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Yendry Campos Monge recibió una condena de 20 años por lesiones gravísimas. Desde ese momento, fue recluida en la cárcel Vilma Curling, antes llamada Buen Pastor, en San Sebastián.
Durante su estancia en la prisión, Campos intentó pasar lo más inadvertida posible. “Lo que hay que hacer es no buscar problemas, no volver a ver a nadie”, detalló, al tiempo que admitió que a veces resultaba “imposible” no involucrarse con lo que sucedía.
Por ello, quería no desaprovechar la oportunidad que se le presentó cuando las autoridades penitenciarias le informaron de que podía cambiar al régimen semiabierto. Es decir, gozaría de su libertad con algunas condiciones (firmar, dormir algunas noches en el Centro de Atención Semiinstitucional, entre otras).
Para hacer efectivo ese traslado, Campos tuvo que haber sido bien portada en prisión y lo fue. Debía tener trabajo fijo y lo tenía. Debía tener ganas de reintegrarse a la sociedad y las tenía. Debía tener un domicilio fijo... y ahí comenzaron los obstáculos.
Su familia vive en Alajuela, pero la persona a la que ella le causó las lesiones también reside en esa provincia. Por ello, un juez le prohibió acercarse a esa zona y, de esa manera, se quedaba sin el domicilio fijo que necesitaba para gozar de esa libertad condicionada.
“Sentí un vacío en el estómago. Me iba a tener que quedar presa, cuando podía haber salido. Yo entiendo que cometí un delito y estoy pagando por ello, pero me quiero reinsertar, quiero volver a la sociedad”, comentó Campos.
Sintió que todo estaba perdido; no obstante, apareció en su camino una nueva opción: Casa Paz.
¿Qué es? Se trata de una vivienda, a cargo de la Asociación Siervas del Buen Pastor, que se encargará de acoger a reclusas para apoyarlas, de forma temporal, en su proceso de reinserción social. Es la primera casa que existe con este fin.
Está ubicada en Heredia y fue inaugurada en junio, luego de que el Ministerio de Justicia y la Asociación firmaran un convenio. Ahora, viven nueve reclusas, quienes tampoco contaban con domicilio fijo porque o su familia no las quería de vuelta o un juez les prohibió acercarse a su lugar de residencia, debido a que su víctima vive cerca.
Se intentó conocer el dato de a cuántas privadas de libertad se les ha rechazado el beneficio por no tener casa, pero al cierre de esta nota, Justicia no había respondido a nuestra solicitud.
Un vistazo
Las muchachas que ahora están ahí tienen entre los 28 y 38 años y están bajo un régimen semiinstitucional, por lo que fueron escogidas por el centro penal.
Según Justicia, deben descontar buena parte de su condena y los delitos que cometieron son infracción a la ley de psicotrópicos, lesiones, entre otros.
Por lo tanto, antes de ellas poder marcharse a su nuevo hogar, tuvieron que firmar un acta de compromiso, en donde se indican los puntos que no pueden irrespetar. Por ejemplo, en esa casa no hay visitas conyugales, no se puede tomar ni ni consumir drogas. Lo único que se permite es fumar tabaco.
Un punto importante que se les aclara es que su paso por esa vivienda es temporal: rondará entre los seis y ocho meses. No más de eso, para poder darle la oportunidad a alguien más.
Nuria Chinchilla Morales, encargada de Casa Paz y presidenta de la Asociación, explicó que la idea es darles el impulso suficiente para que vayan construyendo su proyecto de vida.
“Es darles como el primer empujón, enseñarles a vivir de un trabajo, a ahorrar y a ser personas de bien. Nosotras creemos que la gente que está aquí se va antes de los ocho meses; no creemos que lleguen a estar aquí todo el tiempo”, comentó.
Nueva vida
Al llegar a la casa, ellas se encontraron con un terreno de dos plantas, en las que hay diez cuartos individuales, cuatro servicios sanitarios, tres salas de estar, una cocina, un comedor y hasta una capilla.
“Como esto pertenece a las Hermanas Franciscanas, ellas tenían colocado un lugar para rezar, y así lo dejamos. Las muchachas lo ven como un desahogo”, dijo Chinchilla.
En la parte más interna, hay un gran salón con ocho computadoras, con las cuales se pretende que las internas aprendan sobre tecnología.
“Hemos conversado con gente del INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) y con gente de la UNA (Universidad Nacional) para que vengan a dar capacitaciones. Queremos darles herramientas para crecer”, apuntó la administradora.
También acomodan un espacio para convertirlo en la oficina en la que los funcionarios de la cárcel Vilma Curling puedan ir a entrevistar y darle el seguimiento a las muchachas.
