Escuchar
“Hay ticos que usan el país como refugio para cometer delitos en otras naciones”.
El criterio es del magistrado de la Sala Tercera de la Corte, Celso Gamboa Sánchez, y lo usó como fundamento para plantear, otra vez, la necesidad de una reforma constitucional que permita extraditar a costarricenses por delitos comunes perpetrados en otros países.
“La nacionalidad no debe ser óbice para que una persona propicie su impunidad”, afirmó Gamboa, quien agregó que las bandas del crimen organizado conocen de esa debilidad y utilizan suelo tico para cometer delitos en otros países.
“En el 2006, lleve el caso Global Con. Eran más de 118 ticos que tenían orden de captura en Estados Unidos. Fue un operativo inmenso que se hizo desde la Fiscalía de Fraudes. Se detuvo a algunos estadounidenses que sí fueron extraditados, pero los ticos no. Era un grupo que estaba estafando a adultos mayores”, expuso, a modo de ejemplo, el magistrado.
Trabas. Esta es la segunda ocasión que Celso Gamboa impulsa una iniciativa para reformar el artículo 32 de la Constitución Política, el cual prohíbe la extradición de costarricense.
La primera se gestó en la administración de Laura Chinchilla (2010-2014) con un proyecto planteado en diciembre del 2012, que el pasado 30 de noviembre fue archivado en la Asamblea Legislativa.
Ahora se pretende incluirlo en una reforma integral a la Constitución.
Para Celso Gamboa, la orden de impedir la extradición de ticos debe ser contextualizada al año 1949. “Se remonta a la expulsión que se hace de José Figueres (Ferrer). El legislador no proyectaba las drogas como un flagelo para la Costa Rica del siglo XXI. La idea era proscribir la expulsión por razones estrictamente políticas. La dinámica cambió, ahora Costa Rica se debate en una carnicería producto de las variables más groseras del crimen organizado y hay costarricenses que están cometiendo actos dañosos en Guatemala, México, Estados Unidos ”, advirtió.
El magistrado dijo que aunque existe la posibilidad juzgar aquí a los nacionales cuando cometen un delito en el exterior, “hasta el momento no hay ni un solo caso”.
Agregó que eso se debe al alto costo de esos procesos y la imposibilidad de traer testigos y pruebas por los trámites burocráticos que llevan a la prescripción.
Con reservas. Sobre este tema la defensora de los habitantes, Monserrat Solano Carboni, dijo que aunque otros países implementaron la extradición de nacionales, “aquí necesitamos una reflexión más profunda”.
Señaló que la extradición, en otras latitudes, la utilizaron para sacar a personas sumamente peligrosas que los países no tienen capacidad o voluntad para juzgar. “Esto ha generado (...) que se extradite por narcotráfico a personas con procesos con delitos más graves como homicidios o crímenes de lesa humanidad o de guerra”, agregó.
En opinión de la defensora: “no se puede permitir que la extradición de nacionales se convierta en una salida fácil para el sistema de justicia para no asumir casos concretos” .
Solano consideró que antes de aprobar la extradición de nacionales, se deben reforzar los mecanismos de cooperación judicial internacional.
