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La maestra investigada por la divulgación de audios con amenazas contra el presidente de la República, Carlos Alvarado, y los medios de comunicación, fue liberada este jueves con medidas cautelares por orden de un juez.
Mientras tanto, se les impuso seis meses de prisión preventiva a los seis integrantes de la banda sospechosa de detonar un artefacto explosivo al frente de las instalaciones de Teletica y una bomba molotov en la oficina de la diputada Zoila Rosa Volio, en la Asamblea Legislativa.
A la educadora, de apellidos Fernández Castro, se le prohibió comunicarse con los otros sospechosos, deberá mantener un domicilio fijo y firmar cada 15 días en el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, instancia que decidió rechazar la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público.
Fernández es investigada por el presunto delito de apoyo y servicios para el terrorismo, hecho castigado con entre seis y 10 años de cárcel.
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos informó de que apeló la resolución que la dejó en libertad y está a la espera de que el Tribunal Penal de San José señale fecha para una nueva audiencia.
La mujer fue detenida el pasado martes como parte de un amplio operativo que también permitió la captura de los seis hombres sospechosos de colocar los explosivos.
Esta banda era liderada por un abogado de apellidos Gutiérrez Pizarro. También fueron arrestados dos primos apellidados Borbón Navarro y Navarro Naranjo, así como otros sujetos identificados como Sandoval Alvarado y Ureña Wong.
Todos ellos son investigados por los delitos de incendio o explosión, cuya pena carcelaria es de entre cinco y 20 años.
Un sexto sujeto, identificado como Calderón Navarro, figura como sospechoso de fabricación o tenencia de artefactos explosivos, hecho penado con entre cuatro y ocho años de prisión.
La investigación contra los hombres y la mujer se sigue dentro del expediente 19-018537-042-PE.
Grupo desestabilizador
El pasado martes, Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), manifestó que durante la investigación se comprobó que el grupo desarticulado tiene una afinidad ideológica orientada a “provocar la desestabilización del gobierno de turno, sin existir una dirección hacia un partido político particular”.
Asimismo, destacó que ellos lograron establecer quiénes participaron en cada evento, así como identificar a Gutiérrez y a Ureña, ambos dedicados a labores de transporte informal y formal, como los intelectuales de la organización.
La educadora, además de la causa penal, enfrenta una investigación administrativa en el Ministerio de Educación Pública (MEP), desde julio pasado, cuando trascendieron los audios amenazantes.
La señora, de 58 años, y con 22 años de experiencia en el sistema educativo, fue separada de la escuela en la que impartía lecciones a un grupo de estudiantes de quinto grado.
Este martes, cuando fue detenida, el MEP confirmó que el proceso interno no ha terminado.
“Es importante hacer mención que, de acreditarse los hechos denunciados (en contra de Fernández), se incurriría en un incumplimiento a los deberes del cargo –en este caso perdida de idoneidad y confianza– por lo que podría acarrear responsabilidad disciplinaria, que incluso conllevaría la separación del puesto”, indicó ese día Nelly Venegas, Jefa del Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP.
