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La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, denunció la “férrea” oposición de dirigentes comunales de Nicoya, Guanacaste, a la construcción de una unidad productiva en donde pondrán a 480 reclusos a trabajar y capacitarse.
La jerarca anunció su preocupación, este miércoles, ante representantes de 11 entidades de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel sobre el Hacinamiento en el Poder Judicial.
La construcción de siete centros , incluido el de Nicoya, se financia con un préstamo por $132 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo.
“Nos preocupa que haya una oposición férrea de algún sector bastante beligerante, que está muy opuesto al proceso, pero pensamos que si logramos articular con el resto de organizaciones de la sociedad civil y las instituciones que están allá, le podemos explicar bien a la gente el modelo que se está construyendo.
”La comunidad debe ser mejor informada de que ahí van a estar personas que no representan ninguna peligrosidad para la comunidad, que serán seleccionadas con criterios rigurosos, que es una apuesta por tener mecanismos de preparación técnica, estudio, capacitación y trabajo para que estas personas puedan obtener herramientas para el regreso a la sociedad”, reseñó Sánchez.
Negativa. En mayo, el alcalde del cantón, Marco Jiménez, lanzó fuertes críticas a la construcción de la cárcel, de 21.300 metros cuadrados. En esa ocasión, manifestó que las visitas de los familiares de los reclusos traerían mayor delincuencia a la zona y que el proyecto no genera desarrollo.
Actualmente, en Nicoya funciona un centro semiinstitucional con 204 reos de confianza, quienes llegan a dormir y a trabajar varios días a la semana en proyectos agrícolas y constructivos.
La ministra Sánchez aseguró que la misma Municipalidad suspendió una obra que esos reos construían dentro del centro, luego de que se incendiara el taller de ebanistería donde laboraban.
La Nación intentó contactar, este miércoles, al alcalde Jiménez, pero no atendió su celular.
Johnny William, representante de la Cámara de Comercio, mostró su negativa. “Tenemos instituciones con órdenes de clausura como la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito. La delegación del Organismo de Investigación Judicial de Nicoya se está cayendo y, aunque donamos un terreno, nos dicen que no hay plata. Una cárcel no genera desarrollo, somos un cantón turístico, y más bien esto trae inseguridad”, manifestó.
Aseguró que ni siquiera existen convenios con el Instituto Nacional de Aprendizaje o el Ministerio de Cultura para que apoyen a esos reclusos.
Diálogo. Cecilia Sánchez puntualizó la necesidad de que la Defensoría de los Habitantes acompañe el proceso de diálogo y sensibilización de los vecinos.
“Ninguna sociedad puede excluir de su seno a los privados de libertad. Guanacaste es un polo de progreso y producción, donde hay un crecimiento, hay dificultades que se están atendiendo en otras áreas del Gobierno, como el agua y las carreteras, pero también se produce criminalidad en la provincia”, afirmó.
La defensora Montserrat Solano sostuvo que deben evaluar las raíces del conflicto, para analizar cómo pueden generar un diálogo más productivo.
“Nadie quiere a los privados de libertad cerca de sus comunidades, pero nos toca a todos asumirlo porque cada persona que llega a la cárcel es un fracaso de todos, al no permitirles generar un proyecto de vida positivo”, dijo.
