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El decomiso de cigarrillos de contrabando alcanzó una cifra récord en los menos de tres meses que lleva el presente año.
Según datos de la Policía de Control Fiscal (PCF), en este 2016 se han confiscado 35 millones de unidades de cigarrillos; solo en estos últimos 15 días cayeron 20 millones.
Mientras, en todo el 2015 se decomisaron 24,2 millones, en tanto la cifra histórica la tenía el 2013, cuando la cantidad de cigarrillos incautados ese año fue de 33,5 millones.
Para actuar, los contrabandistas acuden a diversos métodos, incluso, en un caso, la carga estaba oculta en bolsas de desechos de un hospital.
De acuerdo con el director de la PCF, Irving Malespín, el alza en los decomisos se debe a que hay bandas más organizadas que mueven más productos pero al mismo tiempo, a que la Policía prepara y ejecuta golpes para decomisos más grandes.
“Esto se ha convertido en un negocio tan lucrativo como el narcotráfico”, indicó Malespín.
Otro aspecto que influye es la Ley General de Control del Tabaco (9028) aprobada en el 2012, pues incrementó el precio de los cigarros vendidos legalmente.
Ese año, las incautaciones de estos productos apenas superaban los 2 millones de unidades.
“Si nos ponemos a sacar números, un paquete de cigarros (adquirido) en el mercado nacional legalmente ronda los ¢1.800, mientras que una caja (de cigarros) de contrabando le puede costar hasta ¢800 y aun así deja ganancias”, enfatizó Malespín.
El funcionario explicó que la mayoría de cigarros decomisados provienen de Panamá, pero son fabricados en China, Canadá, India y Paraguay.
Algunas de las marcas más comunes son: Silver Elephant, Modern, Marshal, Golden Deer, Cumbia, VIP y Seneca.
En muchas ocasiones, estas mercancías pasan la frontera porque no todos los vehículos son inspeccionados en Aduanas.
“Estamos totalmente claros que Aduanas no tiene el personal ni la capacidad para revisar el 100% de las cargas que entran al país, ahí es donde echamos mano al departamento de Inteligencia (para investigación previa) y otras policías”, dijo Malespín.
Reconoció que las organizaciones delictivas incluso han logrado infiltrar a la Policía, pero recalcó que las personas involucradas han sido detenidas.
Golpe económico. La Policía Fiscal estima que un cargamento de 10 millones de cigarrillos puede costar hasta $2 millones.
En el Ministerio de Salud consideran que la cantidad de decomisos impacta poco a los fumadores, pero destacan que se esté haciendo un esfuerzo.
Roberto Castro, jefe de Análisis de Vigilancia de la Salud, explicó que, según los últimos estudios, en el país hay unos 350.000 fumadores y cada uno consume en promedio 10 cigarros diarios, por lo que la cantidad decomisada este año equivale a unos 10 días de consumo.
