
Camisetas falsas de la Selección Nacional, con el escudo de la Federación Costarricense de Fútbol y un logotipo de la única marca autorizada para fabricarlas y comercializarlas, eran vendidas en Cartago a ¢15.000 cuando el precio es de ¢45.000.
El hecho lo comprobaron este martes oficiales de la Policía de Control Fiscal (PCF) en dos tiendas ubicadas en el centro de Cartago, en las cuales las autoridades decomisaron 180 piezas.
Irving Malespin Muñoz, director de la PCF, dijo que la acción policial se ejecutó al mediodía, atendiendo una denuncia que fue presentada tanto por representantes de la Federación y de la firma de ropa deportiva New Balance, quienes alegaron que esos negocios estaban infringiendo la Ley de Procedimientos de Observancia en Materia de Propiedad Intelectual, en el artículo 45.
Esa norma castiga con multas o prisión la venta, almacenaje o distribución de productos fraudulentos que incorporen una marca registrada, con lo cual se cause un perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de marca.
Malespín dijo que en este caso pudieron verificar que las piezas eran falsas por ciertos detalles que son únicos y que no pueden falsificarse. "No se los puedo decir porque eso es parte de la labor de inteligencia que se realiza", agregó.
El jefe policial calificó las falsificaciones como "muy buenas". Agregó que han encontrado muchas coincidencias entre el decomiso realizado este martes en Cartago y otros realizados en tiendas capitalinas, durante el pasado mes de junio.
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"Parte de las investigaciones es determinar si estas camisetas son fabricadas en nuestro país o las traen del exterior. En eso estamos y esperamos tener pronto eso determinado" afirmó.
Los negocios allanados en Cartago pertenecen a diferentes dueños, pero tenían camisetas falsas con la misma característica.

Irving Malespín dijo que el hecho de vender el producto a un precio más bajo es un atractivo para el comprador, pero también significa que se están dejando de pagar impuestos al Estado.
En estos casos, el producto podría ser vendido sin factura, con lo cual se evita el pago de impuestos de venta.
En este caso, además del decomiso de las prendas, el asunto fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para que determine si se castiga con una multa a los infractores o se abren procesos penales a los dueños de los negocios. La eventual confirmación del delito de venta, almacenamiento y distribución de productos fraudulentos se pena con cárcel de dos meses a cinco años.
El dueño de una de las tiendas, quien no quiso identificarse, pidió a La Nación no hacer ninguna publicación sobre el tema. Cuándo se le consultó cuál era la razón del ingreso al negocio de la Policía Fiscal, contestó que eso no era de interés para nadie.