Escuchar
En un operativo que inició hoy a las 5 a. m. y terminó siete horas después, agentes del Organismo de Investigación Judicial con el apoyo de peritos de la sección de troquelados y Fuerza Pública, decomisaron 11 unidades de transporte público de pasajeros, por presentar presuntas alteraciones.
Los policías judiciales hicieron las incautaciones en el plantel de tres empresas situados en diferentes puntos de la ciudad.
Otros decomisos se ejecutaron en las vías aledañas a la terminal que maneja una empresa privada y que es el punto de partida y arribo de los automotores que transportan pasajeros dentro y fuera de San Carlos.
Además se dio una situación muy particular con un autobús que fue hallado entre un cañal en la comunidad de Cutris donde un chofer trató de esconderlo cuando se enteró del operativo.
Además, se investiga una denuncia según la cual otro conductor dejó los pasajeros botados cuando alguien lo alertó de la situación.
Gerald Campos, Sub director General de OIJ dijo que a la empresa Chilsaca se le decomisaron tres autobuses, cinco a la empresa Mata, y uno a las compañías Auto Transportes Pital, Auto Transportes La Palmera y otra no identificada.
Campos precisó que las diligencias se llevaron a cabo en atención a una denuncia anónima hecha en noviembre.
Explicó que preliminarmente en los 11 buses encontraron diversas irregularidades.
"Por ejemplo unidades con más de 15 años de estar en circulación, tienen placas y documentos correspondientes a modelos más recientes.
La revisión mecánica de los medios de transportes y el análisis de documentos confirmarán o descartarán las eventuales alteraciones, agregó el funcionario.
Además Campos expresó preocupación por el hecho de que estén circulando autobuses, que de acuerdo con la ley de transporte público ya cumplieron los 15 años de estar operando.
Señaló que pretender presentarlos como de modelos mucho más recientes es jugar con la integridad física de los pasajeros.
La acción policial perjudicó a muchos pasajeros que durante la mañana no tuvieron servicio por lo que debieron recurrir a vehículos particulares o a taxis.
La Fiscalía local ordenó sellar e inmovilizar los automotores incautados. Esto significa que de momento quedan fuera de circulación y que sus dueños ni siquiera los pueden abrir.
De momento quedan en calidad de depósito provisional en los mismos predios en que fueron decomisados, con excepción de los localizados en vía pública mientras la misma Fiscalía decide sobre el futuro inmediato de ellos.
El edificio de los Tribunales sancarleños carece de un área de parqueo por lo que tendrán que buscar un espacio adecuado.
