Una cantidad no precisada de revólveres y pistolas que fueron inscritas por 11 empresas de seguridad privada en Costa Rica fueron decomisadas a delincuentes en Panamá.
Gustavo Mata Vega, ministro de Seguridad Pública, recibió un informe que detallaba el número de serie de las armas y a que compañías pertenecen. El documento se lo entregó su homólogo panameño, Rodolfo Aguilera, durante una visita del costarricense a territorio canalero.
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El funcionario precisó que al regresar a suelo nacional de inmediato entregó la documentación al Fiscal General de la República, Jorge Chavarría Guzmán, para que realice la investigación sobre cómo fue que llegó ese armamento a suelo panameño.
El ministro alegó desconocer la cantidad exacta de armas pero si dijo: "son bastantes". Asimismo, hizo ver que las firmas de seguridad se encuentran ilegales, pues no se le ha renovado el permiso para que presten servicio.
Este hecho trascendió durante una conferencia de prensa en la cual el ministerio anunció que, luego de un año de revisión, se logró controlar a las empresas que brindan seguridad privada.
Gustavo Mata dijo que inicialmente había 1.500 empresas registradas, pero al depurar las lista se constató que a 868 se les venció la licencia y no la renovaron y que, por tanto, están ilegales. Precisó que actualmente hay 632 firmas que sí pueden prestar labores de vigilancia privada.
El 24 de mayo pasado la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública informó de que habían desaparecido 7.070 armas de fuego inscritas antes del 2013, para ser utilizadas por empresas de seguridad privada.
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"Bueno ahora si sabemos donde están en las calles, en manos de delincuentes o en Panamá. Tengo noticias de que gran cantidad de las armas de fuego que compraron en algún momento las empresas fueron a parar a las argupaciones criminales que están secuestrando y asaltando", dijo Mata.
Incluso, Roberto Méndez Retana, director de Servicios de Seguridad Privada, informó que durante recientes operativos realizados por la Policía de Control de Drogas (PCD) fueron decomisadas armas que pertenecen a empresas de vigilancia privada, las cuales no tenían denuncia por robo. "Lo que podemos presumir es que son facilitadas al crimen organizado", puntualizó.
El funcionario hizo ver que una pistola 9 mm. que tiene un costo de $1.000 es vendida en la zona fronteriza con Panamá entre $3.000 y los $4.000.
Medidas. Paralelamente, el ministro Gustavo Mata informó de que en los próximos días se estará emitiendo una directriz en el sentido de que todas las firmas de seguridad deberán justificar "de forma técnica y razonada" el por qué un oficial debe estar armado para cumplir sus labores.
Lo anterior porque, según argumentó Gustavo Mata, en muchos puestos no se justifica que el vigilante porte el arma, pues esa labor puede ser completada con otros medios electrónicos. Citó que esta medida no es para desproteger sino para evitar robos, pues dijo que durante los últimos cinco años, 30 oficiales de seguridad murieron en asaltos para quitarles el arma, o porque resultaron heridos de forma mortal por una mala manipulación del arma.
El ministro explicó que la aplicación de la medida se hará de forma paulatina cuando la Dirección de Servicios de Seguridad Privada realice la inspección anual a las empresas.
Asimismo, Seguridad Pública informó de que al tener un control de las empresas debidamente inscritas, esto facilitará de que se respeten las jornadas de trabajo de los vigilantes y de que se paguen las cargas sociales.
Cifras de Seguridad detallaron que en el país hay 27.513 oficiales de seguridad inscritos, de los cuales 26.145 tienen permiso para la portación de armas.
