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El Colegio Nuestra Señora de Desamparados, en San José, es objeto de controversia por la instalación y uso de cámaras de seguridad en los baños y vestidores de estudiantes. La denuncia proviene de varios alumnos que recurrieron a las redes sociales para expresar su malestar.
Según las imágenes de video divulgadas por la página de Instagram brujas.feministas.cr, una cámara está adherida al cielorraso en la entrada de los baños. Los alumnos temen que, por la altura, alcance hasta los sanitarios, que están divididos por una pared que no llega al techo.
Aunque los menores plantearon sus inquietudes ante el personal administrativo de la institución, este respondió alegando que las cámaras no están orientadas hacia los cubículos, donde los menores realizan sus necesidades o se cambian de ropa.
En respuesta a una consulta realizada por La Nación, el colegio, que opera bajo subsidio estatal, reiteró su posición: “En ningún caso se enfocan los espacios privados donde los educandos realizan sus necesidades fisiológicas o se cambian de ropa”.
Además, en una aclaración pública, el centro educativo alegó que no solo se protege la intimidad y privacidad de los educandos “sino que se evita el uso indebido de las instalaciones y es conforme con el interés superior de aquellos y en cumplimiento de nuestras responsabilidades”.
Consultado por este medio, el abogado Alcides Araya consideró que las acciones emprendidas por el colegio constituyen una violación legítima del derecho a la privacidad e intimidad. “Tienen toda la razón de sentirse infiltrados, vigilados en su vida personal. Es totalmente inapropiado, le están violando los derechos a los alumnos”, aseguró el letrado.
Pronunciamientos
Como antecedente, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió, en los criterios DAJ-121-C-2017 y DAJ-C-115-9-2019, lineamientos que establecen que las instituciones educativas solo pueden implementar cámaras de vigilancia en áreas comunes, como pasillos y comedores, excluyendo categóricamente baños, gimnasios o aulas, con el fin de no vulnerar “el derecho a la privacidad, el honor y la imagen”.
“Es necesario tener presente que el desarrollo de la personalidad requiere de espacios reservados, en los que el individuo pueda expresarse autónomamente sin miedo a ser vigilado y comunicar confiadamente sus opiniones y sentimientos personales”, destacó la Dirección.
Además, según el artículo 25 del Código de la Niñez y la Adolescencia, “las personas menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de injerencia en su vida privada, familia, domicilio y correspondencia; sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad”.
A esta ley específica se puede anexar otras normas como la Constitución Política, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las cuales hacen hincapié en la salvaguarda de la privacidad e intimidad como derechos fundamentales.
Silvio Calderón, director del Liceo Diurno de Ciudad Colón —institución que cuenta con vigilancia en áreas comunes— enfatizó en que el colocar cámaras dentro de un baño es “ir al extremo”.
“Nosotros ni en los baños, ni en las aulas podemos poner cámaras por la privacidad. En los lugares de tránsito u oficinas administrativas sí, pero debemos colocar rótulos para que la persona sepa que está siendo grabada, ya sea un usuario, docente o estudiante”, explicó Calderón.
La Nación contactó al MEP desde el miércoles para saber si tenía conocimiento de la denuncia de los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de Desamparados; sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición.
Paralelamente, se realizó un intento por conocer la opinión del centro educativo en torno a la continuidad de la instalación de cámaras en los baños; sin embargo, la institución tampoco brindó una respuesta ante esta interrogante.
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