la transacción del dinero.
Cárdenas fue detenido en vía pública y Núñez en la oficina, informó Migración y Extranjería.
Los dos imputados, fueron trasladados al Ministerio Público de Santa Cruz, donde se les abrió un expediente como sospechosos del delito de concusión, por el cual se exponen a penas de prisión de dos a ocho años. Este norma castiga a los funcionarios públicos que abusen de sus funciones.
Sobre estos hechos, Stephen Madden, director de la Policía Profesional de Migración dijo: “Estas acciones son completamente contrarias al ordenamiento jurídico y al compromiso y transparencia de la Policía Profesional de Migración.
“No permitiremos actos de corrupción en este cuerpo policial, por ello la rápida acción ante las denuncias impuestas da como resultado estas detenciones, que lamentamos pero no justificamos, ni toleraremos”.
