La mañana del jueves trascendió la detención de Robert Méndez Esquivel, sacerdote católico costarricense arrestado por la Policía de Nampa, en el estado de Idaho, Estados Unidos, bajo cargos de abuso sexual contra un menor de edad, en apariencia de entre 16 y 17 años.
Méndez, de 45 años, adscrito a la parroquia de San Pablo, en Idaho, ejercía ahí como sacerdote desde febrero de 2022. El sitio web de la diócesis de Boise muestra que Esquivel participaba en ministerios llamados “Valor” y “Ánimo”, que se describen como apoyo a personas con atracción hacia el mismo sexo, que desean vivir de acuerdo con la doctrina católica sobre la sexualidad y la homosexualidad.
Antes de llegar a esa comunidad, se desempeñó como vicario en distintas parroquias de la diócesis de Puntarenas, donde sirvió desde diciembre de 2019.
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Según explicó Daniel Torres, vocero de la diócesis de Puntarenas, esa sede nunca recibió denuncias en contra de Méndez, ni reportes de comportamientos inapropiados. Torres señaló que su traslado respondió al interés del sacerdote de servir en otros países, como ya lo había hecho antes.
Méndez trabajó durante 13 años en la India, como sacerdote misionero.
Aunque el proceso judicial que enfrenta está en manos de las autoridades estadounidenses y de la diócesis de Boise, su futuro ministerial también depende de lo que determine la Santa Sede.
Si es absuelto en ambas instancias, podría solicitar su retorno a Costa Rica, pero el trámite de traslado de diócesis tardaría al menos tres años, según explicó Torres. Por otro lado, si se comprueban los hechos y recibe una condena, podría perder el estado clerical y eso le impediría ejercer como sacerdote en cualquier país del mundo, incluso tras cumplir sentencia.
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Proceso canónico
De acuerdo con el vocero de la Diócesis de Puntarenas, el protocolo de la Iglesia católica frente a denuncias de abuso sexual contra menores inicia en la diócesis a la que pertenece la persona señalada.
En esa sede se abre una investigación preliminar a cargo de un tribunal eclesiástico, que recibe testimonios de ambas partes y analiza las pruebas, en un procedimiento similar al de un juicio penal.
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Si ese tribunal determina que hay fundamentos, el caso se eleva al Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), en la Santa Sede, organismo encargado de velar por la integridad de la doctrina y la moral dentro de la Iglesia.
En Roma inicia una investigación para comprobar los hechos y definir sanciones. Entre las medidas posibles figuran restricciones de movilidad, prohibición de contacto con menores e, incluso, la sanción más severa, que contempla la pérdida del estado clerical, que impide al sacerdote ejercer.