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Los delitos contra la propiedad, la violencia contra la mujer y las agresiones sexuales se mantienen como los delitos más frecuentes en Costa Rica, según las estadísticas del Ministerio Público, entidad encargada de recibir denuncias y acusar a los responsables de estos hechos.
De acuerdo con las estadísticas de la entidad, durante el 2022 se presentaron 79.345 denuncias por delitos contra la propiedad, que incluyen robos en casas, comercios o vehículos. Otras 23.995 denuncias son por violencia contra la mujer y 14.126 por delitos sexuales (abusos, violaciones, tocamientos y pornografía infantil, entre otros).
Sin embargo, para el cierre del 2023, se espera un aumento en las denuncias por estos tres delitos, pues para agosto ya se registraban 52.145 casos de delitos a la propiedad, 16.808 de violencia contra la mujer y 12.006 de delitos sexuales.
Este incremento del 4,36% en las denuncias por los tres delitos más comunes, comparado con el mismo periodo del año anterior, no solo refleja cambios estadísticos, sino también un esfuerzo adicional por parte de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Si se cuentan el resto de delitos denunciados ante la Fiscalía, en los primeros ocho meses del año ya se contabilizaban 149.001 expedientes, los cuales recaen en 582 fiscales, un promedio 256 legajos para cada fiscal. Esto llevó al fiscal general, Carlo Díaz, a solicitar más recursos para el Ministerio Público ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el 11 de octubre, y en el espacio radiofónico Frecuencia MP, el lunes pasado.
“Tenemos fiscales de juicio y fiscales auxiliares, sumando apenas 582 fiscales, con los cuales enfrentamos directamente la criminalidad”, explicó Díaz durante su intervención en radio.
Díaz destacó que, a pesar del contexto desafiante, el Ministerio Público no descuida ninguna de las denuncias que ingresan. Existe la posibilidad, según el artículo 22 del Código Procesal Penal, de aplicar principios de legalidad y oportunidad para decidir investigar o no un caso, lo que reduciría la cantidad de expedientes. Sin embargo, Díaz considera que esta opción sería injusta para las víctimas y las dejaría desprotegidas por el sistema.
“A pesar de que por el momento no hemos tomado esa medida, no la descartamos si la situación continúa así”, afirmó el fiscal general. En su opinión, abandonar esos casos significaría dejar a las víctimas en la necesidad de contratar un abogado, lo que les generarían costos adicionales.
Estrategias y nuevas plazas
Díaz mencionó que el Ministerio Público logró manejar la cantidad de expedientes mediante una distribución equitativa de trabajo, ambientes laborales saludables y motivación del personal. Además, desde el inicio de su gestión, se asignaron propiedades para garantizar la estabilidad de los funcionarios.
“Incluso creamos una oficina que se encarga de supervisar que exista un ambiente saludable en las diferentes oficinas, ya que la carga laboral en el Ministerio Público es bastante pesada”, aseguró Díaz.
En una audiencia el 11 de octubre pasado en la Asamblea Legislativa, Díaz, junto con el director del OIJ, Randall Zúñiga, expuso sus peticiones sobre el Presupuesto Nacional 2024. En total, el fiscal general solicitó 292 nuevas plazas, distribuidas en 128 plazas de fiscal auxiliar, 128 técnicos auxiliares y 36 fiscales de juicio.
“Para esto hay un estudio técnico del Departamento de Planificación que es el que le da sustento a esta petición, no es una una petición antojadiza de mi parte o del Ministerio Público (...). Esto nos permitiría poder abarcar más, poder atender a víctimas que en este momento ven que sus casos se extienden durante mucho tiempo”, aseguró el funcionario.
Díaz enfatizó que la mejora en los recursos del Poder Judicial debe ser integral. Afirmó que tanto el Ministerio Público como el OIJ y los jueces necesitan más recursos para combatir la criminalidad. Con estas nuevas plazas, se podrían realizar investigaciones más rápidas, acelerar los casos en juicio y abordar a las bandas criminales que actualmente no pueden ser investigadas debido a la falta de recursos. “Sería, sin duda, un golpe duro contra la criminalidad”, concluyó Díaz.
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