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En Semana Santa, un adulto mayor identificado como Justo Pastor López Camacho murió por la embestida de un toro, durante una corrida clandestina en una finca privada cerca de la frontera norte, en La Cruz de Guanacaste.
Luis Alonso Alan Corea, alcalde del cantón, confirmó a La Nación que el redondel donde ocurrió esa tragedia ya había sido intervenido por la Fuerza Pública semanas antes del percance, pero que no se había clausurado.
El jerarca alega que existen muchas dificultades para detener estos eventos ilegales y que las restricciones por la pandemia han impulsado que personas inescrupulosas lucren a costa de la clandestinidad.
Sin embargo, dice estar comprometido con atender esta problemática para marcar un precedente y sancionar a los responsables de muchas lesiones y fallecimientos que ocurren en estas actividades ilícitas.
A continuación, un extracto de una reciente entrevista que brindó Alan Corea a este diario:
– Cuando una persona muere o queda lesionada por participar en una corrida de toros clandestina, ¿quién responde por la víctima?
– Debe responder el organizador. Cuando usted tramita todos los permisos para hacer estos eventos, uno de los que se exige es la póliza que cubre los accidentes y demás situaciones que se puedan presentar en la actividad.
“Aquí en La Cruz, lamentablemente, hemos tenido algunas emergencias. Hace un par de años, un toro se salió del redondel y golpeó a una niña. En ese momento, el INS dijo que había sido por negligencia de los organizadores, entonces no quiso cubrir el daño que se provocó.
“Evidentemente, hay una responsabilidad de las personas que acuden a estos lugares aún sabiendo que son eventos que no cuentan con los permisos respectivos, pero también hay una gran responsabilidad de la persona que los organiza y el dueño de la propiedad donde se hacen”.
– Pero entonces, ¿hay que ubicar a esos organizadores y sentar responsabilidades?
– Efectivamente. Yo creo que las autoridades tendremos que hacer un trabajo interinstitucional para generar un precedente en estos casos y abrir una investigación para determinar la responsabilidad.
“De hecho, en el caso del redondel en La Cruz, el pasado 6 de marzo la Fuerza Pública había intervenido otra monta ilegal que se estaba realizando ahí. Los policías generaron un informe sobre la situación, entonces el organizador ya estaba consciente de lo que estaba haciendo”.
– O sea que las autoridades ya conocían al hombre que luego organizó la corrida clandestina en donde falleció el señor Justo Pastor López Camacho el 2 de abril. Es decir, en esa intervención que realizó la Fuerza Pública el 6 de marzo no multaron al organizador, ni lo detuvieron, ni nada...
– No. El Ministerio de Salud y nosotros como Municipalidad estamos en un proceso de realizar la investigación correspondiente.
“Esta zona donde se hizo la corrida (Los Ángeles de Caoba) es transfronteriza, está muy cerca de Nicaragua, incluso casi que podría asegurarle que está ubicada en dos kilómetros de un refugio de vida silvestre, que por tanto son terrenos bajo responsabilidad del Estado, pero que en toda la zona norte están ocupados por vecinos.
“Entonces, la finca tiene esa particularidad, que no hay un propietario registral por estar ubicada en esos dos kilómetros de refugio”.
– ¿Y qué esfuerzo está realizando la Municipalidad para atender esta situación?
– Esto ha sido una lucha permanente. En las comunidades se valen de que las autoridades no pueden ingresar a los redondeles porque son propiedades privadas, que requieren una orden de allanamiento para poder intervenirlas.
“La mayoría de esos lugares, por lo menos acá en La Cruz, son sitios donde no hay cobertura telefónica, por lo tanto, si algún vecino ve algún evento irregular, difícilmente va a poder denunciarlo ante alguna autoridad.
“También es complicado el acceso. El lugar donde se hizo esa corrida está a dos horas del centro de La Cruz. Y así hay más, terrenos que están distanciados varios kilómetros de las calles y que no se pueden observar a simple vista. Son situaciones que nos ponen muy vulnerables y los organizadores se aprovechan de eso”.
– También hay complicidad de los vecinos que asisten a estos eventos y evitan dar aviso a las autoridades...
– Sí y pasa porque la gran mayoría de vecinos disfrutan de estas actividades, de ahí la importancia de que las instituciones tomen este hecho tan lamentable (la muerte de don Justo) para generar un precedente, porque sino dentro de tres meses puede que vuelva a suceder algo similar.
– Pero también ya existen antecedentes que los pueden ayudar a ustedes a actuar. Estos eventos no son nuevos.
– Sí, también. En Costa Rica hay grupos organizados que cuentan con pólizas y que han estado realizando eventos clandestinos durante todo el último año. Incluso hay eventos que se transmiten por redes sociales, pero no podemos saber en qué lugar del país son. Puede ser en Puntarenas, Guanacaste, etc.
– ¿Y la cantidad de estos eventos clandestinos ha ido en aumento a pesar de la pandemia?
– Eso parece. Es importante que se haga un análisis sobre lo que se está generando en el país al limitar algunas actividades. Uno es consciente que es necesario hacerlo por el tema sanitario, pero hay que ver qué estamos generando por el otro lado.
“Eso lo decíamos aquí con Peñas Blancas, es un ejemplo muy similar. La frontera se cerró por un año, pero es mentira que la gente dejó de salir y entrar a Nicaragua, lo que pasó fue que se fortalecieron los puntos ciegos por donde la gente comúnmente pasaba.
“Igual sucede con este tema de las montas, al haber estado por tanto tiempo prohibidas, hay gente que se está aprovechando de eso para hacer negocio por medio de la clandestinidad. Y es un negocio muy rentable porque no pagan permisos ni patentes, pero igual cobran entradas y venden comida, alcohol y demás”.
