
El niño Leandro Mangas, de 5 años, cayó el viernes 26 de setiembre a una alcantarilla en Purral de Goicoechea mientras regresaba a casa con su mamá y otros menores de la familia. Esa tarde llovía copiosamente, por lo que Leandro fue arrastrado por la corriente hacia el sistema de alcantarillado y desde entonces permanece desaparecido.
El operativo de búsqueda, que movilizó a casi 200 rescatistas, se suspendió este jueves, tras días de rastreos en el cauce del río Torres, en represas hidroeléctricas y en la desembocadura del Tárcoles.
Una vida no se repone con dinero, pero ¿quién se hará responsable por una muerte que pudo prevenirse si la alcantarilla hubiese tenido una rejilla?
Fernando Chavarría, alcalde de Goicoechea, aseguró que el menor no cayó en una alcantarilla sino en una cuneta ubicada en ruta nacional, cuyo mantenimiento corresponde al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Él no cayó a una alcantarilla, él cae a una cuneta grande, entonces no es que hacía falta una tapa de alcantarilla”, adujo Chavarría.
El alcalde añadió que enviaron un oficio al Conavi solicitando autorización para intervenir la estructura, pero hasta el miércoles no habían recibido respuesta. “Estaremos esperando antes del mediodía para que nos den el aval y poner algo pequeño, tipo de malla ciclón”, detalló.
Chavarría explicó que no pueden actuar sin autorización del Conavi porque “sería imponer recursos de la municipalidad en una institución que no es competente” y agregó: “Estamos esperando para poder intervenir y en la tarde (del miércoles) estaremos poniendo una solución en ese lugar en específico”.
En realidad la obra se ejecutó dos días después. Este viernes al mediodía, la municipalidad colocó varillas soldadas de hierro negro en los tragantes de la zona para evitar otra tragedia semejante.

El jerarca municipal reconoció que tras el incidente han recibido un centenar de reportes similares. “Tengo más de 100 correos donde las comunidades están denunciando que hace falta la alcantarilla, la tapa o que el cunetón es muy grande, pero no tengo el recurso humano para poder atenderlo”, afirmó.
En un audio enviado por la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Sojo, director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), brindó detalles sobre las especificaciones técnicas y la forma en que deben ser construidas las alcantarillas según su función.
Agregó que la entidad sufre múltiples robos de tapas de alcantarillas, que deben reponerse constantemente. Sin embargo, no se refirió a si el espacio por donde cayó Leandro era responsabilidad del Conavi. Tampoco respondió a consultas específicas enviadas por correo electrónico a la cuenta de comunicaciones del Consejo desde el miércoles anterior.
Responsabilidad compartida
El abogado penalista Rodrigo Araya considera que existe una responsabilidad compartida entre el municipio y la entidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). “Las instituciones involucradas se van a tirar la pelota, cada una. La municipalidad va a decir que es responsabilidad del Conavi y viceversa, en realidad me parece que es una responsabilidad compartida”, señaló.
Araya recomendó demandar al Estado en nombre de ambas instituciones mediante un proceso contencioso administrativo, “para evitar que se tiren la pelota y que un tribunal haga verdadera justicia”.
Criterio distinto expresó el abogado del bufete Alta Batalla y exjuez contencioso David Fallas Redondo, quien explicó que no puede hablarse anticipadamente de un responsable. “Para sentar la responsabilidad penal, administrativa o civil por una muerte, tiene que acreditarse el nexo de causalidad entre la conducta de persona física o la respectiva administración pública y el resultado muerte, así como la ausencia de eximentes de responsabilidad”, explicó.
Fallas aclaró que corresponde al Estado central velar por las buenas condiciones de las alcantarillas en las rutas nacionales, por lo que habría que valorar si eventualmente existiría alguna responsabilidad del MOPT mediante sus dependencias, Conavi o Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
El experto agregó que atañe a las municipalidades garantizar por el buen estado de las alcantarillas en rutas cantonales, de manera que se debe verificar si la estructura está sobre ruta nacional o cantonal.
Respecto a la vía legal, el exjuez descartó el camino penal y señaló que la vía factible para la familia es un proceso contencioso administrativo, ya sea contra el Estado o contra la municipalidad, dependiendo de la ubicación de la alcantarilla.

Otro caso
En el pasado, se han registrado sentencias en las que las autoridades deben responder por daños a la propiedad privada o por lesiones, cuando la infraestructura pública es defectuosa o está en mal estado.
En diciembre pasado La Nación publicó que un hombre logró una sentencia judicial que ordenó a la Municipalidad de Santa Bárbara, en Heredia, a pagarle una indemnización por un accidente ocurrido debido a una tapa de alcantarilla defectuosa.
El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó al ayuntamiento a compensar al ciudadano los daños sufridos cuando, al caminar por la acera, el pie izquierdo se le introdujo en una rejilla mal hecha. El vecino cayó y, como resultado, sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda y la fractura de un dedo en la mano derecha.
El gobierno local deberá indemnizar una discapacidad permanente del 5%, monto que debe calcularse en la fase de ejecución de la sentencia, además de ¢3 millones por daño moral subjetivo y las costas legales.
Los jueces determinaron que la Municipalidad tenía la obligación de velar por el mantenimiento de la infraestructura pública, y que la parrilla en cuestión incumplía con las normas básicas de seguridad.
