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El hacinamiento que se vive en 15 de los 21 centros penitenciarios del país obliga al Ministerio de Justicia a un constante reacomodo de esa población, mientras se levantan las nuevas instalaciones para acoger al creciente flujo de personas que llegan al sistema carcelario.
“No hay privados de libertad de primera y de segunda categoría. Yo como ministra debo velar porque las 15.918 personas en nivel institucional (cárceles) puedan tener la mejor atención”, afirmó Marcia González, jerarca de Justicia.
Así salió al paso de la orden de cierre técnico de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos, girada por el juez Juan Carlos Alvarado Miranda, que trascendió la semana anterior.
En esa orden se cuestiona que esa unidad, en San Rafael de Alajuela, tenga un 23% de sobrepoblación, pues era para 704 cupos y tiene más de 830 reclusos.
La ministra afirmó que respeta la posición del juez, pero ella ve el sistema penitenciario como un todo y no se puede cuestionar un 23% de sobrepoblación en ese centro, mientras que en algunos otros como Puntarenas, el hacinamiento es del 82% y en San Carlos del 78%.
Afirmó que en una reciente gira por Liberia pudo ver hasta 25 reclusos durmiendo en los baños, y eso, para ella, es inaceptable.
En los últimos seis meses, la sobrepoblación en todo el sistema pasó de un 30,4% en febrero a un 36,7% el mes pasado.
Para aliviar tanto hacinamiento, en los últimos cinco meses las tres Unidades de Atención Integral han visto crecer la cantidad de privados de libertad, siendo la Reynaldo Villalobos la más impactada, pues en febrero contaba con espacios disponibles y ahora tiene una sobrepoblación del 23%.
Cuota de solidaridad
La anterior administración promovió tres Unidades de Atención Integral (UAI) en Alajuela, Pérez Zeledón y Pococí para personas de un perfil menos violento, que se comprometieran a trabajar y estudiar durante su estadía en prisión, a efecto de que al salir lograran una adecuada reinserción a la sociedad.
Ese modelo, que funciona en España, requiere un acompañamiento diferenciado que, según indicó el exviceministro Marco Feoli, no se puede desarrollar bien si se sobrepasa la cantidad de personas o se abandona lo que indica el reglamento.
En ese sentido, la ministra de Justicia sostuvo que en ningún momento se dejaron de atender los procesos de las UAI y que incluso ha hablado con los privados de libertad de esas unidades sobre el problema. “Ellos han entendido que se trata de un tema de solidaridad con el resto”, expresó.
Admitió que fue ella quien giró la orden de que en cada cuarto se instalase un camarote más y en lugar de cuatro sean cinco.
Dijo que esta administración comulga completamente con el sistema de las UAI, e incluso afirmó que tienen muchas mejoras pendientes. Por eso van a contratar 18 profesionales enfocados a fortalecer el personal técnico de esas tres unidades.
Ese personal debe actualizar periódicamente las valoraciones técnicas, para garantizar la salud de los internos, la higiene de los centros y dar mantenimiento a las acometidas eléctricas y en los servicios de cocina, entre otros.
Estos procesos, alega González, ayudan a mitigar el hacinamiento, y en esa línea se inauguró la nueva cocina en San Sebastián. No obstante, reconoce que en algunos centros de internamiento las valoraciones técnicas tenían hasta dos años de atraso.
Además, acepta que en las UAI no se han cumplido todos sus postulados, entre ellos los relacionados con ofertas laborales y deportivas.
Para ello, suscribió convenios con el Instituto Nacional de Aprendizaje para reforzar la capacitación y con el Ministerio del Deporte, para promover la actividad física, acciones que ayudan a bajar los niveles de violencia, de ansiedad y depresión.
Con todos estos elementos, González deberá acudir a una audiencia para responder ante quienes analizan la orden de cierre técnico sobre las propuestas para normalizar la situación en la UAI Reynaldo Villalobos.
En esa cita, la funcionaria recurrirá a un reciente informe del Mecanismo de Prevención de la Tortura, de la Defensoría de los Habitantes, en el que se indica que en este centro de reclusión las valoraciones están al día.
También expondrá que ante un déficit de 4.275 espacios en cárceles, originados por muchos años de retraso en la planificación, debe aprovechar todos los espacios posibles.
En lo que va de este año se han habilitado 420 espacios de los 1.435 programados, como parte de un gran total de 3,000 que espera abrir durante la presente administración.
Ya se inauguraron 150 espacios en el centro Jorge Arturo Montero (La Reforma); 110 espacios en Pococí y 160 en la cárcel de mujeres Vilma Curling, en Desamparados.
“Cuando entramos al Ministerio habían cerca de ¢33.000 millones sin ejecutar. Mi compromiso fue no solicitar más fondos hasta que todos esos proyectos estuvieran en proceso de adjudicación o adjudicados. En estos momentos estamos al 95% de que eso sea una realidad”, acotó la ministra.
Proyecto Terrazas
El Ministerio de Justicia y Paz ya adjudicó la construcción del proyecto denominado Terrazas, que se unirá a la serie de edificaciones del Complejo Reforma, Alajuela, y se espera que esté finalizado en el primer trimestre del 2021, donde se ubicará a personas indiciadas y sentenciadas.
En ese sitio la anterior administración planeaba levantar una cárcel de mujeres, pero el enfoque de las nuevas autoridades varió y ahora se levantarán 1.248 espacios nuevos para hombres indiciados y sentenciados.
Esa es la principal obra para mitigar parcialmente el hacinamiento en el sistema penitenciario nacional.
Este proyecto incluye talleres, aulas, espacios de atención técnica, cocina, comedor, cuartos de visita íntima y áreas administrativas.
También tendrá el área de atención médica, módulo para enfermedades infectocontagiosas, módulo de ingreso, dormitorios para oficiales de seguridad, cocina y bodegas.
El área de edificaciones comprende poco más de 17.000 metros cuadrados.
La inversión es de $24 millones y el financiamiento se hará con recursos propios del Ministerio. Será construida por la empresa Van der Laat y Jiménez, la cual se comprometió a entregarlo en dos etapas.
La primera fase es solo para indiciados y estará lista a finales del 2020. Esa la población que tiene más crecimiento y rotación.
La segunda etapa estará en el primer trimestre del 2021 y se espera ocuparla con sentenciados de mediana seguridad, que es la que requiere más espacios.
Ambas secciones van a compartir las áreas administrativas.
“Es importante destacar que con estas obras también estaremos construyendo un nuevo centro médico integral, con el equipamiento necesario para brindar atención de primer nivel, a los cerca de 8.000 privados de libertad que se ubicarán en los diversos centros penales del Complejo Reforma,” enfatizó González.
Actualmente, en la modalidad de monitoreo electrónico (tobilleras) hay 1.508 personas mientras que en el nivel semiinstitucional (con autorización para salir) hay 3.355.
Otras obras en proceso
– 108 espacios con los complejos de regionalización de la mujer
– 480 espacios con nuevos módulos (arcos modulares) en cárceles ya existentes
– 192 espacios con nuevas edificaciones en forma de herraduras
– 84 espacios con las comunidades terapéuticas. Con estos unidades se busca atender de manera profesional a las personas con adicciones a las drogas. Se financiará con fondos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
-Se busca financiamiento para levantar centros penales en la región sur, para contrarrestar el desarraigo de personas de Golfito, Osa y Corredores y otro en San Ramón, para cubrir algunos cantones de Alajuela.
Resultados evidentes
Según González, las acciones del Ministerio de Justicia contribuyan de manera efectiva a la mejora en las tasas de criminalidad. "Eso junto con acciones del Ministerio de Seguridad, el Organismo de Investigación Judicial, Fiscalía y otros”, afirmó.
Dijo que trabajan de la mano y coordinan de manera constante con la Corte Suprema de Justicia. "Todos somos actores de esta situación y tenemos claro que la seguridad en el ámbito nacional mejoró mucho”, dijo.
A manera de ejemplo, hasta el 4 de agosto de este año la cantidad de homicidios era de 303, mientras que en igual periodo del año anterior eran 372.
