Katherine Chaves R.. 24 junio
Actualmente hay 94 personas recluidas en ese centro. Fotografía: Marcela Bertozzi/Archivo
Actualmente hay 94 personas recluidas en ese centro. Fotografía: Marcela Bertozzi/Archivo

Es el mediodía de un jueves, Miriam, de 16 años, deja de lado sus tareas habituales para recibir a su mamá, a quien ha estado esperando durante las últimas dos semanas.

Desde hace poco más de un año, Miriam está recluida en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en Heredia, y, desde entonces, su madre viaja cada cierto tiempo desde San Ramón, Alajuela, para poder estar con su hija.

Ese jueves, comparten un almuerzo y hablan de sus alegrías y preocupaciones. Luego, la señora se marcha centro y Miriam —nombre ficticio utilizado para este reportaje—, vuelve a su celda, en la que deberá estar por unos siete años más.

Aunque sabe que aún falta mucho recorrido para obtener su libertad, ella sabe que es afortunada, pues muchos de sus compañeros deben afrontar solos el encierro.

Según el Ministerio de Justicia y Paz, 25 jóvenes no reciben visitas ni de familiares ni de amigos desde que cayeron a ese centro, el cual es el único en el país, para menores entre los 12 y 18 años. También tiene espacio dedicado a adultos jóvenes, que tienen edades entre los 18 y 21 años.

Esa cifra representa el 26% de la población total de esa cárcel juvenil, que a mayo, era de 94 personas.

Según Kattia Góngora, directora de la prisión, es preocupante esa cifra de 25 jóvenes sin visitas, ya que en su criterio, eso tiene un impacto negativo en la parte emocional.

"El vínculo con su familia siempre les hará bien y, si no lo tienen, lo extrañarán. Saber que cuentan con alguien que los apoya es importante.

"Tener adolescentes encerrados ya es una tragedia. Poner límites cuesta, tenerlos encerrados todo el día es terrible y, si a eso se añade la falta de familia, quedan muy afectados", dijo.

Más allá de eso, también esto afecta en su reinserción a la sociedad, puesto que, al no contar con recursos familiares, no pueden optar por una sanción alternativa, sobre todo los jóvenes de entre los 18 y 21 años.

“Esta lejanía de sus parientes les provoca no tener un estímulo para superar esta etapa. Algunos se esfuerzan por salir adelante, otros se cansan y se meten más de lleno en ese círculo vicioso de la delincuencia”, acotó la directora.

Se intentó conocer un criterio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre el impacto que esto tiene en los menores, pero declinó a dar entrevistas al alegar que es un tema que compete únicamente a Justicia.

También se le pidió una posición al Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, pero al cierre de edición, no había respondido las consultas enviadas al departamento de prensa del Poder Judicial.

Miriam, nombre ficticio utilizado para este reportaje, es visitada por su mamá cada 15 o 22 días. Foto: Rafael Pacheco
Miriam, nombre ficticio utilizado para este reportaje, es visitada por su mamá cada 15 o 22 días. Foto: Rafael Pacheco
¿Qué lo provoca?

Las razones por las cuales las familias se alejan de los menores encerrados son muy variadas, pero, para Góngora, una de las principales es la distancia, debido a que hay jóvenes de todo el país.

“Aquí recibimos muchachos que vienen tanto de una frontera, como de la otra. Gente que vivía en San José o en Limón o en Puntarenas. Esto es un desarraigo total”, apuntó.

Esa lejanía se mezcla con la pobreza extrema en la que, generalmente, viven las familias, lo que imposibilita las visitas.

“Acá hay un caso de un muchacho que viene de una zona indígena de Talamanca. La mamá no conoce San José y no tiene tampoco ni ¢30.000 para venir acá y visitar a su hijo. En estos casos nos hacemos valer de algunos voluntarios que tenemos para que ayuden en estos casos, son como padrinos.

”Pero no podemos hacerlo siempre, porque depende de la buena voluntad de terceros. Justicia jamás puede asumir esos gastos”, mencionó la directora.

En otros casos, el tema del dinero no es impedimento y se trata, más bien, de que la familia se desentendió del menor desde hace años atrás, agregó Góngora.

“Las mamás o papás están cansados porque los chicos comenzaron a consumir desde muy pequeños y, pese a que ellos los llevaban a internar, ellos se salían. Los chicos llegan a un nivel de deterioro grande y se meten a robar a sus propias casas, entonces la familia no quiere saber nada de él”, explicó.

Otras de las razones es que los jóvenes fueron declarados en abandono porque sus parientes murieron y se metieron a una vida delincuencial.

“A este tipo de muchachos los adopta una pandilla y se convierten en su familia. Los enseñan a asaltar, cuando menos, y al caer a prisión, se desentienden”, puntualizó.

Ella insistió en que Justicia está atada de manos y no puede ni tiene mayor cosa que hacer en este tema.

"Se han gestado algunas iniciativas desde el despacho de la pasada administración que trataba de que terceros visitaran a los menores, pero ya se terminó ese plan piloto", indicó, al tiempo en el que mencionó que solo se pueden hacer valer del aporte de voluntarios.

Justicia: Jueces descartan cambio de medida a jóvenes por falta de apoyo externo

El abandono familiar no solo perjudica a los ahí recluidos en el aspecto emocional, también los afecta si ellos quisieran pedir a un juez un cambio de medida, sobre todo a los jóvenes entre los 18 y 21 años.

Kattia Góngora, directora del centro, criticó que como requisito, los juzgadores siempre les pidan tener un recurso familiar. "Deberíamos olvidarnos de ese sentido matriarcal, donde los muchachos deban salir a recibir el apoyo de su mamá, papá y hermanos.

"En el caso de los menores, siempre tenemos el apoyo del Patronato Nacional de la Infancia, el cual nos recibe a los menores que no tienen familia y que tienen la oportunidad de salir antes de prisión. Pero ese apoyo no lo tenemos para los mayores de edad y nos parece terrible que no puedan acceder a eso si son personas adultas".

En ese sentido, Góngora indicó que, a su criterio, lo que debería valorar el juez es que sea un joven que haya recibido los instrumentos necesarios para que pueda vivir solo, sin la necesidad de volver a delinquir.

"Ha costado que los jueces comprendan eso y lo que provoca es que ellos queden en una total desventaja: sin visita, sin familia y sin derecho a optar por otras medidas", lamentó.

Se intentó obtener criterio del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, pero no se obtuvo respuesta al cierre de edición.

Colaboró: la periodista Eillyn Jiménez B.