La Fuerza Pública debió entrar a la Universidad de Costa Rica (UCR) para capturar a las personas que cometieron los delitos en la calle y detener a los guardas de seguridad de esa casa enseñanza por obstruir la labor policial.
Este es el criterio del abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle al analizar lo acontecido la noche de este jueves, frente a la Facultad de Derecho de esa universidad.
El conflicto se dio cuando la Policía levantó el bloqueo que un grupo de manifestantes mantenía en la carretera de Circunvalación, que impedía el paso entre la fuente de la Hispanidad y la rotonda de la Bandera.
Durante la acción policial, los jóvenes que protestaban tiraron piedras y tiraron combustible a los oficiales, según denunció la Fuerza Pública.
Posteriormente, los manifestantes ingresaron a la sede universitaria, donde los funcionarios de seguridad hicieron una barrera humana para impedir que los oficiales capturaran a los sospechosos.
"La universidad es un territorio igual que cualquier otro. La autonomía no tiene nada que ver con la territorialidad (...) no hay ninguna zona del país que este exenta de que la Policía pueda entrar y detener a los delincuentes infraganti o que hayan huido.
“Desde luego que habían cometido delitos. Ahí la Policía debió haber entrado, roto los portones y si los guardas de seguridad se oponían, debieron de haber detenido a los guardas por obstrucción”, afirmó Hernández.
El abogado, experto en derecho constitucional, explicó que la autonomía se refiere a la organización, la administración y la generación de políticas educativas, y no tiene nada que ver con la soberanía.
Rubén Hernández insistió en que la autonomía universitaria no implica soberanía. La Universidad “es territorio del Estado y punto”, dijo.
Choque autonomía-policía
El incidente de este jueves no es el primero en que entran en conflicto la autonomía universitaria y la actuación policial.
Otro caso se registró el 12 de setiembre del 2018, cuando un grupo de estudiantes que marchaba por las cercanías del parque de San Pedro de Montes de Oca en protesta por el plan fiscal se enfrentó con oficiales de la Fuerza Pública.
En esa ocasión, los manifestantes acusaron a oficiales antimotines de ingresar al campus universitario para golpear y detener a varios de ellos. Incluso, un estudiante detenido presentó un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional. Alegó, entre otras cosas, que la Policía trasgredió la autonomía universitaria.
LEA MÁS: Trifulca entre universitarios y oficiales de Fuerza Pública en San Pedro de Montes de Oca
Mediante sentencia 2019-003879, los magistrados rechazaron el recurso porque el presunto afectado no probó que lo hubiesen detenido.
Sin embargo, en la resolución los altos jueces analizaron el tema de la autonomía de las universidades, al confirmar que estas gozan de independencia en los ámbitos administrativo, político, financiero y organizativo.
“Las universidades ciertamente gozan de autonomía, pero no de soberanía; la soberanía únicamente la tiene el propio Estado. No puede entenderse, so pena de fragmentar la soberanía, que las universidades se pueden constituir en especie de microestados dentro del propio Estado costarricense”, señala el fallo.
En junio del 2016, el rector de la UCR, Henning Jensen, se molestó cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron en dos ocasiones para realizar diligencias relacionadas con las pesquisas por el nombramiento Elena Jensen, hija del mismo jerarca, como funcionaria del Centro Infantil Laboratorio (CIL).
LEA MÁS: Director del OIJ: 'Sede de la UCR no es un enclave, no es una soberanía distinta'
El director del OIJ, Wálter Espinoza, alegó en aquel momento que la acción policial fue legítima. “La sede de la UCR no es un enclave, no es una soberanía distinta”, expresó en aquel momento.
Otro conflicto con el ingreso de agentes de la Policía Judicial se presentó el 12 de abril del 2010. La intención era detener a un oficial de tránsito de la UCR sospechoso de cobrar mordidas.
En esa ocasión, el operativo terminó en un zafarrancho, en el cual profesores y estudiantes se enfrentaron a los agentes en defensa de la autonomía universitaria.
Por ese hecho, en diciembre del 2012, la Sala Constitucional rechazó el reclamo de un profesor.